José Jerí tras aprobación de dictamen que amplía el Reinfo: "Era lo mejor que conseguimos como punto medio"

Tras la aprobación del dictamen que autoriza una nueva prórroga del Reinfo hasta fines del 2026, el presidente José Jerí se refirió a la decisión del Pleno del Congreso. Según dijo, hay conformidad respecto a que se hayan considerado las propuestas del Poder Ejecutivo como extender el registro por un año y retirar las disposiciones que hacían alusión al retorno de los 50.565 mineros excluidos del proceso.

"Hay que dejar en claro los puntos principales que planteó el Gobierno. Es decir, que sea un año (ampliación del Reinfo), reincorporar a los 50.000 que ya habían sido excluidos, entre otros aspectos, nos ha dejado conformes con el dictamen que se ha aprobado y que tiene que ser materia de segunda votación en la Comisión Permanente"; explicó a la prensa luego de participar en la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.

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Para Jerí, el Parlamento ha entendido que, si bien, hay una problemática que los mineros reclaman en las calles, se tiene que velar por el Estado de derecho. En su opinión, lo ideal hubiera sido no tener que apelar a una nueva ampliación del Reinfo, sin embargo, el texto sustitutorio respaldado por 60 legisladores es "lo mejor que pudieron conseguir como punto medio".

Ahora, la pelota está en la cancha de la Comisión Permanente, instancia que sesionará a partir del 16 de diciembre hasta el 27 de febrero del próximo año. Y es que, el cierre de la actual legislatura se tuvo que adelantar porque el sábado 6 inician los trabajos de remodelación del Hemiciclo de cara al funcionamiento del próximo Congreso bicameral.

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Confemin no está satisfecho, pero pide acelerar aprobación de norma

En declaraciones a La República, tanto Máximo Franco Bequer como Magno Palomino se mostraron insatisfechos con la decisión adoptada por el Poder Legislativo en primera votación. Recalcaron que la prórroga de un año adicional será insuficiente para elaborar una Ley Mape y le generará dificultades a las próximas autoridades.

"No estamos satisfechos. En ese tiempo, no va a ocurrir nada y eso nos invita a que, de acá a un año, volvamos a estar en las calles. Es una pena que el Congreso no tenga esa responsabilidad de hacer las cosas bien. Bueno, no estamos de acuerdo, pero es lo que hay. Mas bien, que de una vez la aprueben en segunda votación para irnos", declaro a este medio Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.

A su turno, Palomino sostuvo que se ha impuesto el plazo propuesto por el Poder Ejecutivo y detalló que se quedarán en Lima hasta que se ratifique la norma en la Comisión Permanente. Levantó su voz de protesta por el silencio del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, quien no les ha facilitado un espacio de diálogo a su gremio.

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Reinfo: ampliación no resuelve problema de fondo

En conversación con este medio, el abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, señaló que no resulta una sorpresa la posición del gobierno respecto a avalar una prórroga adicional del Reinfo y no permitir la reincorporación de mineros excluidos del registro. Con ello, queda descartado la posibilidad de observar la norma y recurrir al Tribunal Constitucional para interponer una demanda, como lo había declarado el premier Ernesto Álvarez.

"Lo que sí me preocupa son algunos temas que han salido de la discusión. Por ejemplo, la congresista Echaíz dijo claramente que debería eliminarse la exención de responsabilidad penal para los mineros del Reinfo, pero esto no se ha considerado en el debate (...) Tanto el Ejecutivo como el Congreso son cómplices de continuar en la misma situación (de la minería informal)", agregó.

Para Nury García, co-coordinadora del grupo de trabajo MAPE de la Red Muqui , el problema de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal no se resolverá con tan solo ajustar los plazos. Puso como ejemplo, que durante este año, solo 8 mineros culminaron con este proceso, lo que demuestra la existencia de un sistema fallido desde su origen.

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Si bien miles de familias dependen de la MAPE, la decisión del Congreso reproduce este círculo de ampliaciones que representan una oportunidad desperdiciada. En su opinión, se deben corregir temas de fondo relacionadas con el régimen de concesiones, la ausencia de políticas de ordenamiento territorial, una institucionalidad fragmentada y proceso fallidos.

"El problema es que tanto el Congreso como el Ejecutivo se están centrando en la cuestión de plazos, pero el fondo del problema no lo tocan. Se armó un esquema legal para formalizar a la MAPE que no considera las condiciones reales para que los mineros avancen y los trámites han sido pensados para la gran minería"; aseveró la socióloga.

Bajo su análisis, una vez que se apruebe la norma en la Comisión Permanente, ésta será promulgada por el Poder Ejecutivo y continuará la repetición de una política minera que ha fracasado y que responde más a situaciones coyunturales. Para García, no se puede dejar de tomar en cuenta la campaña electoral que empieza a tomar fuerza en la búsqueda de votos de un importante sector como la MAPE.