Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

“El agua ya no es cristalina. Es negra como el barro. Hay problemas de la piel. Comezones. Dolores de cabeza. Los peces de nuestra cuenca, única fuente de alimentación, tienen metales pesados. Eso es cancerígeno. Hemos hecho un grito de auxilio tomando el control territorial”, expresa firmemente Jhonny Huaymacari, comunero de Santa María, capital del distrito del alto Nanay, en la provincia de Maynas, Loreto.

Desde el 15 de octubre, 33 comunidades nativas y campesinas de las cuencas del Nanay, Chambira y Pintuyacu han cerrado el tránsito fluvial del río Nanay, uno de los principales afluentes que abastece de agua a la ciudad de Iquitos. Esta medida de protesta fue retomada ante la ausencia de acciones efectivas, previamente establecidas por el Estado, para frenar la creciente expansión de la minería ilegal en sus territorios.

“Hay niños, madres y ancianos durmiendo entre chozas improvisadas. No estamos luchando solo por nosotros, sino por todos los que bebemos agua del Nanay”, indicó para La República el dirigente de la Federación de Comunidades Nativas del Nanay (Conaconai), quien prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad. 

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¿Cómo se combate el delito?

Pese a que la extracción de oro en los cuerpos de agua está prohibida según la Ley de Recurso Hídricos (Ley N° 29338), el mercurio se ha apoderado de la zona. Un estudio realizado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), en colaboración con la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú), confirmó lo que distintas comunidades asentadas en las riberas del río Nanay y Pintuyacu advertían hace algunos años: su principal fuente hídrica está contaminada. 

El caso de mayor gravedad se registra en San Antonio, en el río Pintuyacu, en donde,  de las 89 muestras tomadas, un 56% de las personas, entre niños y mujeres gestantes, presentas altos niveles del metal pesado en su sangre. Otras comunidades como Mishana y Anguilla en el bajo Nanay; Santa Maria de Nanay y Diamante Azul en el Alto Nanay y San Juan de Raya también han sido afectados por el mercurio. 

De acuerdo con monitoreos realizados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), entre 2001 y 2023, los distritos de Alto Nanay y Napo han registrado la pérdida de 15,821 hectáreas de bosques. A ello se suma que un sobrevuelo reciente identificó más de 40 dragas operando sobre los principales cauces de la zona. Información de Conservación Amazónica (ACCA) revela que del 2021 y 2024 se ha reportado la presencia de más de 550 dragas en el río Nanay.

Con la participación de las FEMAS de Loreto (Maynas e Iquitos), la Marina de Guerra del Perú y personal policial del Departamento Contra el Crimen Organizado, entre el 10 y 19 de octubre, se realizó un operativo de interdicción que logró destruir 19 artefactos fluviales ilegales, entre balsas, dragas y tracas, así como la incautación de 101 cilindros de combustible Diesel 2. 

“Destruyen dragas, pero sin capturar a nadie. Si esta actividad lo hubieran hecho cuando eran 10, estaría cubierto, cuando eran 15 estaría cubierto, cuando fueran 19 estuviera cubierto. Antes decían que no podían hacerlo o que no hay recursos, que todo se filtra y resulta que sí pueden. El Estado tiene condiciones, tiene recursos, tiene capacidad para resolver este problema”, denuncia Jose Manuyama, presidente del Comité de defensa de agua de Iquitos. 

Por su parte, La República dialogó con el fiscal adjunto provincial de la FEMA Maynas, Bratzon Saboya Torres, quien advirtió que la limitada disponibilidad de presupuesto y recursos logísticos dificulta el desarrollo de acciones efectivas de control y persecución del delito. “Venimos realizando operaciones de interdicción desde el año 2020 y hemos destruido más de 300 dragas aproximadamente, solamente en el Nanay. Pero nuestra dificultad mayor es la falta de embarcaciones, combustible, etc. (...) El Ministerio Público no cuenta con recursos asignados para esas acciones. No hay presupuesto. Ningún operativo que hemos realizado desde esas fechas han sido con presupuesto asignado”, explica.

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La corrupción del sistema

En el 2024, la Sala del Primer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto declaró fundada una demanda presentada por el comité que Manuyama preside para buscar la nulidad de una concesión minera otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemment) a la empresa Raíces Gaddaffy. La justicia les dio la razón; sin embargo, esa victoria efímera no se ha traducido en la desaparición del extractivismo en sus territorios ahora contaminados. 

La población atribuye esta ineficiencia a presuntos actos de corrupción y sostiene que el sistema favorece la actividad ilegal. Señalan que la limitada fiscalización en las rutas utilizadas por los mineros para transportar insumos como combustible y mercurio facilita su expansión. Los materiales son mayormente trasladados en botellas de cerveza o en galones que atraviesan, sin mayor control efectivo, los puestos de vigilancia de la Marina de Guerra y del Ejército. “A nosotros nos impiden pasar con 30 galones de combustible, pero a las lanchas con 300, 800 o 1,000 galones no les dicen nada”, denunció Edgar Isuiza, expresidente de la comunidad nativa Santa María.

