Decenas de venezolanos denuncian torturas en megacárcel de El Salvador tras ser deportados de Estados Unidos, según HRW

Al menos 40 personas inmigrantes venezolanos, que fueron trasladadas desde Estados Unidos hacia El Salvador, habrían sido víctimas de tortura y otras formas de violencia durante su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad destinada a integrantes de pandillas. Así lo advirtió la ONG Human Rights Watch (HRW), tras recopilar testimonios de las víctimas.

De acuerdo con los relatos, estos ciudadanos fueron agredidos físicamente mientras se encontraban arrodillados. Indicaron que fueron golpeados con bastones y pateados, y que fueron llevados a una zona conocida como “la isla”, la cual era utilizada como medida de castigo por protestar. Algunos denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de los custodios, mientras que otros confesaron que el impacto psicológico del encierro los condujo a pensar en el suicidio.

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"Llegaron al infierno"

El informe del HRW, titulado “Llegaron al infierno”, fue elaborado junto con la organización centroamericana Cristosal. Según el reporte, los inmigrantes venezolanos detenidos fueron sometidos a un “régimen de incomunicación” y obligados a vivir con una alimentación inadecuada, además de enfrentar condiciones precarias de higiene dentro del penal.

Los investigadores de ambas organizaciones entrevistaron a 40 de los migrantes recluidos en el CECOT y a otras 150 personas, entre familiares y abogados. Los testimonios describen un ambiente de hacinamiento extremo, diez personas por celda sin ventanas, poca comida y agua contaminada que ponía en riesgo la salud de los prisioneros.

De acuerdo con los relatos, antes de las visitas de las delegaciones oficiales, los internos recibían colchones, sábanas y artículos de aseo personal; sin embargo, una vez concluidas las inspecciones, estos implementos eran retirados, lo que dejaba nuevamente a los detenidos en condiciones indignas.

Asimismo, durante el periodo de reclusión, HRW y Cristosal solicitaron información a los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos sobre las detenciones, pero no obtuvieron respuesta. La negativa de ambas administraciones a revelar el paradero y la situación de los migrantes, sostiene el informe, podría constituir el delito de “desaparición forzada” según el derecho internacional.

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"Pensé que muerto podría estar mejor", cuenta inmigrante

“Desde que me bajaron del avión empezó la pesadilla”, relata el informe que cita a Gonzalo, un joven de 26 años del estado Zulia, Venezuela. Él aseguró que un guardia lo golpeó en la nuca apenas bajó del avión. Según su testimonio, todos los inmigrantes que llegaron a El Salvador fueron tratados de la misma forma. Los abusos continuaron cuando fueron trasladados al CECOT.

La mayoría de las personas entrevistadas por las organizaciones narró haber sufrido humillaciones constantes por parte de los oficiales, quienes solían decirles que “nunca saldrían con vida” y que “sus familias los habían olvidado”. “Caí en una profunda depresión. Quería suicidarme porque pensaba que, muerto, iba a estar mejor. Al final, lo único que me daba fuerzas es Dios, y mi familia, mi esposa, mi hija y mi madre”, confesó Nelson.

Por su parte, Jerce Reyes, José Mora y Rafael Martínez coincidieron en que eran agredidos por los guardias, muchas veces por incumplir las estrictas normas del penal o por motivos que consideraban arbitrarios. Martínez recordó que en una ocasión fue castigado por asomarse entre los barrotes cuando se sintió enfermo. Dijo que lo llevaron a otra celda, donde al menos ocho agentes lo agredieron hasta fracturarle el brazo derecho.

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El traslado injustificado de inmigrantes venezolanos

En coordinación con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó entre marzo y comienzos de abril, el traslado de 252 ciudadanos venezolanos al CECOT, tras acusarlos, pruebas, de que estas personas pertenecían al grupo criminal Tren de Aragua, catalogado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista.

El HRW afirmó que los actos de tortura y los abusos cometidos contra migrantes venezolanos en El Salvador "no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino (también) violaciones sistemáticas de derechos humanos".

En su investigación conjunta, HRW y la organización Cristosal determinaron que cerca del 50 % de los venezolanos recluidos en el penal de máxima seguridad no tenía antecedentes penales. Además, solo el 3 % había sido condenado en Estados Unidos por delitos considerados violentos o potencialmente violentos.