Triple Frontera en manos del narcotráfico y la minería ilegal pese a que Gobierno prometió "transformar la provincia"

El pasado domingo 7 de setiembre, la comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo, en la región amazónica de Loreto, amaneció con la bandera colombiana izada en territorio peruano. El hecho, que causó preocupación entre los residentes de la zona, encendió las alarmas sobre el actuar de las autoridades frente a la soberanía nacional cerca a la Triple Frontera, donde el avance de las economías ilegales, así como la ausencia de servicios básicos, pone en riesgo a quienes ahí residen.

De acuerdo con César Campos Asenjo, alcalde provincial de Putumayo, es lamentable que hasta el momento ninguna autoridad del gobierno central se haya manifestado sobre el incidente. Lamenta que la situación empeore cada vez más. "En la Triple Frontera no hay luz y no tenemos ningún tipo de respuesta clara por parte de nuestra presidenta [Dina Boluarte] para que atiendan nuestros petitorios. Estamos siempre siendo mendigos del estado", declaró en diálogo con La República.

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Eduardo Arana aseguró gobierno de Boluarte "transformaría la provincia"

Según la autoridad regional, Putumayo es una de las zonas más caras de la selva peruana, ya que al ser una de las provincias más alejadas de Loreto, y al no contar con carreteras que la conecten con la ciudad de Iquitos, Mariscal Ramón Castilla o Maynas, el precio de los artículos básicos se incrementa considerablemente. "La mayoría de los productos que se consume acá son colombianos y un galón de gasolina puede costar entre 30 soles, 40 soles".

Sumado a esta problemática, Campos también alerta sobre las precarias condiciones en las que trabajan quienes deberían velar por la seguridad de los ciudadanos. "Ni siquiera las Fuerzas Armadas tienen combustible para que hagan su patrullaje dentro del territorio nacional (...) Todo queda en promesas y palabras. Si algo pasa en [la isla] Santa Rosa, ellos pueden reaccionar porque están a un día de Iquitos. En Putumayo no, estamos súper lejos. Aquí los puestos policiales se caen pedazos", precisa.

El 5 de setiembre, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció la creación de la Comisión Multisectorial Permanente para la Pacificación y el Desarrollo Integral de la Provincia de Putumayo, compromiso que declaró "no solo sería verbal, sino un espacio donde se trabajarán normas y se definirán las prioridades necesarias para transformar la provincia", afirmó durante el encuentro en el que estuvieron presentes el mismo César Campos así como los alcaldes distritales de Teniente Manuel Clavero, Alcides Arévalo y de Yaguas, Rafael Gaytán.

"Nos dijeron que iban a elaborar una hoja de ruta para cumplir los compromisos y que no solamente quede en un saludo a la bandera. Que mediante una comisión multisectorial iban a sacar para el tema de la pacificación y desarrollo integral de la provincia de la mano con los pueblos originarios", enfatizó.

Añadió que las comunidades nativas de Putumayo están expuestas a la contaminación por mercurio, como lo confirmó un estudio reciente realizado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en el que se revela que el 79 % de los residentes que viven a lo largo del río Nanay presenta niveles de riesgo alto para la salud. Comunidades Kichwa y Secoya del Perú reportan que las descargas mineras de Ecuador contaminan sus fuentes de agua.

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Narcotráfico y minería ilegal en Putumayo

"El río Putumayo está totalmente olvidado por sus autoridades y gobiernos nacionales. La minería ilegal ha tomado gran fuerza, así como los grupos insurgentes, que incluso tienen bases en nuestras comunidades peruanas. Eso es culpa del gobierno central. Nuestra presidenta y su equipo de ministros son los culpables que hoy en día haya invasión narcoterrorista", añade el alcalde provincial de Putumayo.

Un último informe realizado por Amazon Watch, titulado 'En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armando en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú', grafica la violenta situación en la que se encuentra una de las zonas fronterizas más conflictivas de la Cuenca Amazónica: Putumayo. En este territorio, la disputa entre organizaciones criminales por el control de áreas de cultivo de coca, corredores de narcotráfico y zonas de extracción ilegal de oro ha generado un escenario ingobernable. El documento señala explícitamente que las violaciones a los derechos humanos ocurren de manera rutinaria.

“La situación es seria porque han recortado nuestras herramientas para enfrentar el crimen organizado. Hemos perdido poderes investigativos y tampoco contamos con presupuesto. Es como ir a la guerra sin ropa ni armas”, señaló un oficial de alto rango a Human Rights Watch, que coincide en que las reformas legislativas, y la aceptación de Ejecutivo a las mismas, han exacerbado la problemática.

Desde el 2023, debido a la alta presencia de criminalidad organizada transfronteriza, el Poder Ejecutivo mantiene en estado de emergencia las de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. No obstante, las acciones del Comando Operacional Amazónico, iniciativa militar que incluye patrullas fluviales y terrestres, así como el establecimiento de puestos de vigilancia, han sido reactivas y poco eficientes.

Actualmente, la zona de Putumayo es controlado por Comandos de la Frontera (CDF), quienes reclutan a miembros de las antiguas FARC, organizaciones paramilitares, así como personal militar retirado. En junio, mediante el Decreto Supremo 076-2025-PCM, se prorrogó la medida por 60 días más. Pese a ello, a crítica situación no ha podido ser revertida.

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