Carlos Rivera sobre defensa del Estado peruano ante la Corte IDH: "Desastrosa y parecía que había tres Estados"

La defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre la Ley de Amnistía, el 21 de agosto, ha sido gravemente criticada. "Fue desastrosa", afirma el abogado Carlos Rivera, representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. En entrevista, advierte que el gobierno de Dina Boluarte ha debilitado la estrategia jurídica frente al tribunal internacional al apartar a la Procuraduría Supranacional para privilegiar un discurso político antes que los estándares de justicia internacional, lo que pone al Perú en un escenario de desacato y abre, paradójicamente, una oportunidad para las víctimas.

¿Cómo evalúa la respuesta de los abogados del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Fue desastrosa. Creo que ha sido una respuesta no solo mala, sino desordenada, con mucho desconocimiento del derecho internacional. Una respuesta que ha dado como argumento hechos políticos peruanos cuando se ha discutido algo de carácter internacional. Una respuesta sin ningún tipo de contenido jurídico dentro del derecho interamericano.

Una respuesta, diría también que, desconcertante. En algún momento, a los que estuvimos escuchando a los agentes del Estado nos parecía que había tres Estados diferentes. Cada uno planteaba una línea de defensa distinta al otro. Me parece que el Estado no ha sabido dimensionar el nivel de respuesta que tenía que dar frente a un tribunal internacional sobre un asunto muy concreto.

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La audiencia fue convocada para que el Estado dé una razón jurídica dentro del derecho internacional de por qué había emitido la Ley de Amnistía y qué tanto impacto podría tener esa ley en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Desde ese punto de vista, creo que la respuesta del Estado ha sido cero.

Cabe mencionar que nadie ha explicado por qué razón el Estado, de repente, ha sacado a la Procuraduría Pública Supranacional de esos casos.

¿Cómo tendría que haber participado la Procuraduría Supranacional?  

Antes del gobierno de García, del segundo gobierno, el Estado se defendía contratando abogados. Designaba a X abogado y lo designaba como agente y ese abogado se encargaba de ser la defensa del Estado. En ese gobierno, se crea la Procuraduría Supranacional. Es decir, un grupo de abogados cuya función es la defensa del Estado en litigios Internacionales. O sea, hay un equipo de abogados que tiene como encargo litigar en defensa del Estado en los casos ante el Sistema Interamericano.

De repente, desde el indulto a Fujimori, el gobierno de Boluarte decidió sacar a la Procuraduría y dar el caso a esos dos abogados de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. A buena hora si fuesen especialistas en derecho internacional, pero parecieron no tener ningún conocimiento en derecho internacional.

Me parece que le va a costar caro al Estado porque los jueces de la Corte saben perfectamente lo que tienen delante suyo. La corte puede decir que no se ha recibido ningún argumento en derecho internacional que sea útil para rebatir lo que los peticionarios y la propia Comisión Interamericana están planteando: que aquí hay una grave afectación a los derechos de las víctimas y un grave incumplimiento a los estándares de derecho internacional. El Estado peruano se mantiene en una posición de desacato.

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¿Se podría decir que ahora el panorama es beneficioso para las víctimas?

Digamos que sí porque, en realidad, aún no se sabe cuándo la Corte emitirá su resolución, pero probablemente ocurra mucho más rápido porque va a encontrar que no hay nada que evaluar desde la posición del Estado. Y sí es cierto que la Corte tiene un reto de cómo hacer para que el Estado peruano modifique esta posición tan renuente, tan rebelde y de desacato que está teniendo.

Sin duda alguna, no es bueno que un tribunal de la encomienda de la Corte esté emitiendo sentencias y el Estado esté haciendo todo lo posible para no cumplir esa sentencia. Eso me parece que plantea un punto crítico en la relación de Perú con el sistema interamericano.

El otro tema es cuál es el mandato de la Corte respecto a la Ley de Amnistía. Recordemos que, semanas atrás, la presidenta de la Corte había determinado que no se promulgue la ley. La ley fue promulgada. Después, dijo que ninguna instancia del Estado debe aplicar la ley. Ese es un mandato hacia los jueces que ahora se van a convertir como último elemento de contención frente a la embestida de este tipo de normas de impunidad. Me parece que este último mandato va a estar dirigido hacia este ámbito del Estado.

Seguro habrá un tercer elemento que es volver a reiterarle al Estado que aquí no se está discutiendo un tema de soberanía, sino que Perú está ratificado en la Convención Americana y, por lo tanto, está sometido a las decisiones de la Corte.

