Congreso decide investigar a cuatro ‘Niños’ de Acción Popular

La Comisión Permanente aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra cuatro legisladores de Acción Popular (AP) del denominado grupo ‘Los Niños’, Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, y otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que realice la investigación y presente su informe final.

El grupo de trabajo que lidera Lady Camones (Alianza para el Progreso) admitió a trámite la denuncia que impulsaba Benavides, pero solo por el presunto delito de tráfico de influencias y no por organización criminal.

La exfiscal denunció a los citados legisladores de ser presuntos autores de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, y de tráfico de influencias agravado, pero solo se aprobó la acusación por tráfico de influencias, lo que vendría a ser prácticamente un blindaje a medias.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales argumentó que los cargos de organización criminal chocaban con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, el cual limita que no se puedan procesar por los mismos hechos a alguna autoridad sino hasta el siguiente periodo anual de sesiones.

Acusación contra los congresistas

La exfiscal Patricia Benavides presentó la denuncia constitucional contra los citados congresistas, debido a que, presuntamente, habrían apoyado con sus votos la gestión del expresidente Pedro Castillo, a cambio de favorecimientos en instituciones públicas y ministerios.

Se les acusa de ser presuntos autores de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, y de tráfico de influencias agravado, y se recomienda la suspensión temporal “por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos”.

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Según la denuncia fiscal, los congresistas Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinoza y Raúl Doroteo serían el “brazo congresal” de la organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo.

Ellos garantizarían la “permanencia de Castillo, votando en contra de las mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitiendo votos a favor de las cuestiones de confianza”.

Benavides argumentó que los congresistas, “una vez integrados a la organización criminal, habrían desplegado como parte de su plan criminal diferentes actos de corrupción en, entre otros, el Ministerio de Transportes, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda, buscando copar y aprovecharse de diversos procesos de contratación en esas entidades”.

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Pese a los argumentos de la fiscal, en la Comisión Permanente se descartó la denuncia por organización criminal.

Denuncia contra exfiscal Tomás Gálvez

Asimismo, la Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto de las denuncias constitucionales presentadas contra el exfiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas.

Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se otorgó el citado plazo para investigar y presentar informe final respecto a la Denuncia Constitucional 387, interpuesta por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas contra Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público.

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A Tomás Gálvez Villegas se le sindica de ser presunto autor de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, concordante con la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado.

También se le investiga al citado exfiscal por ser el presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, debido a su condición de funcionario público.

Blindaje a otros personajes

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales denunció a los 4 congresistas de Acción Popular, pero blindó a otros personajes, impidiendo que la Justicia los investigue y determine su responsabilidad o no en presuntos ilícitos.

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Es así que la Comisión Permanente envió al archivo 14 denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la SAC.

Entre ellas, la Denuncia Constitucional (DC) 127 contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Kenji Fujimori, Enrique Mendoza y Fernando D’Alessio; la DC 83 contra el expresidente Martín Vizcarra; la DC 104 contra Carmen Velarde Koechlin, en su calidad de jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y otros.

El dato

Normas. La Comisión Permanente debatirá hoy normas observadas por el Ejecutivo, entre ellas, la que propone modificar la Ley 26772, a fin de eliminar barreras de acceso al empleo para egresados de universidades, institutos y escuelas de educación superior.