Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Necesario retorno. Entre 2014 y 2024, la institución policial les asignó camionetas y automóviles para que cumplan sus funciones. Sin embargo, luego de jubilarse, se han quedado con los coches olvidando que son bienes del Estado. En plena ola criminal, esas unidades móviles deberían participar en las operaciones policiales.

Los 100 vehículos retenidos por los oficiales pueden servir de mucho en las operaciones policiales contra la criminalidad que azota el país. Foto: difusión
Los 100 vehículos retenidos por los oficiales pueden servir de mucho en las operaciones policiales contra la criminalidad que azota el país. Foto: difusión | PNP | Policía Nacional del Perú

Un centenar de oficiales de alta graduación de la Policía Nacional, a quienes la institución les asignó un vehículo mientras cumplían funciones entre los años 2014 y 2024, se resisten a proceder con la devolución de las unidades móviles de propiedad estatal, pese a que varios de los efectivos han pasado a la situación de retiro hace años.

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Entre los que se han quedado indebidamente con las camionetas y automóviles se cuentan 2 tenientes generales, 22 generales y 76 coroneles, de acuerdo con fuentes de la Policía Nacional consultadas por La República.

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Un informe del director del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú (OCI-PNP), Carlos Panizo Olivos, reportó que son 119 generales y coroneles en retiro los que no cumplen con la entrega de los coches, según las actas de la Sección de Control Vehicular Policial del Departamento de Administración del Parque Automotor de la División de Logística de la PNP.

Las fuentes consultadas manifestaron que los infractores recibieron reiteradas cartas notariales para que cumplan con retornar con las máquinas que se les adjudicó para que les sirva de apoyo en sus actividades policiales.

Sin embargo, fuentes de la Dirección de Logística de la Policía Nacional confirmaron a La República que luego de haber sido identificados los 119 oficiales generales y coroneles (ver lista completa) que continuaban aferrados a los coches de uso policial, solo 19 cumplieron con retornarlos a la institución como corresponde. El 84% se niega a la devolución de los bienes del Estado.

Entre los 119 casos, se ha reportado que 35 son oficiales que han fallecido, la mayoría del grado de coronel. Pero sus familiares se han apropiado de las unidades móviles pasando por alto que están obligados a reintegrar a la Policía Nacional. No se trata de una herencia.

PNP | Policía Nacional del Perú

Infractores. Los generales PNP ( r) Fernando Gamero Febres , Jose Jorge Zarate y Juan Gonzales Sandoval figuran en la lista de los oficiales que aún no han retornado los carros policiales. Foto: difusión

No se dan por notificados

En un informe elaborado por el jefe de la Sección de Control Vehicular, del Departamento de Administración del Parque Automotor, de la División de Logística de la Policía Nacional, mayor PNP Jorge Chuman Piscoya, señala que un importante número de oficiales que pasaron al retiro solicitaron comprar los coches por los montos y plazos previstos. Pero nunca cumplieron.

Tampoco se acogieron a la figura de la transferencia vehicular, una opción que también les ofrece la institución policial. Ni siquiera responden a las comunicaciones oficiales de la PNP.

De acuerdo con las normas y procedimientos para la asignación, reasignación y uso de los vehículos del parque automotor de la Policía Nacional, las camionetas y automóviles de seguridad deben ser devueltos a la Dirección de Logística de la PNP, en buenas condiciones de funcionamiento y conservación, en un plazo de 7 días calendarios desde el momento del pase al retiro de los oficiales generales y coroneles.

La Policía Nacional destina importantes recursos públicos para la adquisición de vehículos. Como reveló una investigación de La República, en 2025 el Alto Mando autorizó el desembolso de S/17,3 millones para la adquisición de 8 vehículos de alta gama Audi, 40 camionetas Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla para los tenientes generales, generales y coroneles en actividad.

