Reinfo: IIMP rechaza posible extensión del registro hasta fines del 2027 y reincorporación de mineros excluidos

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) exhortó a las bancadas a adoptar medidas que garanticen objetividad en el debate sobre la ampliación del Reinfo. Además, se mostraron en contra de una posible reincorporación de los titulares excluidos.

Este jueves 4 de diciembre, el Pleno podría aprobar una nueva prórroga del Reinfo por dos años más. Foto: composición LR/Confemin/Congreso
Este jueves 4 de diciembre, el Pleno podría aprobar una nueva prórroga del Reinfo por dos años más. Foto: composición LR/Confemin/Congreso

Ante la cercanía del debate de una nueva ampliación del Reinfo en el Pleno del Congreso, siguen apareciendo más voces en contra de este dictamen de la Comisión de Energía y Minas. Esta vez, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), consideró que, de aprobarse, dicha medida resultaría errática y nociva

Y es que, la norma trae consigo la reincorporación de los más de 50.000 operadores que incumplieron requisitos mínimos de seguridad, cuidado ambiental y no acreditaron actividades por más de un año. A ello hay que sumarle que, apenas, el 4% de un universo de 50.565 presentó sus pedidos de reconsideración a través de la vía administrativa.

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"El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) invoca a las bancadas políticas del Poder Legislativo a integrar una veeduría que garantice la objetividad y rigor técnico en el debate sobre el Reinfo, ante las diversas informaciones que dan cuenta de la filiación política de cientos de titulares del Reinfo en diversas agrupaciones partidarias", indicaron desde el IIMP.

Como se recuerda, la Junta de Portavoces ha decidido priorizar el dictamen que propone una prórroga del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2027. En consecuencia, la propuesta del grupo de trabajo que preside Víctor Cutipa podría ser discutida este mismo jueves 4 de diciembre en la máxima instancia del Parlamento.

Reinfo no se puede seguir perpetuando

Para el IIMP, el Registro Integral de Formalización Minera ha sido utilizado por mafias dedicadas a la minería ilegal, ocasionando graves impactos ambientales, sociales y económicos, así como graves atentados contra los derechos humanos. En opinión de esta entidad, no se pueden perpetuar plataformas administrativas que no conducen a la formalización real.

En su lugar, debería elaborarse una ley moderna e integral que impulse la evolución de la pequeña minería y la minería artesanal, con empleo de calidad, condiciones seguras y reglas claras que contribuyan al desarrollo del país. En ese sentido, reiteraron su llamado al Poder Ejecutivo para que asista a los más de 2.000 mineros que han avanzado en su proceso de formalización.

"El IIMP reafirma su disposición a contribuir con propuestas técnicas que fortalezcan la formalización minera y garanticen una minería responsable, competitiva y alineada con el bienestar de todos los peruanos. A su vez, reitera su rechazo a medidas que fomentan la impunidad ante delitos ambientales y que contravienen el fortalecimiento institucional del Estado", enfatizaron.

Exigen archivar ampliación del Reinfo

Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) alertaron que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas quebrantaría el orden constitucional al plantear que quienes incumplan sus obligaciones y no controlan los impactos ambientales de sus actividades no puedan ser sancionados ni retirados del Reinfo.

"En el Reinfo se inscribieron más de 80.000 sujetos al proceso de formalización minera. Sin embargo, menos del 2% ha culminado su registro, lo que significa que más del 98% continúa operando fuera de los estándares ambientales y legales, incluso después de sucesivas y cuestionadas prórrogas. Esto genera graves afectaciones a los ecosistemas, a la calidad del agua y a la salud y seguridad de miles de peruanos", señalaron.

Para el Observatorio, una nueva prórroga del Reinfo permitiría que miles de operadores sigan operando sin contar con instrumentos de gestión ambiental aprobados, sin la autorización para el uso de agua, sin la certificación de insumos regulados y sin las obligaciones de remediación. Esta situación infringe el principio de prevención, así como el derecho de cada individuo a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado.

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