Estados Unidos deja sin TPS a más de 600.000 venezolanos y reaviva temor de deportaciones
La suspensión del Estatus de Protección Temporal convierte a cientos de miles de venezolanos en sujetos de deportación. Activistas advierten que Washington devuelve a personas perseguidas por el régimen de Maduro.
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Miles de venezolanos comenzaron a abandonar Estados Unidos tras la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que expone a más de 600.000 personas a procesos de detención o deportación. La decisión, implementada por la administración de Donald Trump, representa el mayor retiro de protección migratoria en la historia reciente del país.
El 8 de noviembre de 2025 venció oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a los venezolanos desde 2021. La medida impacta a dos grupos principales: 252.825 beneficiarios de la primera designación y 352.190 añadidos durante la ampliación de 2023, según datos del Congreso estadounidense. En conjunto, 605.015 ciudadanos venezolanos quedaron sin amparo migratorio legal.
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El fin de una protección clave
La expiración del TPS no solo implica la pérdida de un estatus migratorio; significa también el fin de una etapa de relativa estabilidad para cientos de miles de personas que habían logrado insertarse laboral y socialmente en Estados Unidos. La protección, otorgada por primera vez durante la administración Biden, respondió a la crisis humanitaria que vive Venezuela desde hace más de una década.
Con la revocación, muchos se ven forzados a abandonar sus trabajos, suspender estudios o cancelar proyectos familiares. Para otros, comienza una carrera contrarreloj para intentar ajustar su estatus migratorio a través de visas, asilo o peticiones familiares, mientras enfrentan la amenaza constante de una posible detención.
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Consecuencias legales y sociales inmediatas
La expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) conlleva consecuencias inmediatas, como la anulación del permiso de trabajo, la suspensión de licencias, la caducidad de seguros médicos y la imposibilidad de tramitar renovaciones migratorias. Asimismo, quienes no consigan regularizar su situación migratoria pasarán a estar en condición irregular, quedando vulnerables a operativos de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La cancelación también interrumpe procesos de arraigo construidos durante años. Según la American Immigration Council, cerca del 90% de los venezolanos con TPS estaban empleados formalmente hasta septiembre. Muchos de ellos contribuían activamente a la economía local y contaban con arraigo familiar y comunitario.
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Contradicciones en la política exterior de EE. UU.
La eliminación del TPS ocurre mientras el propio Departamento de Estado mantiene advertencias severas contra viajar a Venezuela, señalando riesgos de detención arbitraria, tortura, violencia y un colapso institucional generalizado. Sin embargo, la misma administración que emite estas alertas impulsa la deportación de miles de personas hacia ese contexto.
La Casa Blanca ha defendido la decisión argumentando que Venezuela ha mostrado "mejoras sustanciales", aunque informes de organismos internacionales y organizaciones como Human Rights Watch lo desmienten. Persisten las denuncias de represión política, deterioro económico y fallas estructurales en servicios esenciales.
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Reacciones desde la oposición venezolana
El día en que expiró el TPS, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia difundieron un comunicado conjunto pidiendo al gobierno de EE. UU. y al Congreso reconsiderar la medida. Subrayaron el riesgo humanitario y legal de deportar a miles de personas que huyeron de un régimen autoritario.
Ambos dirigentes reiteraron que el compromiso de la oposición es lograr que Venezuela vuelva a ser un país al que sus ciudadanos puedan regresar en libertad. “Ser venezolano no puede ser sinónimo de refugiado”, afirmaron, e insistieron en la necesidad de un nuevo estatus migratorio que brinde protección temporal a sus compatriotas.
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Una presión adicional sobre el sistema migratorio
La finalización del TPS también representa un desafío para el ya sobrecargado sistema migratorio estadounidense. Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), hay más de tres millones de casos pendientes en cortes migratorias, y al menos 1,5 millones de ellos corresponden a solicitudes de asilo.
En este contexto, se ha registrado un aumento en la demanda de asesoría legal y solicitudes de otras vías migratorias como visas estudiantiles, laborales o matrimoniales. Sin embargo, el acceso a estas alternativas no está garantizado y depende de múltiples factores legales, económicos y personales.
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Una política temporal sin solución de fondo
El caso de los venezolanos pone en evidencia las limitaciones del TPS como herramienta de política migratoria. Aunque fue creado como mecanismo temporal para atender situaciones excepcionales, se ha convertido en un parche frente a la falta de una reforma migratoria integral, pendiente desde hace más de dos décadas.
Mientras tanto, una de las comunidades más activas y numerosas de América Latina en Estados Unidos se encuentra ante una encrucijada. Con pocas opciones legales, muchos deben decidir entre quedarse y arriesgarse a la deportación o comenzar de nuevo en otro país. La presión sobre el Congreso y la Casa Blanca para ofrecer una solución definitiva crece con cada día que pasa.




















