Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra
Este fallo en contra de la exprimera ministra Sheikh Hasina marca un giro en la política de Bangladesh y plantea paralelismos con las investigaciones por represión en Perú bajo el gobierno de Dina Boluarte.
La exprimera ministra de Bangladesh, Sheik Hasina, fue condenada a la pena capital el último lunes tras ser hallada culpable de cometer crímenes de lesa humanidad, en el marco de una violenta represión contra una serie de protestas estudiantiles ocurridas a mediados de 2024. El fallo fue emitido en ausencia de Hasina, quien fue responsabilizada por ordenar el uso de fuerza letal contra los manifestantes.
Las movilizaciones, que derivaron en su destitución, dejaron un saldo de 1.400 personas fallecidas, en su mayoría por impactos de bala disparados por las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los informes elaborados por expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Según dichas investigaciones, la exmandataria habría intentado mantenerse en el poder mediante una estrategia sistemática de represión violenta. Aunque se le reconoce haber impulsado el crecimiento económico del país junto a su partido, la Liga Awami, en los últimos años enfrentó severas críticas por su viraje hacia posturas autoritarias y por las denuncias de persecución a grupos opositores.
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Las protestas que llevaron a la condena de Hasina
En julio de 2024, Bangladesh fue escenario de fuertes protestas encabezadas por estudiantes de universidades públicas y privadas. La raíz del conflicto fue una decisión del Tribunal Supremo que reactivó un sistema de cuotas que reserva el 30% de los empleos públicos para los descendientes de quienes participaron en la guerra de independencia de 1971. Para miles de estudiantes, esta medida representaba una barrera injusta que recortaba las oportunidades basadas en el mérito académico y profesional.
Lejos de ceder, el Gobierno respondió con una fuerte represión. Grupos vinculados a la Liga Chhatra, el brazo estudiantil del partido gobernante, atacaron concentraciones pacíficas, lo que encendió aún más la indignación y extendió las protestas más allá de los campus. La policía y fuerzas de seguridad impusieron toques de queda, orden de “disparar a la vista” en algunos momentos y un apagón casi total de internet y telecomunicaciones.
A medida que aumentaban las muertes y arrestos, el movimiento dejó de centrarse únicamente en las cuotas para exigir la renuncia de Sheikh Hasina y el fin del autoritarismo. La plataforma Students Against Discrimination (Estudiantes contra la Discriminación) y otros colectivos llamaron a una “marcha larga hacia Daca” con una sola demanda: la salida de la primera ministra. El 5 de agosto de 2024, tras semanas de movilización y un altísimo costo humano, Hasina presentó su renuncia y abandonó el país rumbo a la India.
Heridas abiertas, justicia pendiente
La condena reciente a Hasina por violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2024 remueve inevitablemente las heridas abiertas en el Perú, donde la expresidenta Dina Boluarte aún enfrenta cuestionamientos por la muerte de al menos 49 personas en las manifestaciones sociales de diciembre del año 2022.
La sentencia contra la exlíder de Bangladesh representa un giro histórico en la política de ese país. Tras años de denuncias internacionales por el uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias y censura, la justicia local terminó por responsabilizarla directamente por las decisiones tomadas en el marco de protestas masivas que exigían mayor apertura democrática.
Por su parte, en el Perú, la investigación fiscal por los fallecimientos en Ayacucho, Juliaca, Cusco y otras regiones durante las manifestaciones de fines de 2022 sigue su curso sin resultados judiciales concretos. Boluarte ha negado cualquier responsabilidad política y se remite al argumento de que las fuerzas del orden actuaron dentro del marco legal para controlar actos violentos.
Asimismo, organismos internacionales como la CIDH y Amnistía Internacional han documentado un patrón de represión estatal desproporcionado, con víctimas que no participaban activamente en los disturbios. En tanto, la sensación de impunidad crece entre las familias de las víctimas y en gran parte de la ciudadanía peruana.
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La llegada al poder de Hasina
Sheikh Hasina, ascendió al poder tras un largo proceso de lucha política en un contexto de inestabilidad política y conflictos familiares. En sus primeros años de política, Hasina lideró el partido Awami League (AL), que era un pilar de la oposición a las dictaduras militares que gobernaban el país. Su regreso a Bangladesh desde el exilio en 1981 marcó un hito en su carrera, y comenzó a consolidar una base de apoyo popular.
En 1996, Hasina logró finalmente ascender al poder después de una serie de protestas contra el gobierno de Khaleda Zia, lo que resultó en la disolución del gobierno y la celebración de nuevas elecciones, que su partido ganó. Durante su mandato, Hasina implementó reformas económicas y sociales, aunque también enfrentó desafíos como la corrupción y las luchas internas en su propio partido. Su segunda victoria llegó en 2009, después de una década de conflictos políticos y un período de gobierno militar interino.
