Expertos advierten que agenda ambiental sigue relegada en pleno proceso electoral

Especialistas, sociedad civil y representantes sectoriales analizaron el impacto del cambio climático, la gestión de recursos y las brechas territoriales.

Problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la inseguridad mantienen una relación directa con la falta de atención a los temas ambientales.
Problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la inseguridad mantienen una relación directa con la falta de atención a los temas ambientales.

En un contexto marcado por el proceso electoral y los crecientes desafíos ambientales, especialistas, representantes de la sociedad civil, líderes indígenas y actores del sector productivo coincidieron en que la agenda ambiental sigue sin ocupar un lugar prioritario en el debate público.

Durante un espacio de diálogo convocado desde la academia, Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INTE PUCP) advirtió que los temas ambientales aún no ocupan un lugar prioritario en la agenda pública, pese a su relación con problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la inseguridad.

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Desde la organización del evento, se señaló que problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la inseguridad mantienen una relación directa con la falta de atención a los temas ambientales. El encuentro se estructuró en tres ejes: diagnóstico académico, aportes de la sociedad civil y presentación de propuestas políticas.

Diagnóstico: presión sobre ecosistemas y falta de implementación

En el bloque académico, se advirtió que la Amazonía enfrenta altos niveles de vulnerabilidad, con procesos de deforestación, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad y expansión de economías ilegales. Según lo expuesto, el país pierde alrededor de 150 mil hectáreas de bosques al año, impulsado por actividades como la agroindustria, el narcotráfico, la minería ilegal y el desarrollo de infraestructura.

En el frente agrario, se planteó la necesidad de definir el rumbo del sector, en medio de cuestionamientos a los beneficios tributarios otorgados a grandes agroexportadoras. Se puso énfasis en la gestión sostenible del suelo, la restauración de tierras degradadas y la seguridad alimentaria, así como en los efectos del despoblamiento rural.

Respecto al ámbito marino, se alertó sobre riesgos asociados a la expansión de la flota artesanal, la informalidad y la sobreexplotación de recursos, además de la pesca de especies juveniles y la contaminación en zonas portuarias.

Desde una perspectiva climática, se advirtió que el cambio climático impacta de forma transversal, generando sequías, inundaciones, pérdida de glaciares y efectos en la salud pública. Si bien el país cuenta con marcos normativos, el principal reto sigue siendo su implementación efectiva.

Brechas, informalidad y falta de políticas

En el segundo bloque, representantes de distintos sectores coincidieron en la ausencia de políticas públicas eficaces. Líderes indígenas señalaron retrocesos en derechos y baja visibilidad en la agenda política, mientras que desde el sector agrario se advirtió que la agricultura familiar enfrenta mayores riesgos por el cambio climático y la falta de apoyo estatal.

En el ámbito pesquero, se mencionaron las dificultades para la formalización y el escaso reconocimiento del aporte de los pescadores artesanales, en un contexto de presión sobre los ecosistemas marinos.

Desde el sector empresarial, se planteó la necesidad de abordar la sostenibilidad de manera integral, articulando esfuerzos entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, con énfasis en combatir la ilegalidad y adaptarse a estándares internacionales.

Propuestas de medio ambiente en debate electoral

En la etapa final, representantes de diversas agrupaciones políticas presentaron propuestas vinculadas a agua, agricultura, minería y cambio climático. Entre los puntos en común destacaron la necesidad de mejorar el acceso a recursos hídricos, fortalecer la fiscalización ambiental y cerrar brechas entre agroexportación y agricultura rural.

Asimismo, se planteó el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en 2026 y el impulso de procesos de formalización, así como la integración de políticas de calidad del aire y salud pública.

El encuentro evidenció coincidencias en torno a los principales desafíos ambientales del país, pero también la persistencia de vacíos en la agenda pública, en un escenario donde las decisiones que se tomen en el proceso electoral serán clave para definir el modelo de desarrollo a futuro.

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