Reforma debe facilitar acceso a la justicia
A todos los peruanos. Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia elaborada en el gobierno de Sagasti plantea reducción de la provisionalidad de jueces y fiscales, Escuela Judicial, entre otros.
La Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia, planteada en el gobierno de transición de Francisco Sagasti, que busca su acceso a todos los peruanos, se elaboró con la participación de los titulares del Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo.
El documento tiene como objetivos principales impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad en el sistema de justicia, precisando que las instituciones judiciales requieren un alto grado de transparencia y responsabilidad con respecto a su desempeño, flujos de procedimientos y procesos de toma de decisiones.
Además, facilitar el acceso a la justicia de todas las personas, modernizar los procesos judiciales no penales, penales y el sistema penitenciario; fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia; mejorar el ejercicio y formación para la abogacía; fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético.
Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales y la adecuación normativa para que el sistema de justicia responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía.
Carpeta electrónica
Para lograr ese cometido se plantea la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica y el Expediente Judicial Electrónico en todo el país; el cierre de la brecha de defensores públicos; la implementación de la oralidad en los procesos civiles en todo el país; la instauración y operatividad adecuada de servicios de exámenes auxiliares de laboratorio del Instituto de Medicina Legal y la mejora de la infraestructura penitenciaria; la reducción de la provisionalidad de jueces y fiscales; la implementación de un nuevo modelo de responsabilidad profesional de los abogados; en materia de integridad, es clave la implementación de las autoridades de control en el Poder Judicial y el Ministerio Público y el incremento de la cobertura de los Módulos Judiciales Integrados en Violencia.
En cuanto a la selección y nombramiento de jueces, se plantea establecer perfiles por competencias, sobre la base de habilidades, destrezas y aptitudes que requiere la función jurisdiccional, así como garantizar la transparencia del proceso de selección.
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Escuela judicial
Asimismo, se propone crear una escuela judicial y establecer un nuevo modelo de formación para aspirantes, con dedicación exclusiva y una duración de dos años. Para dar sostenibilidad económica, se resalta la importancia de establecer, en el ámbito constitucional, un porcentaje no menor del 4% del presupuesto general de la República destinado a asegurar los recursos para implementar reformas procesales.
Con la finalidad de lograr la autonomía e independencia fiscal, se recomienda la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público para modificar su estructura y dotar de mayores garantías a la función fiscal con el fin de evitar interferencias, así como fomentar, desde la Junta Nacional de Justicia, la titularidad de los fiscales, con el objetivo de reducir progresivamente la provisionalidad.
Esas medidas tratan de evitar actos de corrupción, reducir la carga procesal, solucionar la falta de interacción entre las diversas instancias judiciales, interconectar a las instituciones encargadas de administrar justicia, promover el acceso de las personas más vulnerables a la justicia y modernizar los procesos judiciales.
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Asimismo, mejorar las condiciones laborales de los servidores de justicia y revisar la situación de los jueces provisionales y supernumerarios.
La iniciativa toma vigencia tras la reunión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia presidido por Dina Boluarte. El expresidente Francisco Sagasti sostuvo que la Política de Reforma del Sistema de Justicia, que se acordó entre todas las partes en el gobierno de transición, debería ser “el punto de partida de las reformas y debe ser actualizado en lo que sea necesario, para su aplicación”.
Sostuvo que le alegra que a nivel político se retome la reforma de justicia, pero advirtió que “pretender hacer una reforma del sistema judicial en menos de dos meses es un despropósito”.
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Sin voluntad política
Sagasti consideró que no hay voluntad política para hacer una correcta reforma de justicia, prueba de ello —manifestó— es que en la política de reforma que se planteó en su gobierno se hizo un estimado del costo de los cambios en el sistema de justicia que “asciende a 4.200 millones de soles en 4 o 5 años”.
“Con voluntad política se hubiera podido hacer. Lo que ha gastado el Congreso en el presupuesto, según el MEF, supera los 15.000 millones de soles en los últimos años. Es decir, hay dinero”, señaló.
En el gobierno de Sagasti, mediante DS n° 012-2021, se dispuso que la Reforma de Justicia 2021-2025 “es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los sectores público y privado y la sociedad civil”, pero en la práctica no se cumplió.
Datos
Creación. El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (CRSJ) fue creado por la Ley n° 30942 del 8 de mayo de 2019 en el gobierno de Martín Vizcarra, con el objetivo de impulsar una verdadera reforma del sistema de justicia con la participación de las principales instituciones del país.
Ceriajus. La propuesta aprobada en el gobierno de Francisco Sagasti toma como base uno de los principales proyectos de Reforma del Sistema de Justicia desarrollado por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), cuyas propuestas tuvieron gran acogida por las autoridades y operadores del sistema de justicia, pero también se contó con la participación de la sociedad civil.
