Petro ordena "suspender" intercambio de inteligencia con EE. UU. por bombardeos a lanchas en el Caribe
Más de 50 países de América Latina firman una declaración conjunta rechazando el uso de fuerza en la lucha antidrogas, subrayando su incompatibilidad con el derecho internacional.
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El presidente Gustavo Petro anunció el martes la suspensión de la cooperación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en respuesta a los bombardeos ordenados por Donald Trump contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El mandatario colombiano calificó estos ataques como "ejecuciones extrajudiciales" y condenó la muerte de al menos 76 personas y la destrucción de 20 lanchas.
Petro afirmó que esta decisión se mantendrá mientras sigan los ataques. La medida aumenta la tensión diplomática entre ambos países, especialmente luego de que EE. UU. retirara a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico y revocara las visas de Petro y varios de sus funcionarios.
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Petro responde con firmeza a las acciones de EE. UU.
La suspensión del intercambio de inteligencia se da en un momento de creciente fricción con Norteamérica, que ha intensificado sus intervenciones militares en la región. Petro ha calificado los bombardeos como ilegales y ha señalado el rechazo tanto dentro de Colombia como en la comunidad internacional.
Esta decisión refleja el desacuerdo de Colombia con el uso de misiles en la lucha contra el narcotráfico y busca proteger la soberanía del país ante acciones unilaterales de Washington.
Reacciones internacionales y consecuencias para la relación bilateral
La polémica por los bombardeos ha generado reacciones fuera de Colombia. Gran Bretaña, aliado cercano estadounidense, ha decidido no compartir información de inteligencia sobre narcotráfico, alegando que no quiere ser cómplice de ataques que considera ilegales. Esta ruptura en la cooperación entre dos aliados clave marca un punto de inflexión en su relación.
En América Latina, más de 50 países firmaron una declaración conjunta durante una cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), en la que rechazaron el uso de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico, subrayando su incompatibilidad con el derecho internacional.
