Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

El dinero ilícito proveniente de las economías criminales influye en la política. Así lo percibe cerca del 80% de la población adulta en el Perú, según la encuesta de Ipsos para el Cuarto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, en el contexto de las Elecciones 2026.

Si bien el narcotráfico y la minería ilegal se concentran principalmente fuera de las zonas urbanas, la fuerte incidencia del delito de extorsión en las ciudades habría influido en que allí la percepción alcance un 78%, superando en 9 puntos porcentuales a la registrada en las áreas rurales. 

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Y con razón, puesto que en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 18.385 denuncias, lo que representa un crecimiento de 29,3% respecto a 2024. Esta cifra equivale al doble de las denuncias recibidas entre 2019 y 2023, que sumaron 36.947.

Extorsión como drama social

A marzo, el 21% de los peruanos conocía a alguien o había recibido amenazas o extorsiones en los últimos tres meses y aproximadamente 5 millones de personas sufrieron un impacto económico por el crimen organizado. 

Para junio, uno de cada tres peruanos sabía de negocios que cerraron por la delincuencia, y más de 8 millones vivían en zonas declaradas en emergencia. La evaluación ciudadana de estas medidas es mayoritariamente negativa.

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El propio ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció en una interpelación en el Congreso de la República que los estados de emergencia no han servido para enfrentar la extorsión. Su descubrimiento se da, sin embargo, en un contexto de paros y marchas contra el gobierno. 

“Pedimos que se declare en emergencia Lima y el Callao, y la respuesta fue: ‘El Estado no tiene dinero, el costo de una emergencia nacional cuesta S/43 millones’”, reveló el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, sobre la reunión que sostuvo con el ministro, según recogió Noticias Trujillo 60. 

“La gran pregunta es: ¿qué alternativa se está aplicando tras ese fracaso? La respuesta, hasta ahora, es ninguna”, señaló Ricardo Valdés, Gerente General de Capital Humano y Social SA. 

El sistema del Observatorio para el seguimiento de los casos de homicidio en todo el país —que presenta una mínima diferencia respecto a los registros del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF)— identificó un total de 1.271 casos a agosto de 2025. De ellos, 133 corresponden a mujeres asesinadas por razones ajenas a su condición de mujer y 1.138 a hombres.

En cuanto a la ocupación de las víctimas, se identificaron 485 casos, principalmente mototaxistas y taxistas (101), colectiveros, choferes de micros y buses (79), obreros, albañiles y mecánicos (47), delincuentes rivales (44), trabajadores mineros (34) y vigilantes, porteros o guardias de seguridad (33). 

“La extorsión se ha ensañado con el sector transporte porque pueden capitalizar rápidamente el recojo de efectivo”, explicó Valdés.

La falta de transparencia en la información también agrava el panorama: los datos sobre denuncias policiales han sido restringidos, lo que impide conocer con claridad el avance —o retroceso— en la lucha contra delitos como la extorsión. El también exviceministro del Interior sostuvo que es urgente que la Policía Nacional reabra estos registros a la ciudadanía y a los medios.

El representante de Conet sugirió armar a los conductores, mientras que el gobierno prometió un policía por bus. Sin embargo, en Lima circulan más de 22.000 unidades formales y una cantidad similar de informales, lo que hace inviable la propuesta. De los 50.000 policías del país, solo un 25% está activo en un momento dado por el régimen 24x24. Además, deben cubrir 1.400 comisarías. 

En ese sentido, Valdés propuso crear 100 equipos especializados en investigación criminal, vinculados a las principales empresas de transporte, para identificar patrones de extorsión y coordinar acciones conjuntas. 

Minería ilegal como industria 

El Congreso decidió ampliar por seis meses la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con la opción de otra prórroga vía decreto supremo. Esta medida, que traslada al Ministerio de Energía y Minas la responsabilidad de preparar una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal, fue interpretada como una victoria de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, que operan escudadas en este registro.

