Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

El dinero que fluye desde las economías criminales ya no es una sombra lejana: atraviesa la vida del peruano común, se cuela en sus rutinas, en sus calles y en sus miedos. Sobrecoge admitir que hoy casi todos conocemos —de cerca o de reojo— algún caso de extorsión que altera la calma del barrio, la estabilidad de un negocio o la confianza en las instituciones. El crimen dejó de ser una estadística; se volvió un hecho cotidiano que condiciona nuestra vida y nuestro clima político.

Según el Cuarto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia de Ipsos, cerca del 80% de adultos en el país cree que estas economías ilícitas influyen directamente en la política, una percepción que crece en las ciudades, donde la extorsión se ha extendido con especial fuerza. Allí, la preocupación llega al 78%, superando largamente a las zonas rurales.

Expertos advierten que el Perú aún no conoce la verdadera magnitud de estas redes ilegales, que operan con estructuras cada vez más sofisticadas y con capacidad para articular territorios, mercados y flujos financieros —desde el comercio exterior hasta el uso de criptomonedas—, lo que explica su persistente expansión.

Las cifras acompañan la alarma: entre enero y agosto de 2025 se registraron 18.385 denuncias por extorsión, un aumento de 29,3% respecto al mismo periodo del año previo. En solo ocho meses, el país acumuló la mitad de todas las denuncias presentadas entre 2019 y 2023. Un recordatorio claro de que este problema ya no crece en silencio.

Cálculo de ingresos ilícitos

Las estimaciones consolidadas señalan que las economías criminales en el Perú mueven más de US$15.000 millones. Dentro de este panorama:

• la minería ilegal lidera este flujo con alrededor de US$12.000 millones, según el IPE;
• la trata de personas mueve unos US$1.300 millones, según la investigación Economías Criminales en el Perú;
• el tráfico ilícito de drogas alcanza aproximadamente US$1.134 millones;
• y la tala ilegal supera los US$800 millones, según CHS Alternativo (2024).

Según el economista Dante Vera Miller, director fundador de V&C Analistas, el valor total habría superado los US$10.000 millones solo en 2022 y habría aumentado de forma significativa hacia 2025 debido a la expansión simultánea de minería ilegal, drogas, madera y trata, impulsada por financiamiento global y ausencia estatal efectiva.

Extorsión como drama social

A marzo, el 21% de los peruanos conocía a alguien o había recibido amenazas o extorsiones en los últimos tres meses y aproximadamente 5 millones de personas sufrieron un impacto económico directo del crimen organizado. Para junio, uno de cada tres peruanos sabía de negocios que cerraron por la delincuencia y más de 8 millones vivían en zonas declaradas en emergencia. La evaluación ciudadana de estas medidas, sin embargo, es mayoritariamente negativa.

El propio ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció en el Congreso que los estados de emergencia no han servido para enfrentar la extorsión. Su admisión ocurre en un contexto de paros y marchas contra el gobierno.

“Pedimos que se declare en emergencia Lima y el Callao, y la respuesta fue: ‘El Estado no tiene dinero, el costo de una emergencia nacional cuesta S/43 millones’”, reveló Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), según declaró a Noticias Trujillo 60.

“La gran pregunta es: ¿qué alternativa se está aplicando tras ese fracaso? La respuesta, hasta ahora, es ninguna”, señaló Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social SA.

Vera Miller explicó que la expansión de la extorsión es la expresión más visible del avance de una gobernanza criminal que combina brazo armado, brazo legal y brazo político. Citó ejemplos concretos: en varias ciudades del norte, bandas cobran cupos diarios a transportistas; en Puno y Madre de Dios, operadores ilegales controlan accesos a zonas mineras; y en Lima, redes migratorias capturan mercados completos, desde bodegas hasta mototaxis. “El ciudadano siente que el Estado no lo defiende; esa es la raíz del hartazgo y de la conciencia de impunidad”, afirmó.

El Observatorio de Homicidios —con cifras casi idénticas al SINADEF— registró 1.271 asesinatos a agosto de 2025: 133 mujeres y 1.138 hombres. Entre las víctimas cuya ocupación fue identificada, aparecen principalmente mototaxistas y taxistas (101), colectiveros y choferes (79), obreros y mecánicos (47), delincuentes rivales (44), trabajadores mineros (34) y vigilantes o porteros (33).
“La extorsión se ha ensañado con el sector transporte porque pueden capitalizar rápidamente el recojo de efectivo”, explicó Valdés.