 “Uno de nuestros pedidos de lucha es impedir el pase de las embarcaciones como las lanchas, los rápidos y los pongueros, que han sido los únicos responsables del abastecimiento de combustible a la minería ilegal. Hay aliados de los extranjeros que se insertan en las comunidades para permitir la actividad. No queremos ser el segundo Madre de Dios y que la minería nos gane. No queremos ser blanco del sicariato”, denuncia Jhonny Huaymacara. 

Para César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, la realidad es que las fiscalías no cuentan con las herramientas necesarias para contener el problema. Señala que gran parte de lo incautado no recibe un adecuado procesamiento ni almacenamiento posterior. “No tienen las condiciones para mantener el mercurio en espacios seguros ni para disponerlo en lugares de confinamiento apropiados. En muchos casos, el material incautado permanece en las propias oficinas, exponiendo a los fiscales a niveles alarmantes de contaminación. Tampoco existen alternativas viables para trasladarlo fuera de la zona”, advirtió.

Según una sentencia a la que accedió este medio, en los últimos cinco años de intervenciones la FEMA solo ha logrado una condena firme por minería ilegal en la zona. El fiscal adjunto Bratzon Saboya reconoció que la corrupción podría estar afectando el avance de las investigaciones. “Considero que la corrupción está presente en diversas áreas del Estado. Contamos con información objetiva que indicaría la participación de algunos funcionarios en estos delitos, pero no puedo revelar detalles porque forma parte de una investigación en curso”, señaló.

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Exigen que el gobernador de Loreto se acerque a la comunidad 

De acuerdo con un reciente informe de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), las 221 balsas mineras activas en el Nanay no solo generan un grave deterioro ambiental, también han dado pie al surgimiento de economías ilícitas asociadas, entre ellas la explotación sexual. 

Según información de la Fiscalía, por cada gramo de oro extraído en los ríos Nanay y Napo se pagan alrededor de 300 soles (87,5 dólares).  Se trata de una actividad altamente rentable en un contexto donde, desde hace años, las comunidades demandan que el Estado, y Gobierno Regional de Loreto, implemente acciones y ofrezca alternativas económicas reales para frenar la expansión de la minería ilegal. 

En ese sentido, este medio se comunicó con el GOREL para conocer cuáles han sido sus acciones de respuesta frente al pedido de la población y la presencia de mercurio en la sangre de los habitantes de las cuencas. Nos atendió el ingeniero Roberto Ruiz Cobo, gerente Regional del Ambiente del Gobierno Regional de Loreto. “Hemos brindado combustible, movilidad fluvial y alimentación para facilitar la organización comunal en el punto de control establecido en Santa María (...) la Gerencia Regional de Salud [GERESA Loreto] ha realizado muestreos propios y detectado presencia de mercurio por encima de los límites en alrededor del 40% de las muestras. Los resultados todavía no son públicos por protocolo, aunque está claro que existe afectación sanitaria”, explicó. 

En esa línea, el comuero Jhonny Huaymacari no negó el apoyo que reciben del gobierno en la entrega de víveres y diálogo con algunas autoridades. No obstante, critican la ausencia del propio gobernador René Chávez, quien al cierre de esta edición, no se ha apersonado a la zona. Consultamos a la entidad señalada por ese tema, Ruiz Cobo declaró que es porque “no está cerca de la ciudad y las condiciones no son las adecuadas por ahora”. 

“Estamos entrando a la segunda semana de lucha mediante el control territorial en esta cuenca por la minería ilegal y no existe una comunicación efectiva con las autoridades. No negamos los proyectos alternativos impulsados por el GOREL, aunque es necesario precisar algo: de nada sirve instalar mesas técnicas, firmar documentos y actas que finalmente no ofrecen respuestas concretas. Lo que necesitamos son proyectos alternativos a corto plazo”, sentenció Huaymacari. 

“Es evidente que hay alguna vinculación cómplice. [Siento que] todo este sistema del Estado no responde a la problemática. El gobernador René Chávez, desde que inició su gestión, sabía del problema. Sin embargo, ha sido incapaz de darle prioridad para coordinar con otras instancias del Estado. Está mudo. Esta es responsabilidad de política”, añadió el presidente del Comité de defensa de agua de Iquitos. 

Por su parte, desde Iquitos, el gobernador expresó su respaldo a las comunidades que mantienen bloqueado el río Nanay. Añadió que desde el 2023 su gestión ha presentado petitorios ante los consejos de Estado para exigir la intervención del Ejecutivo frente a la minería ilegal. “Claro, por supuesto, nosotros venimos haciendo en todos los foros pidiendo con nuestra voz de protesta que erradiquemos la minería ilegal”, declaró a este medio.

Mientras tanto, las comunidades también demandan la presencia inmediata de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la zona, así como un plan de intervención urgente frente al avance de la minería ilegal en las cuencas del Nanay y del Tigre. “Aquí está un estilo de vida, una forma de vida alternativa. De ella existen frutos, peces y medicinas. Luchar contra esto es mucho más que defender el agua: es salvaguardar una cultura que puede devolverle al ser humano moderno y destructivo un ‘kanatari’, como se dice en lengua kukama, una nueva forma de crecer”, finalizó José Manuyama. 

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