ONU exige a Israel que derogue "la ley discriminatoria" de pena de muerte a palestinos condenados por asesinato terrorista
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Ministerio de Exteriores de Irlanda se suman y condenan la ley por expandir la pena capital y socavar el debido proceso.
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La Oficina de Derechos Humanos de la ONU exigió este lunes 30 de marzo la revocación inmediata de la norma aprobada por la Knéset, al calificarla como una "ley discriminatoria" incompatible con las obligaciones internacionales de Israel. La medida vulnera la prohibición de castigos crueles e inhumanos, mientras profundiza un esquema de segregación enfocado hacia la población palestina bajo procesos carentes de garantías fundamentales.
La representación del ACNUDH subrayó que Naciones Unidas "se opone a la pena de muerte" bajo cualquier circunstancia y alertó que la disposición afecta exclusivamente a residentes de Cisjordania ocupada. El pronunciamiento respalda las objeciones previas de expertos que, desde febrero, solicitaron el retiro del proyecto ante el riesgo de condenas obligatorias y un trato desigual frente a la legislación vigente.
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Pronunciamiento de la ONU sobre la ley de pena de muerte contra palestinos aprobada por Israel. Foto: @ACNUDH_Palestina
Una ruptura en el sistema judicial tras la ley israelí
La Knéset ratificó la reforma con 62 votos frente a 48. El texto establece el ahorcamiento como castigo para palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo en tribunales militares. La normativa exige ejecuciones en un plazo de 90 días y limita drásticamente los indultos; además, excluye a los ciudadanos judíos.
Benjamín Netanyahu acudió al pleno para respaldar la iniciativa de Itamar Ben-Gvir, su socio de extrema derecha. El primer ministro consolidó así una promesa de la coalición gobernante que pone fin a décadas de contención estatal. Tras el conteo, el ministro de Seguridad Nacional celebró el resultado bajo la premisa de que habían "hecho historia". El país no aplica la pena capital desde 1962.
Matti Sarfatti, diputado de Yesh Atid, lideró la oposición al calificar la medida como "populista, inmoral" y "no igualitaria". Según EFE, el legislador sostiene que la norma resulta abiertamente inconstitucional. Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya presentó una impugnación ante la Corte Suprema. AP y Reuters anticipan que este organismo judicial iniciará una revisión exhaustiva debido a las alertas sobre la vulneración de derechos fundamentales en el nuevo marco legal.
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Pronunciamientos en contra de la ley israelí por discriminación
De acuerdo al medio Al Jazeera, Amnistía Internacional exige la derogación de esta enmienda tras calificarla como una "muestra pública de crueldad" y un acto de discriminación flagrante. Su directora sénior de investigación, Erika Guevara-Rosas, sostiene que el marco legal expande la pena capital a pesar de la tendencia global hacia su abolición, lo que desmantela garantías esenciales del debido proceso. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores de Irlanda, bajo la tutela de Helen McEntee, condena la normativa por su carácter perjudicial de facto contra la población palestina.
En el ámbito europeo, Antonio Tajani lidera la presión diplomática de Italia junto a potencias como Alemania, Francia y Reino Unido tras advertir que el proyecto socava principios democráticos fundamentales. El funcionario italiano defiende que la vida constituye un "valor absoluto" y califica la sanción como un castigo inhumano. Asimismo, Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, define la medida como un "grave retroceso" incompatible con el Estado de derecho por su aplicación selectiva.
Desde la esfera palestina, Hamás denuncia un "precedente peligroso" que vulnera el derecho internacional y pone en riesgo a los prisioneros en cárceles israelíes. Mustafa Barghouti alerta sobre la gravedad de este avance legislativo, al cual señala como reflejo de un giro fascista en el sistema político actual. Finalmente, el Centro Palestino para los Derechos Humanos repudia la ley "en los términos más enérgicos" porque consolida ejecuciones extrajudiciales bajo una apariencia de legalidad técnica.
