Política

Partidos no investigan, pero se pagan sueldos y gratificaciones

Gastos. Agrupaciones priorizan los gastos ordinarios con recursos públicos, pero no invierten en investigaciones y muy poco en formación y capacitación, debido a que la Ley Electoral no los obliga. Rosa Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, se asignó pago de 16.350 soles por gratificación y sueldo de 10.907 soles en julio y diciembre del 2023.

El dato. Rosa Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, se pagó gratificación y en capacitación contrató a una sola empresa (Central Mediática SAC), por más de 249.000 soles, para ese servicio. Foto: difusión
El dato. Rosa Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, se pagó gratificación y en capacitación contrató a una sola empresa (Central Mediática SAC), por más de 249.000 soles, para ese servicio. Foto: difusión

Nueve de diez partidos presentaron su rendición de cuentas del Financiamiento Público Directo (FPD). Tras ello, queda claro que el diseño de la Ley de Organizaciones Políticas permite que las élites partidarias dispongan libremente del uso de dinero para sus gastos ordinarios. Y no obliga a que se realicen gastos en formación, capacitación e investigación. Tanto es así que incluso en esos rubros algunos partidos, como Podemos Perú de José Luna Gálvez, no han hecho ninguna inversión (ver cuadro aparte).

De acuerdo a los documentos entregados por los partidos a la ONPE, los mayores gastos son en el rubro de Funcionamiento Ordinario, es decir, por conceptos de bienes y servicios relacionados con necesidades operativas y administrativas de la organización, donde se incluyen movilidad, refrigerios, gratificaciones, pagos a las AFP, hospedajes, recibos por honorarios de trabajadores, abogados y asesores, pasajes aéreos, alquileres de locales, recibos de luz, agua, internet y copias de documentos, entre otros.

 Política. Nuestra democracia necesita de partidos sólidos, pero sobre todo responsables con el dinero público. No a las oligarquías partidarias. Foto: difusión

Política. Nuestra democracia necesita de partidos sólidos, pero sobre todo responsables con el dinero público. No a las oligarquías partidarias. Foto: difusión

Sueldos y gratificaciones

En el caso de la organización Somos Perú, la presidenta de ese partido, Rosa Li Sotelo, se asignó un pago de 16.350 soles por gratificación y un sueldo de 10.907; es decir, en julio cobró más de 27.000 soles.

De acuerdo a la rendición de cuentas, la misma cantidad se pagó Li Sotelo en diciembre del 2023, con los fondos de los recursos públicos que se asignan a los partidos. Sin embargo, Somos Perú no gastó un solo sol para realizar investigación alguna.

En el Partido Morado, entre los beneficiados aparecen Otto Vento Delgado y Henry Tello Godoy, quienes recibieron un pago de 10.900 soles de gratificación por Fiestas Patrias, además de sus sueldos de 7.500 soles.

En Podemos Perú la mayoría de los gastos ordinarios fueron para pagos de sueldos por diversos servicios, pero no gastaron ni un sol en formación, capacitación e investigación.

En la rendición de la organización política Avanza País se observa que en el rubro de capacitación han consignado los gastos de servicios, que también mencionan en el rubro de gastos por Funcionamiento Ordinario.

Es el caso de Favio Castellares Cáceres, a quien pagan 3.000 soles, como si fuera capacitación, por servicio de asistente administrativo de la Secretaría de la Organización. Mientras que en el rubro de gastos ordinarios pagan 3.000 soles a Mario Barraza Rivas por servicio de asistente administrativo.

En el file referido a los gastos ordinarios es en el que Avanza País se asigna un mayor presupuesto para el pago de sueldos, que superan los 10.000 soles.

Ese es el caso de Luis Flores Reátegui, en Tesorería, y de Wendy Albinagorta Córdova, en el área de Contabilidad.

“Como si fueran su personal”

“El dueño recibe dinero del partido y trata al resto de militantes como si fuera personal de su servicio, creando una relación clientelar. La ley es muy abierta sobre los gastos de funcionamiento ordinario, permitiendo que los partidos hagan ese tipo de pagos, que en sentido estricto no están prohibidos, y lo que correspondería es una modificación legal”, explicó Jorge Jáuregui, abogado especialista en temas electorales.

Para el analista, el Financiamiento Público Directo que el Estado otorga es necesario para lograr partidos que no estén sometidos al financiamiento privado, que puede ser ilícito, debido a la informalidad que hay en muchos sectores de la economía. “El FPD es positivo, el problema es el diseño de la Ley de Organizaciones Políticas, pues permite que las élites partidarias dispongan libremente de los gastos puntuales, como compra de inmuebles o alquileres, y el otro 50% es para gastos ordinarios, que es una fórmula abierta que permite que gasten los recursos del partido de una forma absolutamente centralista y hace que no tenga una buena organización a nivel nacional”.

