Nuevo golpe de Trump: gobierno de EEUU busca acabar con las protecciones básicas de los niños inmigrantes
La administración de Donald Trump busca revocar un acuerdo que impactaría las protecciones para niños inmigrantes en Estados Unidos; la medida provoca controversia sobre el bienestar infantil.
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El gobierno de Trump busca acabar con el Acuerdo de Flores que protege a los niños inmigrantes en Estados Unidos. | Composición LR
La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un esfuerzo por desmantelar el Acuerdo de Flores, una política migratoria fundamental que garantiza derechos y salvaguardas esenciales para los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Esta acción ha provocado inquietud entre grupos defensores de los derechos humanos y expertos legales, quienes expresan su preocupación por las repercusiones en el bienestar de los menores.
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El Acuerdo de Flores, un decreto de consentimiento que data de 1997, establece restricciones al tiempo de detención de los menores por parte de las autoridades migratorias y exige que el gobierno les proporcione alimentación adecuada, agua y vestimenta limpia. El intento de Donald Trump por poner fin a este pacto, algo que ya se anticipaba, reafirma una línea de acción previa de su gobierno. La moción presentada por el Departamento de Justicia argumenta que el acuerdo debe ser "completamente" terminado, alegando que incentiva los cruces fronterizos no autorizados e impide una detención y remoción familiar efectiva.
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El Acuerdo de Flores: un pilar de los derechos de los niños inmigrantes en Estados Unidos
El Acuerdo de Flores se erige como una medida crucial para la protección de los niños inmigrantes en Estados Unidos. Desde su concepción en 1997, este pacto ha sido el baluarte que limita el periodo de detención de menores por las autoridades migratorias, y a la vez, garantiza condiciones básicas de bienestar como acceso a comida, agua y ropa limpia. La iniciativa lleva el nombre de Jenny Flores, una joven de 15 años que huyó de la guerra civil en El Salvador y fue parte de una demanda colectiva que denunció el maltrato generalizado de menores bajo custodia en la década de 1980.
Abogados y defensores han utilizado este acuerdo con éxito en varias ocasiones para litigar contra el gobierno y poner fin a situaciones de abuso o negligencia hacia los niños inmigrantes. Un ejemplo notorio fue una demanda en 2018 que reveló la administración de medicamentos psicotrópicos a menores no acompañados sin el consentimiento informado.
Acciones de la administración Trump y el debate humanitario en Estados Unidos
La intención de poner fin a las protecciones establecidas en el Acuerdo de Flores se suma a una serie de políticas implementadas por la administración de Donald Trump que tuvieron un impacto directo en los niños. Previamente, se reactivó la práctica de mantener a menores junto a sus padres en centros de detención familiar. Grupos de defensa de la inmigración presentaron una demanda colectiva en la que alegaron que niños no acompañados permanecieron en instalaciones gubernamentales debido a directrices que dificultaban en extremo que sus familiares en Estados Unidos asumieran su custodia.
Adicionalmente, el presidente y algunos legisladores procuraron restringir el acceso de los menores no acompañados a servicios legales, y dificultar que las familias en detención obtuvieran asistencia jurídica. Mishan Wroe, abogada del National Center for Youth Law, calificó de "inaceptable" la "evisceración de las protecciones rudimentarias" de estos menores, resaltando que "bebés y niños pequeños están siendo detenidos en detención familiar, y niños en todo el país son detenidos y separados innecesariamente de sus familias".
Historial de impugnaciones y la perspectiva actual sobre los inmigrantes en Estados Unidos
La administración de Donald Trump intentó disolver el Acuerdo de Flores en 2019, pero un juez desestimó su moción. Posteriormente, durante la administración Biden, un juez federal accedió a levantar parcialmente las protecciones de supervisión en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, aunque el acuerdo conserva su vigencia en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sergio Perez, director ejecutivo del Center for Human Rights and Constitutional Law, expresó que a los "niños que buscan refugio en nuestro país se les debería recibir con los brazos abiertos, no con encarcelamiento, privación y abuso".
Recientemente, en 2024, un tribunal dictaminó que la CBP había incumplido el acuerdo al detener a niños y familias en sitios de detención al aire libre en la frontera sur de Estados Unidos, sin acceso adecuado a higiene, atención médica, alimentos, agua o mantas. En algunos casos, los menores buscaron refugio en baños portátiles para resguardarse de las altas temperaturas y el frío intenso.
