“Sube el diésel, sube todo”: Ecuador entre el fuego de la crisis y la voz de resistencia

Desde hace semanas, Ecuador vive en tensión constante. Lo que comenzó como una protesta por la eliminación del subsidio al diésel se transformó en enfrentamientos que han dejado heridos, detenidos y una sensación de incertidumbre desde la sierra hasta la costa. Las ciudades respiran con cautela: en los mercados los precios suben sin aviso, los autobuses circulan con menos frecuencia y en los pueblos andinos el combustible se raciona como si fuera pan.

La República conversó con Yaku Pérez, líder indígena y excandidato presidencial del Ecuador y Viviana Erazo, periodista ecuatoriana, quienes coincidieron en que las protestas no solo responden al alza del diésel, sino a una crisis estructural que afecta a los sectores más vulnerables. Mientras la capital se paraliza, las comunidades sienten una desconexión total con el gobierno, lo que refleja un malestar acumulado y una creciente desesperanza.

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El diésel sube, la paciencia se agota y Ecuador se enciende en protestas

El 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa anunció el fin del subsidio al diésel, argumentando que la medida permitiría ahorrar US$1.100 millones al año y destinar esos fondos a programas sociales y de producción nacional. El precio del combustible pasó de US$1,80 a US$2,80 por galón, un aumento del 56%.

Para Erazo, “la eliminación de estos subsidios y la liberación de los precios de la gasolina ha afectado a la gente trabajadora.” La periodista señala que el impacto no solo es económico, sino también social: "La medida no consideró la realidad rural del país. El gobierno habla de cifras, pero en las comunidades se habla de hambre".

La decisión generó rechazo inmediato. Organizaciones campesinas y de transporte advirtieron que el incremento afectaría a los sectores con menos recursos, elevando los precios de alimentos y transporte. En respuesta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó el 18 de septiembre a un paro nacional “inmediato e indefinido”. Las carreteras se cerraron con piedras y troncos, los mercados redujeron su actividad y se reportaron daños en la infraestructura vial.

En palabras de Yaku Pérez, “al subir el diésel, suben los pasajes, y al subir los pasajes sube todo: los alimentos, los artículos básicos, la vida entera. Ese es el lema de las protestas: ‘Sube el diésel, sube todo’.” Pérez sostiene que lo que se vive es una fractura profunda entre la población indígena y los gobiernos de turno: “No se trata solo de precios, se trata de dignidad”.

Las manifestaciones se extendieron con el paso de los días y se registraron choques en varias provincias. Los dos gobiernos anteriores también habían intentado eliminar los subsidios sin éxito, ante el costo político que suponía. Noboa, sin embargo, insistió en que la medida no sería revertida. “Quienes opten por la violencia enfrentarán la ley. Quienes actúen como criminales serán tratados como criminales”, publicó en X el domingo 28 de septiembre.

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Efraín Fuerez, el nombre que convirtió la protesta en un grito de justicia

El 28 de septiembre, en Cotacachi, provincia de Imbabura, murió Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha. La CONAIE denunció que fue alcanzado por un proyectil durante una manifestación y responsabilizó a las Fuerzas Armadas. Las autoridades no confirmaron esa versión.

La muerte de Fuerez se produjo mientras el Gobierno extendía el estado de excepción a diez de las veinticuatro provincias, y suspendía por sesenta días el derecho a la libertad de reunión. La víctima fue recordada en las marchas que siguieron a lo largo de la semana, y su nombre se convirtió en uno de los más mencionados en los discursos de los líderes indígenas.

Las visiones de Erazo y Yaku Pérez, coinciden en señalar que la muerte de Efraín representa un símbolo de resistencia. “Su memoria está viva; no ha muerto en los corazones de los pastorianos. Es una bandera de lucha.” 

El episodio en Cañar que encendió la disputa entre Gobierno y movimiento indígena

El 7 de octubre, durante la visita de Daniel Noboa al municipio de El Tambo, en la provincia de Cañar, el convoy presidencial fue atacado. Según la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, unas 500 personas lanzaron piedras contra el vehículo en el que se desplazaba el presidente, y se encontraron “signos de bala” en una de las ventanas. El mandatario resultó ileso.

El Gobierno calificó el hecho como un intento de asesinato y lo presentó como evidencia de la “violencia orquestada” en las manifestaciones. Sin embargo, una verificación técnica realizada por BBC Verify, determinó que no hay evidencia suficiente para concluir que se produjeron disparos. Especialistas en balística consultados por la BBC señalaron que los daños visibles eran más consistentes con impactos de piedras o proyectiles lanzados a mano.

El incidente ocurrió en medio del estado de excepción, con presencia militar en varias provincias. La CONAIE denunció que cinco de sus miembros fueron detenidos tras el suceso y acusó a las fuerzas de seguridad de ejercer una represión “brutal” y “violencia orquestada contra el pueblo movilizado”. En redes sociales circuló un video que muestra a cuatro agentes arrestando a una mujer con vestimenta tradicional indígena.

Los cinco manifestantes arrestados en El Tambo, provincia de Cañar, fueron acusados de terrorismo e intento de asesinato. Las autoridades informaron que serían procesados por la vía penal ordinaria, mientras que las organizaciones indígenas exigieron su liberación inmediata, señalando que se trató de detenciones arbitrarias.

Para Yaku Pérez, estas detenciones no tienen fundamento: "Los cinco detenidos no eran terroristas, eran artistas." Y agregó: "Se está criminalizando el pensamiento. Pensar distinto al gobernante se ha vuelto un crimen." La criminalización de las protestas y las detenciones arbitrarias siguen siendo un tema central en las denuncias de los manifestantes.

La CONAIE denunció también que entre los agredidos había mujeres de la tercera edad, y pidió la intervención de organismos internacionales para verificar las condiciones de los detenidos. En paralelo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por lo que considera un deterioro en la protección de los derechos humanos en el país. En un comunicado, la organización advirtió sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza, posibles detenciones arbitrarias y procesos judiciales que podrían ser abusivos.