Y es que de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, solo la minería no formal en exportaciones de oro movilizará alrededor de US$12.000 millones al año y equivalentes al 4% del PBI. Esto cuadruplica su volumen desde 2019 y coloca a la minería ilegal casi al nivel de la producción legal. Se trata de un volumen económico que supera, por mucho, la capacidad de los presupuestos destinados al orden y la seguridad en el país. 

“A esta situación se añade la circulación de otros US$1.300 millones adicionales [por trata de personas], lo que dimensiona aún más la magnitud del problema y la dificultad de controlarlo dentro del marco institucional actual”, detalló Valdés. “En 2024 el Estado destinó apenas siete céntimos de sol por persona al año para combatir la trata de personas”.

En 2024, Perú exportó alrededor de 200 toneladas de oro, pero el MINEM registró la producción de 108. A ello se suma la falta de resultados del REINFO: después de casi nueve años, apenas el 2% de los inscritos logró formalizarse.

Y mientras tanto, el presupuesto estatal destinado a combatir la minería ilegal cayó de S/90,8 millones en 2024 a S/70,6 millones en 2025, y el de formalización minera bajó de S/25,8 a S/15,4 millones. Para De Echave, esta reducción refleja la falta de voluntad política.

Corrupción como sistema

La Contraloría General de la República ha estimado que la corrupción en el Estado peruano moviliza alrededor de S/24.000 millones anuales, una cifra que refleja el impacto devastador de este flagelo sobre la economía y la gobernanza del país. El cálculo se basa en las pérdidas y desvíos que el organismo ha podido identificar en la administración pública.

Y es que la corrupción es considerada parte esencial de sus “planes de negocio”. Para quienes operan en actividades ilícitas, resulta más rentable corromper a funcionarios que formalizarse o pagar impuestos.

“La sostenibilidad de estas economías criminales se explica por tres factores clave: el riesgo, el costo y la tolerancia social. El riesgo de sanción es mínimo debido a la alta impunidad”, agregó Valdés. 

Un ejemplo es el caso de la extorsión, que desde 2017 ha crecido en 2.000%, pasando de tres a más de 70 denuncias diarias, mientras que el número de encarcelados apenas aumentó en 3%.

En cuanto a los costos, factores como la pobreza y la informalidad reducen los gastos de las economías ilícitas al facilitar la captación de mano de obra barata y eludir el pago de impuestos. 

Martín Soto, decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Científica del Sur, afirmó para este medio que las economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anualmente. 

“La pequeña corrupción erosiona el alma cívica y la gran corrupción se suma en vidas y muertes, en hospitales que no llegan, en presupuestos que no se ejecutan”, sentenció.

En este contexto, sostuvo, las recientes marchas ciudadanas expresan un reclamo de fondo: que la seguridad ciudadana ocupe el centro de la agenda nacional. 

“Sin seguridad no se puede vivir en paz: la vida no vale nada, las instituciones valen poco, la economía retrocede, el empleo retrocede, la inversión retrocede, el gasto público retrocede y los capitales se ahuyentan”, finalizó. 

Desde la Universidad Científica del Sur, se prepara un aporte que será lanzado en treinta días para permitir que la ciudadanía conozca quiénes serán los responsables de administrar la justicia electoral en el próximo proceso eleccionario.

Esta iniciativa surge tras la inauguración de la Escuela de Liderazgo y Democracia y busca visibilizar no solo a los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones, quienes representan la última instancia, sino también a los actores subnacionales de la justicia electoral, quienes suelen estar menos expuestos al escrutinio público y son más vulnerables a la influencia de economías ilegales.

Conocer quiénes ocupan estos cargos es fundamental para fortalecer la democracia y educar ciudadanos responsables.

FUENTES DE INGRESOS ILÍCITOS

Las estimaciones consolidadas señalan que las economías criminales en el Perú mueven más de US$15.000 millones. Dentro de este panorama, la minería ilegal de oro lidera este flujo con alrededor de US$12.000 millones, según el IPE. La trata de personas le sigue con unos US$1.300 millones, de acuerdo con la investigación Economías Criminales en el Perú. El tráfico ilícito de drogas alcanza aproximadamente US$1.134 millones, mientras que la tala ilegal de madera supera los US$800 millones, según CHS Alternativo (2024).