La norma establece que los oficiales que fueron dados de baja, tienen la posibilidad de solicitar al día siguiente de su pase al retiro, la compra del vehículo en un plazo de 30 días calendarios para los trámites de transferencia de propiedad a nombre del usuario. Para dicha finalidad deben presentar un certificado de Gravamen Vehicular Policial y de Infracciones de Tránsito y Transporte, acreditando no contar con deudas pendientes.

No obstante, pese al tiempo transcurrido y a las recomendaciones de la Contraloría General, la Dirección de Administración de la Policía Nacional -que tiene a cargo la División de Logística y la Sección de Control Vehicular de la PNP- no han conseguido recuperar los vehículos el Estado que fueron entregados en la última década (2014- 2024). Y lo que es peor, tampoco se ha puesto en conocimiento de estos hechos a la Procuraduría Pública Ministerio del Interior para las respectivas denuncias penales.

Procede la denuncia penal

Fuentes de la Procuraduría del sector Interior confirmaron a este diario que el informe del caso de los vehículos en posesión de oficiales generales y coroneles en retiro, no fue tramitado por la Policía Nacional para ejecutar las recomendaciones de la Contraloría General.

“Una vez que se agota el trámite administrativo en la Policía Nacional, los informes ingresan a la Procuraduría Pública para establecer cuál es el flujo y los canales que corresponde a seguir para ejecutar la acción judicial caso por caso. El objetivo es la recuperación de los vehículos o el pago del bien en caso se hubiera perdido”, informaron las fuentes a La República.

Explicaron que hasta el momento cuentan con 50 casos similares que están en proceso y algunos en etapa de conciliación extrajudicial.

Un sistema obsoleto

Por otro lado, el órgano supervisor detectó que la Sección de Control de Vehículos de la División de Logística de la PNP, administra la data de los vehículos mediante un archivo en formato Excel, elaborado por los propios operadores de dicha área. Pese a su importancia, no cuenta con un sistema informático para la supervisión de las unidades asignadas a los oficiales generales y coroneles en situación de actividad. Por lo tanto, difícilmente los responsables pueden verificar la devolución, venta o transferencias de los coches una vez que los efectivos se jubilan del servicio.

“Nosotros no contamos con un programa que permita almacenar o procesar la información. Trabajamos en desventaja sin ningún respaldo de protección de datos, teniendo en cuenta la enorme cantidad de vehículos que maneja la Policía Nacional”, indicaron las fuentes.

Entre quienes no retornan las unidades móviles que son bienes del Estado, se encuentra el general (r) Fernando Gamero Febres, implicado en el caso “Vladipolos”, un plan de Vladimiro Montesinos para usar fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a favor de la campaña por la reelección de Alberto Fujimori (1999).

También se cuenta a los tenientes generales Víctor Lavado Reyes y Juan Romero Sánchez, los generales Fernando Vargas Vargas, José Sakuma Miyashiro, Juan Suárez Flores, Erwin Reátegui Frank, José Jorge Zárate -figura del escándalo “Villacoca”-, Walter Rivera Alva, René Jaime Llamosas y Gerardo Ríos Altamirano.

Se suman los generales José Garavito Berrios, David Haddad Carballo, Marcelo Nakamura Sakamoto, Mauro Pozo Cárdenas, Romel Guillén Haro, Ramón Caballero Herrera, Juan Gonzales Sandoval -exjefe antiterrorista conocido como “El chacal”-, Damián Salas Reinoso y Alejandro Quispe Reyes. Todos han sido notificados.

De 119, solo el 15% cumplió con devolver

  • En julio de 2024, el jefe del Órgano de Control , Carlos Panizo, solicitó al entonces comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, aplique las medidas necesarias para recuperar los vehículos.
  • Fuentes de la Dirección de Logística de la PNP, indicaron que en noviembre del 2023 la institución le dió un plazo de 72 horas a los 119 oficiales para que devuelvan los carros y solo el 15% de ese total cumplió con obligación, a diciembre de 2025.
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