La falta de transparencia agrava el panorama: el acceso a información policial sobre denuncias fue restringido, impidiendo medir avances reales contra delitos como la extorsión. Valdés —exviceministro del Interior— insistió en que la Policía debe reabrir estos registros para la ciudadanía y los medios.

La presión económica que impone la extorsión no solo golpea a los grandes corredores de transporte. También destruye pequeños negocios que sobreviven al filo de sus márgenes. Según el Ministerio Público, 22.835 denuncias por extorsión se registraron en 2024 y más de 800 casos en lo que va del 2025. En el mercado Monumental de Puente Piedra, delincuentes exigen S/30.000 mensuales a un distribuidor de tubos de PVC, quien cerró su local y cambió de domicilio para no ser atacado. Otros comerciantes reportan cobros de S/5.000 a S/6.000 por trabajar con normalidad.

Una investigación de Videnza Instituto muestra que el 78% de los negocios con puerta a la calle en Lima Este, Centro y Sur ha sido víctima de algún delito, y el 35% identifica la extorsión como su principal amenaza. Las pérdidas promedio por cupos en los últimos dos años ascienden a S/3.400, aunque algunos negocios reportan afectaciones que superan los S/7.000. En conjunto, la inseguridad les cuesta S/456.000 diarios a estos emprendimientos. Muchos han invertido en cámaras, rejas y vigilancia privada —hasta S/5.000 en dos años—, y aun así atienden con la reja cerrada, lo que reduce sus ventas en hasta 20%.

El sector transporte vive además una escalada criminal paralela: el sistema del “falso chalequeo”, una supuesta “protección” que permite evadir operativos a cambio de pagos mensuales. Según la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), una empresa puede pagar entre S/30.000 y S/50.000 solo para acceder al esquema. Una flota de 100 buses llega a desembolsar S/3.500 diarios —equivalentes a S/105.000 mensuales— por circular sin amenazas. Los extorsionadores, camuflados como “controladores” que lanzan señales a los buses, cobran entre S/0,30 y S/5 por kilómetro. Si un operativo de la ATU los afecta, grupos de hasta 50 personas atacan a los inspectores con piedras, palos o machetes. En zonas como Huaycán, el dominio de estas redes llevó a un incremento del 20% en el precio del pasaje. Solo entre diciembre y enero, nueve atentados afectaron a siete empresas formales.

La respuesta estatal ha oscilado entre propuestas impracticables —como “un policía por bus”, pese a que en Lima circulan más de 22.000 unidades formales y un número similar de informales— y medidas sin financiamiento claro. De los 50.000 policías del país, solo un 25% está activo en un momento dado por el régimen 24x24 y deben cubrir 1.400 comisarías.

En este escenario, Valdés propuso crear 100 equipos especializados de investigación criminal vinculados a las principales empresas de transporte, con capacidad de identificar patrones de extorsión y coordinar respuestas conjuntas. Una medida que —a diferencia del despliegue inoperante del estado de emergencia— apunta a atacar la estructura que sostiene al negocio criminal.

Minería ilegal como industria

El Congreso decidió ampliar por seis meses la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con la opción de otra prórroga hasta 2027. Esta medida, que traslada al Ministerio de Energía y Minas la responsabilidad de preparar una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal, fue interpretada como una victoria de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, que operan escudadas en este registro.

Vera Miller enfatizó que la minería ilegal no es un caos desordenado, sino un sistema de poder estructurado con líneas de financiamiento, reglas internas, acopiadores, plantas procesadoras y exportadores. Puso ejemplos: plantas que cambian de RUC cada dos años, casas compradoras que operan sin supervisión contable y rutas de transporte terrestre y fluvial que mueven oro sin control estatal. “Tiene trazabilidad y capacidad de captura territorial. Copta y desplaza al Estado”, alertó.

Y es que, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, solo la minería no formal en exportaciones de oro movilizará alrededor de US$12.000 millones al año y equivalentes al 4% del PBI. Esto cuadruplica su volumen desde 2019 y coloca a la minería ilegal casi al nivel de la producción legal.

Para Vera, este crecimiento se explica también por condiciones externas: la onza de oro superó los US$4.000, generando un incentivo explosivo para la extracción ilegal. A ello se suman zonas grises regulatorias, controles débiles en puertos y fronteras y una informalidad laboral que llega al 92% en regiones como Puno y Madre de Dios.

“A esta situación se añade la circulación de otros US$1.300 millones adicionales [por trata de personas], lo que dimensiona aún más la magnitud del problema y la dificultad de controlarlo dentro del marco institucional actual”, detalló Valdés. “En 2024 el Estado destinó apenas siete céntimos de sol por persona al año para combatir la trata de personas”.

