Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador por protestas indígenas contra el alza del diésel
La crisis del combustible amenaza con agravar la recesión y desatar un nuevo estallido en Ecuador. Mientras Noboa insiste en “no subsidiar el derroche”, los sectores rurales denuncian que el ajuste golpea a los más pobres.
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El presidente Daniel Noboa decretó el último sábado 4 de octubre un nuevo estado de excepción en Ecuador debido a la “grave conmoción interna” provocada por las protestas indígenas contra el alza del precio del diésel. La medida, que regirá por 60 días, abarca 10 de las 24 provincias, incluyendo Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, epicentros de las movilizaciones lideradas por la Conaie.
Según el decreto, el gobierno ecuatoriano busca “restablecer el orden y garantizar la libre circulación”. El mandatario justificó la decisión bajo el argumento de que los bloqueos de carreteras y los ataques a instalaciones públicas representan “una amenaza para la seguridad nacional”. De esta manera, las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a colaborar con la Policía Nacional en el control del orden público, una acción que diversos sectores consideran riesgosa ante el recuerdo de los episodios de represión de años anteriores.
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El conflicto se desató tras la eliminación parcial del subsidio al diésel y a la gasolina extra, medida anunciada por el Ejecutivo como parte de un plan de ajuste económico respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Noboa argumentó que la reducción del gasto en combustibles es necesaria para equilibrar las cuentas fiscales, pero las organizaciones indígenas sostienen que la medida golpea a los sectores rurales y productivos más vulnerables.
Corte Constitucional limita poderes de Noboa en medio de protestas
La Corte Constitucional de Ecuador revisó el decreto de excepción y advirtió que el Ejecutivo debe respetar los derechos de manifestación y la libertad de expresión. Aunque avaló parcialmente la medida, estableció límites en el uso de la fuerza y pidió informes periódicos sobre su aplicación.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, rechazó el decreto y denunció que “el gobierno está respondiendo con militarización y no con diálogo”. Vargas exigió la suspensión del alza del diésel y advirtió que las comunidades continuarán las movilizaciones “hasta que se derogue la medida”.
Diversos colectivos sociales y defensores de derechos humanos alertaron sobre posibles abusos policiales durante los operativos. Según organizaciones locales, se registraron detenciones en Quito y enfrentamientos en zonas rurales del centro del país.
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Ecuador revive los fantasmas de 2019 y 2022 con nuevas jornadas de bloqueos
El clima de tensión social recuerda las grandes protestas de 2019 y 2022, ocurridas durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente. En ambas ocasiones, el intento de reducir el subsidio a los combustibles desató semanas de bloqueos y enfrentamientos que paralizaron al país.
En Quito, los transportistas y agricultores se sumaron a los reclamos indígenas, bloqueando rutas estratégicas como la Panamericana Sur. Comerciantes y pequeñas empresas advirtieron pérdidas económicas, mientras el Ejecutivo apeló a la calma e insistió en que no habrá marcha atrás en las medidas económicas.
La crisis del combustible ha incrementado los costos logísticos y amenaza con agravar la recesión económica. Noboa, sin embargo, sostuvo que el Estado “no puede seguir subsidiando el derroche” y prometió focalizar la ayuda “en quienes realmente la necesitan”.
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