Abogados del Estado evidencian desconocimiento y falta de argumentos para defender Ley de Amnistía ante la Corte IDH

Familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca y también de los heridos y fallecidos durante las manifestaciones entre 2022 y 2023, junto a ciudadanos de a pie, artistas, estudiantes y organizaciones civiles se reunieron frente al Palacio de Justicia el jueves 21 de agosto. Fueron alrededor de 400 personas que exigieron no más impunidad. El plantón fue convocado porque ese día se llevó a cabo la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Ley Amnistía que promulgó Dina Boluarte el 13 de agosto.

La audiencia tuvo el fin de evaluar una solicitud de provisionales por los casos Barrios Altos y La Cantuta para proteger el derecho a la justicia ante la amenaza de amnistía para los responsables de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Buscó asegurar que se garantice el cumplimiento de sentencias internacionales ya emitidas. La defensa legal del gobierno de Dina Boluarte, conformada por Jorge Luis Cáceres Arce, César Pastor Briceño, Ángel Delgado Silva y Daniel Peña Tavera, ha sido juzgada de ‘lamentable’ por organizaciones, especialistas y la opinión pública. Critican la falta de argumentos sólidos.

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“Creo que ha sido una respuesta no solo mala, sino desordenada, con mucho desconocimiento del derecho internacional. Una respuesta que ha dado como argumento hechos políticos peruanos cuando se ha discutido algo de carácter internacional”, comenta el abogado Carlos Rivera, quien asistió como uno de los defensores de las víctimas, acerca de la participación de la defensa legal del Estado.

En diálogo con La República, Rivera también observó la ausencia de la Procuraduría Supranacional cuando según la constitución es la entidad pública encargada de ejercer la defensa del Estado en instancias internacionales. “Da la impresión de que querían tener el control de lo que se diga en las audiencias. Abogados de la Procuraduría no habrían podido decir todo aquello porque ellos saben que lo que está haciendo la Corte IDH tiene un sustento perfectamente normativo”, asevera.

“El Perú debe demostrar gratitud"

Pese a que la Ley de Amnistía fue promulgada por Boluarte bajo desobediencia de lo que previamente había ordenado la Corte IDH, César Pastor Briceño inició su intervención señalando que el Perú es “respetuoso de sus compromisos internacionales”. “El Perú también debe demostrar gratitud con los héroes de la pacificación nacional. No es ningún secreto y ha sido ampliamente conocido que, el Perú a finales del siglo XX, triunfó en la guerra contra las fuerzas terroristas tras diez años de lucha”, dijo.

El letrado resaltó que los militares y policías “vienen demostrando su compromiso democrático, incluso al frustrar el golpe de Estado que se intentó perpetrar en diciembre del 2022”. A tal afirmación no le siguió ninguna evidencia. “Es por eso, honorables magistrados, que no podemos admitir la narrativa y el pensamiento único que se quiere imponer y que supone el escrutinio eterno de los miembros de las fuerzas armadas, de los policías, de los miembros de los comités de autodefensa”, dijo.

Pastor Briceño sostuvo que muchos militares y policías han estado bajo prisión preventiva sin recibir una sentencia condenatoria o absolutoria, lo cual considera una violación al derecho a un juicio “en un plazo razonable”. Además, rechazó el término ‘negacionista’ aplicado al Estado.

“Nos genera cierta molestia que se use el término ‘negacionista’ para juzgar al Estado peruano. El término ‘negacionista’ que se asocia a la resistencia del Estado peruano a llamar conflicto interno a la lucha contra el terrorismo”, expresó.

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Cuestionan rol de la Corte IDH

Por su lado, Ángel Delgado dedicó su intervención a cuestionar a la Corte IDH en vez de seguir la premisa indicada. “Lo que estamos aquí poniendo en cuestión y con todo respeto, y siguiendo la pauta de lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, es la competencia de esta Corte en un procedimiento, el de suspensión, el de la supervisión de la ejecución de sentencias que no está establecido en la convención”, dijo.

“Cuando los representantes de mi país, en su oportunidad, concurrieron a la firma de este documento, no existía en todo el texto de la Convención Americana, que es la norma matriz básica, disposiciones sobre supervisión de las sentencias. Y más aún, esto que es una acreción de reglamento, y los reglamentos como sabemos están por debajo de las leyes, en este caso de la ley americana que es la Convención de Derechos Humanos, en su art. 69, cuando describe, no establece en ninguna de sus partes que existan medidas de urgencia o medidas provisionales”, se explicó.

“Ese ánimo de ir, como decimos en Perú, a ‘escuelear’ a los jueces es fatal. No solamente porque es la Corte Interamericana, sino porque además un abogado no puede hacer eso frente a ningún juez o tribunal. No es sensato”, observa Rivera al respecto.

Cabe mencionar que Delgado, actual jefe de la Oficina Legal y constitucional del Congreso de la República del Perú, es conocido por vincularse con sectores conservadores y de la ultraderecha. En 2023, participó en un foro en el que se planteaba el retiro del Perú de la CIDH, según reportes que analizan su trayectoria política.

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Mención a Martín Vizcarra

Jorge Luis Cáceres durante su participación expresó que la justicia no debe ser un instrumento de ideologías, pidió “cerrar heridas” y, en sus palabras finales, mencionó al expresidente Martín Vizcarra.

“Ya tenemos que cerrar heridas, acercar distancias subjetivas y someternos a la justicia social, y por supuesto defender inquebrantablemente el Estado constitucional que nos permite vivir en paz y tranquilidad, y eso conduce a la gobernabilidad”, dijo. Continuó sin presentar argumentos que respalden a la Ley de Amnistía.

Para sus últimas palabras, mencionó: “Han señalado también que el Tribunal Constitucional peruano no goza de prestigio. Bueno, no gozará de prestigio para los golpistas, o para el señor Vizcarra, expresidente de la República, que hace dos meses atrás el Congreso ha inhabilitado para cargos públicos y hace unos días un juez ordinario ha dispuesto su encarcelamiento”.

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¿Qué se puede esperar?

Con las intervenciones de los tres abogados —porque Peña Tavera no se pronunció—, el Estado finalizó su participación en la audiencia sin argumentos útiles para rebatir lo que los familiares de víctimas y la Corte IDH observan: el grave incumplimiento de estándares del derecho internacional. “El Estado peruano se mantiene en una posición de desacato”, afirma Rivera.

“El Estado peruano está pretendiendo restablecer mecanismos de impunidad y la Corte va a hacer los pronunciamientos que básicamente ha venido señalando en diversas sentencias a partir del caso Barrios Altos del 2001. Me refiero a la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho Internacional”, recuerda.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas que aún exigen reparación y justicia han acordado plantones frente al Palacio de Justicia cada jueves. “El 21 de agosto se concentraron a partir de las 5 de la tarde y expresaron a micro abierto su exigencia al Estado de garantizar justicia”, cuenta Rosario Grados, directora de programas de la organización Amnistía Internacional, que participó en la protesta.

“Se está generando un movimiento interesante de la ciudadanía convocado por familiares que vienen luchando por injusticias en diferentes momentos de la historia de nuestro país y que tiene como objetivo impedir que el Estado siga profundizando sus prácticas autoritarias”, comenta. La primera vez que se convocó un plantón así fue el mismo 13 de agosto, luego el 21 y expresaron que lo harán cada jueves, con gritos, presentaciones artísticas, carteles y fotos de los cientos de peruanos que han muerto por violencia que sigue impune.