En 2024, Perú exportó alrededor de 200 toneladas de oro, pero el MINEM registró la producción de 108. A ello se suma la falta de resultados del REINFO: después de casi nueve años, apenas el 2% de los inscritos logró formalizarse.

Vera cuestionó con dureza esta brecha: “¿Quién produce las 92 toneladas de diferencia? No es contrabando: son exportaciones legales con trazabilidad opaca. Hay mezcla de flujos, subdeclaraciones y lavado de dinero en el comercio del oro”. Señaló que el problema está en la falta de supervisión a plantas procesadoras y exportadoras, que serían nodos críticos del lavado.

Y mientras tanto, el presupuesto estatal destinado a combatir la minería ilegal cayó de S/90,8 millones en 2024 a S/70,6 millones en 2025, y el de formalización minera bajó de S/25,8 a S/15,4 millones. Para De Echave, esta reducción refleja la falta de voluntad política.

Vera presentó además un mapa preliminar del crimen organizado: (1) zonas de trasiego fronterizo —de Zarumilla a Tacna— donde “pasa de todo”; (2) zonas de extracción —Madre de Dios, Ucayali, Puno— dominadas por redes criminales dedicadas al oro, coca y madera; y (3) zonas de exportación —Paita, Callao, Ilo, Matarani, lago Titicaca y el Amazonas— utilizadas para blanquear o sacar mercancía ilícita. Estas áreas, señaló, muestran una “reemplazo efectivo del Estado”.

Corrupción como sistema

La Contraloría General de la República ha estimado que la corrupción en el Estado peruano moviliza alrededor de S/24.000 millones anuales, una cifra que refleja el impacto devastador de este flagelo sobre la economía y la gobernanza del país. El cálculo se basa en las pérdidas y desvíos que el organismo ha podido identificar en la administración pública.

Y es que la corrupción es considerada parte esencial de sus “planes de negocio”. Para quienes operan en actividades ilícitas, resulta más rentable corromper a funcionarios que formalizarse o pagar impuestos.

“La sostenibilidad de estas economías criminales se explica por tres factores clave: el riesgo, el costo y la tolerancia social. El riesgo de sanción es mínimo debido a la alta impunidad”, agregó Valdés.

Un ejemplo es el caso de la extorsión, que desde 2017 ha crecido en 2.000%, pasando de tres a más de 70 denuncias diarias, mientras que el número de encarcelados apenas aumentó en 3%.

En cuanto a los costos, factores como la pobreza y la informalidad reducen los gastos de las economías ilícitas al facilitar la captación de mano de obra barata y eludir el pago de impuestos.

Martín Soto, decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Científica del Sur, afirmó para este medio que las economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anualmente. “La pequeña corrupción erosiona el alma cívica y la gran corrupción se suma en vidas y muertes, en hospitales que no llegan, en presupuestos que no se ejecutan”, sentenció.

Vera añadió que esta erosión del Estado se refleja en el deterioro de la justicia: “Si no intervenimos Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE de manera conjunta, no habrá forma de frenar la captura institucional”. Propuso una comisión mixta con participación ciudadana para enfrentar la corrupción en operadores de justicia.

En este contexto, sostuvo, las recientes marchas ciudadanas expresan un reclamo de fondo: que la seguridad ocupe el centro de la agenda nacional. “Sin seguridad no se puede vivir en paz: la vida no vale nada, las instituciones valen poco, la economía retrocede, el empleo retrocede, la inversión retrocede, el gasto público retrocede y los capitales se ahuyentan”, finalizó.

Elecciones 2026: propuestas y diagnósticos de los partidos

En el debate del tercer día del Aula Magna PUCP 2025, los representantes de distintas organizaciones políticas coincidieron en que el país necesita un rediseño profundo de su estrategia de seguridad, pero difirieron en los enfoques y ritmos para ejecutarla.

Juan Carlos Liendo, representante de Avanza País, coronel del Ejército (r) y exjefe de la DINI, planteó que la respuesta debe ser “seria y estratégica”, basada en un plan de tres momentos: un periodo inicial de intervención bajo regímenes de excepción durante 6 a 9 meses; una fase de dos años para evaluar y ajustar las medidas aplicadas; y un ciclo final de consolidación de cinco años.

“El Estado ejerce el legítimo uso de la fuerza; la violencia la ejercen quienes están fuera de la ley”, subrayó, al señalar que el combate al crimen debe tener un horizonte mínimo de cinco años.

