Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

El Tribunal Constitucional evaluó el hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón, mientras su abogado Humberto Abanto defendió ante los magistrados la decisión del líder de Perú Libre de no acatar el mandato judicial que derivó en su condición actual de prófugo. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que esa decisión respondió a una resolución que consideró arbitraria. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el TC dejó al voto la demanda que busca anular la prisión preventiva y la orden de captura contra el dirigente.

En su exposición, Humberto Abanto afirmó que Vladimir Cerrón no debe ser tratado como un delincuente común. Según señaló, el político “no es un hampón”, sino un actor político que debería enfrentar su proceso en libertad. El abogado sostuvo que su defendido decidió “resistir” un mandato judicial que calificó como inicuo y que, a su juicio, lo exponía a una privación de libertad sin sustento jurídico válido.

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La defensa también argumentó que el caso tiene efectos en el proceso electoral. Humberto Abanto indicó que el líder de Perú Libre es candidato presidencial y que su situación judicial lo coloca en desventaja frente a otros postulantes. Según su planteamiento, el expediente no solo involucra la libertad personal del líder de Perú Libre, sino también su derecho a participar en la contienda política.

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Desde la otra parte, la Procuraduría del Estado rechazó esa postura. La representante Indira Bedregal recordó ante el Tribunal Constitucional que Cerrón permanece prófugo y que no se conoce un domicilio o paradero fijo del dirigente. En esa línea, sostuvo que el peligro procesal justifica la prisión preventiva y cuestionó que la defensa no haya demostrado que la medida resulte desproporcionada.

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Defensa de Cerrón afirma que su paso a la clandestinidad fue una “resistencia” a un mandato judicial

Durante la audiencia ante el TC, Humberto Abanto insistió en que Vladimir Cerrón tomó “precauciones” frente a un mandato que consideró injustificado. El abogado afirmó que su defendido actuó para evitar una decisión judicial que, según su versión, vulneraba su libertad personal. En ese contexto, sostuvo que el dirigente político decidió desobedecer las reglas de conducta impuestas en su proceso.

El letrado también cuestionó la sentencia vinculada al caso Caso Aeródromo Wanka, que estableció una condena de 3 años y 6 meses de prisión contra Vladimir Cerrón. Abanto calificó esa resolución como una “agresión arbitraria” y argumentó que la justicia afectó derechos fundamentales del líder de Perú Libre.

Durante su intervención, el abogado sostuvo además que el dirigente político enfrenta una supuesta persecución judicial. En ese contexto, afirmó que Vladimir Cerrón llegó a acumular cerca de cien expedientes en su contra y presentó ese dato como evidencia de una “cacería” política contra su patrocinado.

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Procuraduría sostiene que condición de prófugo de Vladimir Cerrón justifica la prisión preventiva

Durante la audiencia ante el Tribunal Constitucional, la representante de la Procuraduría, Indira Bedregal, sostuvo que Vladimir Cerrón se encuentra en condición de prófugo y que hasta el momento no existe información sobre un domicilio o paradero fijo del líder de Perú Libre. La abogada indicó que esta situación evidencia un riesgo procesal, elemento que —según explicó— respalda la decisión judicial de imponer una prisión preventiva en su contra.

Bedregal recordó además que el propio TC ha establecido criterios sobre este tipo de medidas en precedentes anteriores. En particular, mencionó el caso Jaime Yoshiyama Tanaka, en el que el tribunal señaló que el peligro procesal constituye un factor determinante para evaluar la necesidad de una restricción a la libertad personal durante una investigación.

En esa línea, la representante del Estado cuestionó los argumentos presentados por la defensa de Vladimir Cerrón. Según afirmó, durante la audiencia no se ha demostrado que la prisión preventiva resulte desproporcionada ni se ha explicado con claridad dónde estaría la supuesta arbitrariedad en la decisión judicial que dispuso la medida contra el dirigente político.