Explica que un partido político es un conjunto de personas que abrazan un ideal, lo que se traslada a una doctrina y propuesta programática, y para que se inscriba requiere comités partidarios en todo el país, “pero el dinero que maneja la dirigencia no se asigna a esos comités. La Ley electoral permite la consolidación de las oligarquías en los partidos”.

“Como el dinero no llega a los comités en las diferentes regiones, entonces dependen del dinero privado; por eso, tenemos caudillos en el interior del país y son muchos los casos de corrupción donde los privados forman los movimientos políticos para lucrar del dinero público”, apuntó.

En diálogo con La República, sostuvo que, si el dinero no entra a las arcas de los comités en el interior del país, no pueden hacer sesiones para ver los planes de Gobierno y, por tanto, no pueden hacer vida partidaria.

“Así como vemos que la eliminación de las PASO otorga un súper poder a las élites partidarias, condenando a la ciudadanía a una oferta electoral pobrísima, lo mismo pasa en el nivel de financiamiento”, señaló.

Según la normatividad electoral, los gastos en actividades de formación tienen como objetivo fomentar el cono cimiento y la asimilación de los idearios, principios y valores del partido, así como los planes y programas que reflejan sus propuestas para el desarrollo nacional, pero los partidos no invierten lo suficiente en este rubro y menos en investigación, que les puede permitir conocer la realidad de lo que pasa en las regiones para que puedan plantear soluciones en caso de que lleguen al Congreso, alcaldías o cargos en los Gobiernos regionales.

Observan a Fuerza Popular

Los informes están publicados en el portal digital de financiamiento (Claridad) de la ONPE, salvo los de Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular, en proceso de subsanación.

Precisamente, ayer se hizo público que una de las observaciones realizadas a Fuerza Popular tiene que ver con el trabajo hecho por la excongresista Martha Chávez. La ONPE pide a esa organización que detalle los días y el tiempo que duró la asesoría que brindó y por la cual recibió cuatro pagos de 5.000 soles, lo que vendría a ser un total de 20.000.

“Los informes de prestación de servicios no cuentan con evidencia sustancial que demuestre que ha realizado la actividad. Adjuntar evidencia fotográfica del servicio realizado”, dice la ONPE sobre la asesoría de Martha Chávez.

Los informes de rendición de cuentas del FPD son objeto de verificación y control, a través del equipo de auditores de la ONPE, así como de visitas de verificación programadas e inopinadas a los locales de los respectivos partidos políticos. Culminadas las acciones de verificación y control, la ONPE emite el informe técnico respectivo, pronunciándose sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables dispuestas en la Ley de Organizaciones Políticas y el reglamento.

Sanciones a 85 organizaciones

En los últimos dos años, la ONPE abrió procesos administrativos sancionadores a 85 organizaciones políticas y castigó a 4.970 candidatos.

En el caso de las organizaciones políticas, los procesos administrativos sancionadores fueron abiertos por no presentar información financiera de campaña electoral en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 ni información financiera anual del periodo 2021-2022; no tener cuenta bancaria en el sistema financiero; no tener libros contables; presentar fuera del plazo y recibir aportes de fuentes prohibidas.

Los candidatos fueron sancionados por no presentar información financiera de campaña de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, Elecciones Generales 2021 y Elecciones Regionales y Municipales 2022; así como por recibir aportes de fuentes prohibidas durante las Elecciones Generales 2021.

En caso de que se identifiquen posibles ilícitos penales, la ONPE inicia acciones legales a través de la Procuraduría Pública.

Investigación trascendental para militantes

“Se debe delimitar la distribución de los recursos y establecer la obligatoriedad de la distribución en algunos rubros que van más allá de justificar los gastos y van en relación a que los partidos puedan capacitar a su militancia y sean candidatos idóneos”, dijo Enzo Elguera, analista político y CEO de Imasolu.

Consideró que la investigación es trascendental para la comprensión de las necesidades. “No basta la opinión o el sentido común, eso nos lleva a cometer errores. Hemos visto cómo los partidos, a través de sus representantes en el Congreso, sacan normas absurdas. Un sentido de la investigación es conocer la realidad de la población y tener un diagnóstico para darles atención”, anotó.

La palabra

Jorge Jáuregui, especialista electoral

“Como el dinero no llega a los comités en las diferentes regiones, entonces dependen del dinero privado, por eso tenemos caudillos en el interior del país”.

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