Cuba es el país con “más detenciones arbitrarias” en el mundo, según la ONU: 93 presos políticos en seis años

Cuba encabeza desde 2019 la lista mundial de países con más condenas por detención arbitraria, tras sumar en total 93 casos de presos políticos en los últimos seis años. Los dictámenes más recientes, divulgados por la ONG Prisoners Defenders, corresponden a 49 nuevas personas encarceladas después de las protestas del 11 de julio de 2021 y señalan faltas graves al debido proceso, desapariciones forzadas, torturas y motivaciones políticas e ideológicas detrás de los arrestos.

Los informes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés) muestran que durante este periodo, Cuba superó a Egipto, que ocupa el segundo lugar con 73 casos. De acuerdo con la entidad, las detenciones analizadas estuvieron relacionadas por violaciones reiteradas a derechos fundamentales, procesos judiciales sin garantías y un uso del sistema penal para sancionar la disidencia.

La represión en Cuba desde 2019

Según Prisoners Defenders, los dictámenes emitidos por el WGAD entre 2019 y 2025 reflejan que Cuba tiene el promedio más alto del mundo de personas detenidas por cada resolución: más de cinco por dictamen. Mientras en la mayoría de los países los pronunciamientos del Grupo de Trabajo se refieren a individuos, en Cuba es común que una sola "Opinión" abarque a grupos completos de manifestantes, activistas u organizaciones religiosas.

En varios de estos casos, el organismo concluyó que los detenidos ejercían derechos reconocidos internacionalmente, como la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a la reunión pacífica y la participación cívica. Sin embargo, fueron privados de libertad sin garantías judiciales, con ausencia de defensa técnica, incomunicación y desapariciones forzadas. El WGAD determinó que esta práctica constituye un modelo de represión estructural que contraviene múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los informes también señalan que el patrón de detención selectiva afecta a activistas, periodistas, opositores y comunidades religiosas. La motivación política y discriminatoria detrás de estos casos es una constante repetida por el organismo de la ONU en todos sus dictámenes.

Desapariciones forzadas, torturas y juicios sin garantías

Las masivas protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, generaron más de 1.500 detenciones en toda la isla. De ellas, 49 fueron analizadas recientemente por el WGAD, que calificó sus casos como arbitrarios y contrarios al derecho internacional. Varias de las personas detenidas no fueron informadas de las razones de su arresto, no recibieron órdenes judiciales, ni se les comunicaron sus derechos. Algunos pasaron días o semanas incomunicados, sin que sus familiares supieran dónde estaban, lo que constituye desaparición forzada.

En el dictamen 46/2025, el Grupo de Trabajo analizó la situación de 16 personas —muchas pertenecientes a la Asociación de Yorubas Libres de Cuba— detenidas en Santa Clara. Ninguna fue llevada ante un juez en las 48 horas posteriores a la detención, como exige el derecho internacional. En el dictamen 57/2025, el organismo examinó el caso de 33 civiles juzgados por un tribunal militar, pese a que se trataba de manifestantes pacíficos y apolíticos. El organismo concluyó que este procedimiento violó los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Entre los casos más graves se encuentran el de Lisdani Rodríguez Isaac, quien estuvo embarazada sin recibir atención prenatal adecuada, y el de Loreto Hernández García, líder religioso con enfermedades crónicas que denunció amenazas de muerte en prisión. También se documentó que varias excarcelaciones entre enero y marzo de este año estuvieron condicionadas a restricciones como trabajos impuestos por fuerzas de seguridad, prohibiciones de expresarse en redes sociales y la amenaza permanente de reingreso a la cárcel.

El sistema penal como herramienta de control político y social en Cuba

El WGAD determinó que la prisión en Cuba funciona como un mecanismo de control social a nivel estatal. La privación de libertad no solo se aplica a individuos, sino también a comunidades religiosas, grupos barriales, organizaciones locales y movimientos ciudadanos. Según el informe, el objetivo es desarticular redes humanitarias y prodemocráticas, e intimidar al resto de la sociedad.

El documento sostiene que la policía, la fiscalía, los tribunales y el sistema penitenciario operan como un engranaje articulado para silenciar la disidencia. En todos los casos analizados, la prisión preventiva fue dictada por policías instructores y fiscales, sin intervención judicial efectiva, y la fase de investigación se extendió durante meses sin supervisión de un juez. Para la ONU, esto convierte la prisión preventiva en una pena anticipada, vulnerando la presunción de inocencia.

El informe también menciona la situación actual de muchas de las víctimas. Algunas siguen en prisión en condiciones de salud precarias; otras fueron excarceladas bajo figuras como la libertad condicional o las licencias extrapenales, que no representan una libertad real debido a la vigilancia constante, restricciones de movilidad y amenazas de reencarcelamiento. En el caso de Daisel González Álvarez, no existe información confiable sobre su paradero, lo que sugiere una desaparición forzada.

Falta de respuesta del Gobierno y repercusiones internacionales

El WGAD solicitó al Gobierno cubano una respuesta sobre los casos analizados el 7 de marzo de 2025, otorgando un plazo hasta el 6 de mayo para presentar información detallada. Sin embargo, Cuba no envió ninguna respuesta ni pidió una extensión del plazo. El organismo lamentó la falta de cooperación y reiteró su pedido de liberar e indemnizar a todas las víctimas, además de llevar a cabo investigaciones independientes y sancionar a los responsables.

En el plano internacional, Cuba ocupa el cuarto lugar en acciones urgentes por desaparición forzada tramitadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, con 193 casos desde 2012. A diferencia de otros países, donde estos hechos suelen estar vinculados a grupos criminales, el informe sostiene que en Cuba la única estructura responsable es el propio Estado.

Las conclusiones del WGAD advierten que las detenciones arbitrarias en la isla responden a una política de Estado y que constituyen violaciones graves de derechos humanos. Los dictámenes representan un llamado a reforzar los mecanismos internacionales de protección y seguimiento, en un contexto donde las organizaciones de derechos humanos continúan documentando nuevos casos y exigiendo que se garantice justicia a las víctimas.