¿Qué garantiza que ahora el Estado obedezca lo que determine la Corte IDH?

Ese es un tema crítico que probablemente no se modifique. La posición que la presidenta Boluarte ha hecho pública en el momento de la promulgación de la ley, en los días anteriores y siguientes, es decir que la Corte supuestamente nos quiere colonizar. Es un discurso que Boluarte ha asumido. Se origina en el fujimorismo, en Renovación Popular, en la coalición que controla el Congreso de La República y la presidenta ha decidido asumirlo como una garantía de que no la van a sacar del poder. Por lo tanto, dudo que eso se modifique, eso sí es un problema.

Por eso, pienso que la Corte va a desarrollar los elementos para que otras instancias del Estado, probablemente el Ministerio Público o el Poder Judicial, sean las encargadas de responder ante situaciones concretas cuando se busque la aplicación de la ley.

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Y ahora con el fallo del TC sobre no investigar a Boluarte…

Me parece que, en los últimos días, lo que hemos visto es la consolidación de esta alianza. Dina Boluarte ha hecho todo esto como una manera de decir que se compromete a firmar lo que sea. Creo que esa es su garantía para quedarse hasta el 28 de julio del próximo año, por si había alguna duda. Parece que la presidenta se ha encargado de garantizar que promulgará todo sin ningún tipo de cuestionamiento.

No solo en términos de leyes de impunidad, en términos de favorecer el derroche fiscal que se está dando. Ella obtiene ciertas preventas personales, el aumento de sueldo, ciertas preventas políticas como las que el TC hace. Es un proceso de negociación. Pero, en esa materia ella solo firma las leyes. Esto está terminando por configurar un escenario muy perjudicial para las víctimas y ella se encarga de repetir el rollo de que ‘la Corte Interamericana no nos puede colonizar’.

¿Cuál es su apreciación acerca de la defensa de los familiares de las víctimas en la que participaste?

A nosotros nos interesó dar cuenta de que Perú había ingresado a una situación de gravísimo incumplimiento de las disposiciones de la propia Corte Interamericana. Por eso, comenzamos recordando que la Corte había emitido una sentencia en el caso Barrios Altos en 2001, otra sentencia en el caso de La Cantuta en el año 2006 y que esa sentencia, sobre todo la de Barrios Altos, tiene un valor histórico no solamente para Perú, sino a nivel internacional. Es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia declarando la incompatibilidad de las leyes de amnistía con el derecho internacional.

Es decir, es una sentencia de carácter histórico para el sistema interamericano. Eso hace mucho más grave la presentación del Estado. El valor histórico que tiene Barrios Altos para la Corte Interamericana es supremo. Por eso, lo remarcamos. Luego, nos interesó dar cuenta de cuál era el ámbito amplísimo de la aplicación de la ley. Después, señalamos cuáles eran las obligaciones que estamos reclamando y que el Estado debe cumplir

Por eso, obviamente, también nos interesaba llevar a dos de las víctimas para que hagan uso de su palabra y señalen que están peleando hace más de tres décadas y que esta ley simplemente pone cuesta arriba ese esfuerzo. Pero, además significa que todo lo que han hecho prácticamente puede valer nada.

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Parece obvio, pero ¿podría explicar por qué es necesaria la reparación que se busca desde hace más de tres décadas?

Primero, lo que se está pidiendo es que se deje en libertad al sistema de justicia. Investigar, juzgar y sancionar es el mandato dela Corte Interamericana. Entendemos que este tipo de problemas graves, de crímenes contra la humanidad, no se solucionan, como dijo Cáceres: ‘momento de cerrar heridas’. Como si con una palmadita en la espalda se pudieran solucionar problemas tan complejos. Es importante que un proceso de reparación deje intervenir al sistema de justicia.

Solo las decisiones judiciales son las que reparan más eficazmente porque ayudan a acceder a justicia a las víctimas, ayudan a conocer la verdad, a determinar responsabilidades de parte del Estado y de parte de las personas que han cometido los crímenes. Todo es un proceso muy complejo, pero solamente puede ser resultado de la acción de la justicia, no de una decisión de Boluarte. En casos tan complejos como los que estamos tratando, la acción de la justicia no puede ser un asunto que ocurre de la noche a la mañana. Eso no es posible. Me parece que es una actitud nuevamente violenta por parte del Estado.