Francisco Távara envió el 6 de junio carta al presidente de la JNJ para no participar en audiencia de Patricia Benavides

Comunicación anticipada. El último 6 de junio, según reveló en entrevista a Canal N el miembro titular de la JNJ, Francisco Távara, comunicó al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, que no participaría en la audiencia que buscaba restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Távara explicó que llegó a esa decisión al considerar el caso como "cosa decidida" y que "estaba judicializado". Además, calificó la decisión del organismo de "forzada".

A pesar de ello, la JNJ notificó de manera oficial a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para restituir a Patricia Benavides en el cargo de titular del MP. La restitución de Benavides genera un nuevo escenario de incertidumbre en el Ministerio Público, debido a que Delia Espinoza fue designada tras un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos.

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La nulidad de la sanción a Benavides fue un error debido a la judicialización, explica Távara

En una carta fechada el 6 de junio, Távara expuso su desacuerdo respecto al informe programado sobre los recursos presentados por Patricia Benavides. Criticó la ausencia de un informe previo de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios. Consideró “inusual” que esta oficina no entregara la documentación correspondiente, dado que el caso ya había sido resuelto y no era un procedimiento en trámite. “En todo caso la concesión del informe oral debió decidirla el Pleno en su oportunidad”, expresó en el documento.

Con base en estos argumentos, decidió apartarse del proceso. En entrevista con RPP, afirmó: “Lo más importante es que le digo (al presidente de la JNJ) que en este tema ya la señora Patricia Benavides, en ejercicio de su derecho de defensa, había planteado un proceso constitucional de amparo y este tema estaba judicializado y se encontraba a nivel de sala”. Debido a su abstención, no participó en la audiencia, ni en la deliberación ni en la votación. Mencionó que “sentía que era lo correcto” al no intervenir en una convocatoria que no debió autorizarse.

Asimismo, dejó entrever cuál habría sido su postura si hubiera asistido al proceso. “Si yo hubiese participado en esa audiencia pública y hubiese tenido que votar en este delicado tema mi voto hubiese sido en consecuencia con la comunicación que estaba cursando y sobretodo decir que no puedo declarar la nulidad aquí porque esto está judicializado”, puntualizó. Su posición reflejó una postura firme sobre el respeto al debido proceso y la separación de competencias entre instancias.

JNJ buscó reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia emitió una resolución que restituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema y ordenó su retorno como titular del Ministerio Público. En respuesta, Benavides intentó recuperar el cargo el pasado lunes, pese a que actualmente lo ocupa Delia Espinoza. Esta fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos, que reafirmó su autonomía para designar al fiscal de la Nación.

Ese mismo día, Delia Espinoza rechazó la medida y advirtió que esta acción podría representar una amenaza al orden democrático. “Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida”, declaró. Además, alertó que dicha imposición “parecería ser el primer paso de un golpe al estado democrático del país”.

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PJ convoca audiencia para decidir sobre la suspensión del cargo de Benavides

La fiscal suprema Patricia Benavides Vargas enfrenta una solicitud de suspensión temporal de funciones como parte de una investigación preliminar. La Fiscalía de la Nación planteó esta medida para evitar cualquier obstáculo que perjudique el proceso. El caso incluye cargos por presunto cohecho pasivo específico y otros delitos en perjuicio del Estado. También está involucrada su hermana, Enma Benavides.

Ante esta situación, el Poder Judicial convocó una audiencia virtual para el lunes 24 de junio de 2025 a las 14:30 horas. El Ministerio Público argumenta que, por la alta investidura del cargo y la gravedad de los hechos, se requiere aplicar una medida de coerción procesal. La suspensión busca proteger la legalidad y los intereses estatales. El objetivo es garantizar la independencia y el correcto avance del caso.