Minería ilegal de oro superaría a la legal este 2025: exportaciones crecen sin medidas de control, según IPE
El IPE alertó que, desde el 2019, los envíos de origen ilícito se han multiplicado por cuatro, mientras que los legales solo se han duplicado. Para especialista, la minería ilegal es también un problema social y ambiental grave.
La República en GoogleLa minería ilegal se ha convertido en una de las mayores economías criminales del país, superando al narcotráfico y otras que operan por fuera de la ley. Según María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de esta actividad ilícita vinculada al oro estarían por igualar a las legales, e incluso podrían superarlas si es que no se implementa un control.
Basta mirar las cifras. Desde el 2019, los despachos de origen ilegal se han multiplicado por cuatro, mientras que los legales solamente se han duplicado. Según Ormeño, la exportación de oro ilícito tiene una proyección de hasta US$12.000 millones, lo que representa entre 105 y 115 millones de toneladas.
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“Ahí estamos viendo un crecimiento bastante marcado de las exportaciones ilegales, y hay un tema importante, es que este análisis no está tomando en cuenta el oro que se va por contrabando, por ejemplo, a países como Bolivia, ese forado es muy difícil de calcular, no hay data, además que las pequeñas mineras no dicen cuánto están produciendo realmente”, agregó.
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La problemática no se limita al oro, puesto que también se han detectado señales de minería ilegal de cobre en áreas como Puno, donde la cantidad de plantas procesadoras ha aumentado seis veces en los últimos diez años. De acuerdo con Ormeño, en lo que va del 2025, se han establecido mensualmente un promedio de 82 empresas procesadoras y 52 comercializadoras, lo que demuestra un crecimiento sin precedentes de una cadena de suministro informal.
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De igual forma, alertó que la minería ilegal no es solo una amenaza económico, sino también un problema social y ambiental que se expande a gran escala, ya que está cercanamente asociada con el crimen organizado, lo que genera un incremento en los casos de violencia, extorsiones y homicidios en regiones como La Libertad, Arequipa y Madre de Dios.
“Estas zonas también coinciden con los distritos donde el Estado tiene menor presencia y menor provisión de servicios básicos. Vemos casos en Madre de Dios, Arequipa y La Libertad, donde se encuentran las mayores tasas de homicidio y reinfos suspendidos, ahí está el vínculo bastante claro y lamentable entre minería ilegal, informal y violencia”, aseveró.
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Impacto económico de la minería ilegal
La minería ilegal, sumada al narcotráfico y otras económicas informales, representarían cerca del 4% del Producto Bruto Interno Nacional, estimó la especialista del IPE. Dicho resultado supera a sectores como el turismo y evidencia un fenómeno que necesita un abordaje integral para combatir sus implicancias negativas.
“Entonces no estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de que hay un impacto bastante marcado, hasta a veces más de lo que aportan otros sectores económicos como el turismo. Este es un problema que parece que tiene para rato porque viene en aumento, y probablemente el impacto este año sea mucho mayor”, explicó.
Respecto al Reinfo que ha permitido que muchos mineros ilegales se libren de responsabilidad penal en regiones como Piura, donde más del 80% de los inscritos están suspendido, Ormeño sostuvo que el proceso de formalización ha fracasado y no existen incentivos reales para que los operadores abandonen su actuación por fuera de la ley.
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En su opinión, se deben fijar plazos claros para el Reinfo, implementar mecanismos de trazabilidad del oro e impulsar actividades económicas sostenibles que permitan reemplazar a la minería ilegal como fuente de ingreso. La solución necesitaría de una acción articulada del Estado bajo un enfoque multisectorial.
Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte informó durante su mensaje a la Nación del 2024 que renovaría la estrategia nacional contra la minería ilegal, sin embargo, no se han dado mayores avances. Por el contrario, el Poder Ejecutivo se demoró en la presentación de una solución a la problemática de la minería artesanal y se amplió por sexta vez la vigencia del Reinfo.
