
El estado de emergencia decretado por el presidente de la República, José Jerí, en Lima Metropolitana y el Callao enfrenta su primera evaluación por parte de especialistas en seguridad ciudadana. Según el propio mandatario, el Consejo de Ministros revisará las medidas adoptadas para reforzar la lucha contra el crimen y “que no se repitan los errores del pasado”.
La República conversó con expertos en políticas públicas contra la inseguridad para analizar las principales falencias de esta medida de urgencia —que ha dejado nueve muertos en sus primeros cinco días — y conocer las acciones que el sucesor de la vacada Dina Boluarte debería implementar de manera inmediata durante su corto periodo de transición.
José Saavedra, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), señaló que las medidas del estado de emergencia, si bien muestran presencia policial y militar en las calles, no sustituyen una estrategia sostenida en el tiempo.
“La eficacia real se mide en la reducción de extorsiones, sicariato y cobros de cupos, y eso aún no se está logrando con la intensidad que el país necesita con el estado de emergencia”, afirmó.
En la misma línea, César Ortiz, analista de seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), criticó que un nuevo “orden de control político y policial” —siendo este el decimoquinto estado de emergencia en los últimos tres años— difícilmente obtendrá resultados óptimos en el mediano o largo plazo.
“La guerra a la delincuencia se gana con acciones”, declaró Jerí en su último mensaje a la Nación. Sin embargo, Ortiz cuestionó esa afirmación al advertir que dichas acciones “en el corto plazo no serán perceptibles para la población” y que, por el contrario, la sensación de inseguridad persistirá si no se impulsa “una verdadera política de Estado contra el crimen”.
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Para Stefano Corzo, sociólogo y especialista en seguridad ciudadana, las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente la actividad delictiva.
“Si no se aborda estructuralmente el problema, estas acciones serán apenas un paliativo”, señaló.
Ante este escenario, Corzo propone diseñar estrategias fuera del régimen de excepción, involucrando a todos los niveles de gobierno y a los actores políticos para “establecer lineamientos estructurales que combatan, a la par, la delincuencia y la corrupción”, a la que calificó como “el origen de todos los males del país”.
El especialista añadió que el Ejecutivo no debe descartar implementar reformas en la Policía Nacional del Perú (PNP) y en otras instituciones públicas para “purgar a todos los elementos coludidos con el crimen organizado”.
Desde un enfoque tecnológico, Saavedra sugirió reforzar las fuerzas del orden con unidades de respuesta rápida e inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales. Asimismo, recomendó fortalecer el Poder Judicial para evitar que “los sospechosos de extorsión, homicidios u otros delitos flagrantes sean liberados en tiempo récord”.
Por su parte, Ortiz consideró que, para "evitar los errores del pasado", José Jerí debe “desprenderse de la vieja casta política y de algunas autoridades” que, según dijo, “han actuado deliberadamente en favor de intereses personales, promoviendo leyes que terminan beneficiando a la delincuencia”.
Los tres especialistas en seguridad ciudadana coincidieron en que, si José Jerí continúa en el cargo hasta 2026, deberá dejar un precedente sólido para que el próximo presidente mantenga una política sostenida contra el crimen, descartando imitar modelos internacionales.
“Son realidades totalmente distintas. No se puede replicar el modelo de El Salvador, por ejemplo, pero sí aplicar algunas lecciones aprendidas”, sostuvo Ortiz.
Tanto Saavedra como Ortiz recomendaron que la próxima gestión incorpore “profesionales y técnicos nacionales e internacionales en seguridad ciudadana” con el fin de desarrollar una “visión holística e integral” del panorama nacional.
El Ejecutivo reiteró que está abierto a recibir críticas con el objetivo de mejorar y reajustar las disposiciones del estado de emergencia. Los expertos consultados por este diario coincidieron en que la principal tarea de José Jerí será no solo reducir la tasa de criminalidad en Perú, sino también devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
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