Aprobación de la pena de muerte para palestinos en Israel genera rechazo de la ONU, la UE y más entes internacionales

A excepción de EE.UU., la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y más entes internacionales condenan y exigen la revocación de la norma aprobada por la Knéset, el Parlamento israelí, que habilita la pena de muerte para palestinos de Cisjordania, al considerarla “discriminatoria” e incompatible con las obligaciones internacionales de Tel Aviv. La decisión provocó rechazo inmediato en Europa, donde autoridades lo calificaron como un “gran paso atrás”, subrayando su impacto en los derechos fundamentales y el aumento de la segregación contra la población palestina.

La representación del ACNUDH reiteró que Naciones Unidas “se opone a la pena de muerte” en cualquier circunstancia y alertó que la disposición se aplicaría exclusivamente en territorios ocupados. Expertos del organismo ya habían advertido desde febrero que la iniciativa implicaba condenas obligatorias, trato desigual y posibles castigos crueles. En esa línea, el alto comisionado de DD.HH. señaló que su eventual aplicación podría constituir “un crimen de guerra”, reforzando la presión internacional para frenar la medida.

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Una ruptura en el sistema judicial tras la ley israelí

La Knéset ratificó la reforma con 62 votos frente a 48. El texto establece el ahorcamiento como castigo para palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo en tribunales militares. La normativa exige ejecuciones en un plazo de 90 días y limita drásticamente los indultos; además, excluye a los ciudadanos judíos.

Benjamín Netanyahu acudió al pleno para respaldar la iniciativa de Itamar Ben-Gvir, su socio de extrema derecha. El primer ministro consolidó así una promesa de la coalición gobernante que pone fin a décadas de contención estatal. Tras el conteo, el ministro de Seguridad Nacional celebró el resultado bajo la premisa de que habían "hecho historia". El país no aplica la pena capital desde 1962.

Matti Sarfatti, diputado de Yesh Atid, lideró la oposición al calificar la medida como "populista, inmoral" y "no igualitaria". Según EFE, el legislador sostiene que la norma resulta abiertamente inconstitucional. Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya presentó una impugnación ante la Corte Suprema. AP y Reuters anticipan que este organismo judicial iniciará una revisión exhaustiva debido a las alertas sobre la vulneración de derechos fundamentales en el nuevo marco legal.

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Pronunciamientos en contra de la ley israelí por discriminación

De acuerdo al medio Al Jazeera, Amnistía Internacional exige la derogación de esta enmienda tras calificarla como una "muestra pública de crueldad" y un acto de discriminación flagrante. Su directora sénior de investigación, Erika Guevara-Rosas, sostiene que el marco legal expande la pena capital a pesar de la tendencia global hacia su abolición, lo que desmantela garantías esenciales del debido proceso. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores de Irlanda, bajo la tutela de Helen McEntee, condena la normativa por su carácter perjudicial de facto contra la población palestina.

En el ámbito europeo, Antonio Tajani lidera la presión diplomática de Italia junto a potencias como Alemania, Francia y Reino Unido tras advertir que el proyecto socava principios democráticos fundamentales. El funcionario italiano defiende que la vida constituye un "valor absoluto" y califica la sanción como un castigo inhumano. Asimismo, Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, define la medida como un "grave retroceso" incompatible con el Estado de derecho por su aplicación selectiva. En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, denunció en X: “Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el ‘apartheid’”. El portavoz comunitario de Bruselas, Anouar El Anouni, también se sumó.

Desde la esfera palestina, Hamás denuncia un "precedente peligroso" que vulnera el derecho internacional y pone en riesgo a los prisioneros en cárceles israelíes. Mustafa Barghouti alerta sobre la gravedad de este avance legislativo, al cual señala como reflejo de un giro fascista en el sistema político actual. Finalmente, el Centro Palestino para los Derechos Humanos repudia la ley "en los términos más enérgicos" porque consolida ejecuciones extrajudiciales bajo una apariencia de legalidad técnica.