Política

Vladimir Cerrón: Poder Judicial mantiene prisión preventiva contra prófugo candidato presidencial por lavado de activos

La medida se ratifica mientras el líder de Perú Libre figura como candidato a las elecciones generales 2026, pese a encontrarse prófugo de la justicia.

Cerrón continuará con orden de prisión preventiva. Foto: composición LR
Cerrón continuará con orden de prisión preventiva. Foto: composición LR

El Poder Judicial ratificó la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón en el proceso que se le sigue por lavado de activos, luego de declarar infundado el pedido de su defensa para variar la medida por comparecencia. La Sala Penal consideró que aún existen pruebas sólidas que justifican mantener la medida.

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas contra la Resolución N.º 6, de 04 de diciembre del 2025, que resolvió declarar infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por comparecencia planteado por el imputado Vladimir Cerrón Rojas", se lee en la resolución.

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Cerrón se encuentra en condición de candidato a las elecciones generales 2026 por el partido Perú Libre. Lo acompaña como primer vicepresidencia, el congresista Flavio Cruz Mamani y en la segunda vicepresidencia se encuentra su madre, Bertha Rojas López. Pese a estar prófugo, el exgobernador de Junín mantiene su postulación, mientras el tribunal precisó que el proceso penal en curso responde a hechos y periodos distintos a otros casos que terminaron anulados.

El exgobernador regional de Junín se encuentra en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras una sentencia dictada en otro proceso que luego fue anulada. En este caso, la prisión preventiva fue impuesta en diciembre de 2023 por un plazo inicial de 36 meses y reducida a 24 meses en enero de 2024.

Según el fallo, los jueces señalaron que los casos archivados en otros procesos no afectan esta investigación, porque se refieren a hechos y periodos distintos. Además, remarcaron que en este expediente sí hay una pericia contable y más de cien pruebas que siguen teniendo validez.

Cerrón, a través de sus redes sociales, afirmó que no puede participar en actividades públicas debido a la medida judicial. "Soy víctima de una persecución política y todos los incómodos al sistema han sido prácticamente sacados de carrera. No tengo impedimentos legales para ser candidato, pero me restringen la movilidad para la campaña, pese a las 5 pruebas que he presentado en 2 apelaciones", escribió.

"El pueblo observa, comprende y dará una revancha, un apoyo contundente ante esta injusticia y cuando Perú Libre triunfe las cosas tienen que cambiar en el país. Es insostenible la dictadura solapada que se ejerce en el Perú, impidiendo la oposición política, rasgo fundamental en una democracia", agregó.

¿Por qué se investiga a Vladimir Cerrón por lavado de activos?

La investigación fiscal no se centra solo en presuntos ingresos sin justificar, sino en la forma en que Vladimir Cerrón habría manejado dinero de origen ilícito. Según la tesis del Ministerio Público, el caso encaja en el delito de lavado de activos porque existirían actos concretos de conversión, transferencia y ocultamiento de fondos a lo largo de varios años.

De acuerdo con el expediente, la Fiscalía sostiene que Cerrón habría utilizado recursos vinculados a presuntas actividades criminales para financiar al partido Perú Libre, cubrir gastos partidarios y sostener campañas políticas. Parte de ese dinero, siempre según la imputación, habría tenido como origen a redes como 'Los Dinámicos del Centro', consideradas por la Fiscalía como organizaciones criminales.

El proceso también incluye una pericia en el que detecta un incremento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados por Cerrón. Entre los movimientos observados figuran abonos bancarios por más de 879 mil soles, la compra de un cheque de gerencia por 900 mil soles y operaciones financieras que, para la Fiscalía, no cuentan con sustento económico claro.

Además, la investigación menciona la adquisición de bienes, como un local partidario valorizado en 200 mil dólares, así como operaciones inmobiliarias y transferencias realizadas a través de personas de su entorno. Para el Ministerio Público, estas acciones habrían servido para ocultar el origen real del dinero e insertarlo en el sistema financiero formal.

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