Por su parte, Alfredo Lescano, precandidato de Cooperación Popular, advirtió que sin presencia estatal “no se resuelve nada”. Para él, la ausencia del Estado permite que los 150 mil policías del país resulten insuficientes frente a territorios abandonados que son ocupados por el crimen. Afirmó que la “gran mayoría de delincuentes son jóvenes” y que pueden rehabilitarse con un régimen penitenciario profesional y técnico.

“Hay que limpiar las calles y recluirlos en centros de rehabilitación donde puedan recuperarse seriamente, sin violar derechos”, señaló.

Carlo Magno, vocero de Ahora Nación, responsabilizó al Ejecutivo por la crisis de inseguridad ciudadana y denunció que la corrupción ha penetrado incluso a la Policía. “No se está cumpliendo la función del Estado; hay efectivos que, en sus horas extras, son miembros activos de organizaciones criminales”, sostuvo.

Desde Perú Primero, Alejandro Salas advirtió que las economías criminales se sostienen en una “columna vertebral” de corrupción que ya ingresó al aparato estatal. Para él, solo con un diagnóstico realista será posible diseñar políticas efectivas.“Toca fortalecer las instituciones”, enfatizó.

Finalmente, Rafael Belaunde, líder de Libertad Popular, aseguró que el país cuenta con experiencia exitosa para enfrentar amenazas complejas. Recordó que el Perú derrotó al terrorismo gracias a la inteligencia y que hoy ese conocimiento puede aplicarse para combatir la extorsión y el sicariato.

Propuso entonces que las empresas de telecomunicaciones entreguen información con mayor rapidez y que los bancos puedan levantar el secreto bancario cuando sea necesario, en coordinación con fiscales, jueces y policías encubiertos.

Erosión del Estado en América Latina

En la misma Aula Magna PUCP, el politólogo Juan Pablo Luna, PhD en Ciencia Política y profesor de la PUC Chile, explicó la raíz estructural del fenómeno: la erosión del Estado como proceso relacional.

El Estado, sostuvo, pierde fuerza cuando deja de interactuar eficazmente con la economía, la política o la sociedad, y cuando la ciudadanía deja de verlo como legítimo o útil. “Los problemas que tiene hoy la democracia tienen que ver con la erosión del Estado-nación”, advirtió.

Luna explicó que esta erosión ocurre desde arriba, por efectos de globalización y pérdida de soberanía, pero también desde abajo, por la desconexión entre Estado y ciudadanos. Y en ese vacío crecen las economías ilegales: llenan espacios, ofrecen ingresos, financian servicios, generan lealtades.

Entonces, Luna presentó casos que muestran cómo el debilitamiento del Estado se traduce en control criminal:

Chile

Entre 2010 y 2022 aumentaron las tomas de terrenos, especialmente tras el estallido social. “Las nuevas tomas son criminales”, explicó: grupos organizados urbanizan y venden lotes sin pasar por el Estado.

Uruguay

Incluso el Estado más fuerte de la región enfrenta zonas donde no puede ingresar. Barrios con 60% de deserción escolar y aumento de trata sexual de adolescentes están bajo control de redes criminales. 

Argentina

Investigaciones muestran que jóvenes precarizados —como repartidores de delivery— votaron masivamente por Javier Milei. Es un voto de desencanto absoluto con el Estado.

Brasil

Aparecen milicias narco-pentecostales que mezclan tráfico, servicios urbanos y discurso religioso conservador. Controlan infraestructura social y reemplazan al Estado.

Perú

En redes abundan videos sobre minería ilegal, narcotráfico y falsificación de dinero, con cientos de usuarios pidiendo trabajo. “Hay una demanda laboral real hacia estas economías paralelas”, dijo Luna.

Para Luna, América Latina enfrenta una “trampa del desarrollo”: las economías crecen, pero crecen con ilegalidad dentro, lo que frena la productividad, erosiona la institucionalidad y alimenta la crisis democrática.

Dos factores potencian esta trampa:

• Mercados ilegales que ofrecen aspiraciones de consumo que la economía formal no alcanza.
• Shock tecnológico: delitos digitales, criptocrímenes, precarización laboral, plataformas informales.

“Los mercados ilegales proveen sueños de futuro que las economías legales no están logrando ofrecer”, advirtió.

Luna cerró su intervención con una advertencia y un reto: “Necesitamos una democracia con dientes, con un Estado que recupere capacidad y legitimidad”.