Arequipa: la huella trágica de la pequeña minería y sus más de 60 muertes
Lo ocurrido en la mina Yanaquihua, donde fallecieron 27 obreros asfixiados, no es un hecho aislado. La pequeña minería y la artesanal han rebasado la capacidad de los Gobiernos regionales. No pueden fiscalizarlas por falta de recursos. Se dio competencias, pero sin recursos.
En junio de 2022, un grupo de sicarios asesinó a 14 mineros informales por resistirse a salir de la concesión Intigold Mining S.A, en la provincia arequipeña de Caravelí. En febrero de este 2023, un huaico arrasó el pueblo minero de Secocha (Camaná) que se asentó en un cauce seco: murieron 21 personas y aún faltan rescatar varios cuerpos. Hace apenas una semana, 27 obreros de la mina Yanaquihua SAC se asfixiaron por un incendio que se propagó en las galerías subterráneas de la operación.
Las ricas vetas de oro que se explotan bajo el concepto de pequeña minería o artesanal se están convirtiendo en cementerios en la región Arequipa.
El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, ha señalado que son los Gobiernos regionales los encargados de fiscalizar estos tipos de actividades. En este caso, la competencia recae en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que tiene una Gerencia de Energía y Minas (GREM) para que formalice y fiscalice, según la ley 27651.
Esta gerencia no está en capacidad de cumplir con esta tarea. Sus precariedades saltan a la vista. Por ejemplo, el abogado y representante de mineros artesanales, Nilson Flores, reveló que el año pasado inspectores de la GREM no pudieron ingresar a una diligencia dentro de un socavón en Río Grande (Condesuyos), porque carecían del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Si ocurría un accidente, ¿quién asumiría los gastos?
También campean las denuncias de presunta corrupción. El año pasado, mineros artesanales denunciaron que el entonces gerente del despacho, Herbert Tanta Carrasco, les recomendaba su empresa consultora en minería para elaborar sus permisos. Una suerte de juez y parte.
Tragedia anunciada
En el caso de Yanaquihua SAC, donde hubo 27 muertos, se advierten fallas previas en el control. La minera ya cargaba antes con cuatro fallecidos por accidentes laborales, según el portal Convoca. El último fue en setiembre del año pasado y según la GREM, el caso está en investigación del Ministerio Público, pero no hay sanción administrativa por el hecho.
El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, refirió que, de forma preliminar, habría ocurrido una negligencia en la muerte de los mineros en Condesuyos. No había plan de evacuación ante accidentes, ya que las inspecciones que realiza la GREM a la pequeña minería son pocas, un máximo de 2 veces por año, aunque por los pocos recursos alcanza solo para una. El resto de los 365 días, las operaciones mineras ubicadas en sitios remotos (hasta a 10 horas de la ciudad de Arequipa) funcionan sin presencia del Estado, muchas veces en una suerte de salvaje oeste y de la ley del más fuerte.
Facultades sin recursos
Desde la GREM explican el colapso por la falta de recursos y una desproporcionada carga. El titular de la dependencia, Yakir Rozas Manya, señaló que hay 17.000 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a quienes hay que formalizar y luego fiscalizar.
Para ello, solo hay 4 fiscalizadores (hasta el año pasado eran 2). Y para colmo, según Rozas, Osinergmin todavía no había transferido la partida para la fiscalización que asciende a 170.000 soles. El problema no solo es incapacidad para fiscalizar, también se debe lidiar con los enfrentamientos de los artesanales por las tierras.
El mismo día que Rozas exponía ante los consejeros regionales sobre lo ocurrido en Yanaquihua estalló un conflicto por límites, pedían la intervención de la GREM. Pero todos los fiscalizadores estaban en la mina siniestrada.
“Si tienes miles de mineros y un montón de empresas, es difícil que la GREM pueda cumplir con las tareas de evaluación y posterior fiscalización”, opina al respecto el consultor en temas mineros y autor del libro La gobernanza de la pequeña minería en el Perú, Leonidas Wiener Ramos. Para su investigación, visitó Arequipa en el 2018 y comprobó las carencias y falencias de la gerencia.
Matanza. Catorce mineros fueron asesinados por sicarios. Foto: difusión
Además del escaso personal y presupuesto, Wiener notó que se rotaba muy seguido al personal de confianza y se colocaba gente sin conocimiento de temas y leyes de minería. Otro inconveniente eran los bajos sueldos comparados a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que cumplían funciones parecidas. También escuchó de hechos de presunta corrupción, en los que se condicionaban a los mineros a contratar con determinados especialistas.
Wiener Ramos explica que la delegación de facultades, que dio el Gobierno central en el 2002, no vino con recursos ni personal capacitado. “Es una de las grandes falencias del proceso de descentralización, no se construyó de forma paralela capacidades en recursos humanos, logísticos, asignaciones presupuestales. (…) Y la minería artesanal se ha descontrolado”.
Recursos proporcionales
Wiener no cree que la solución pase por devolver el control de la minería a pequeña escala al Gobierno nacional. Opina que sería anticonstitucional revertir facultades ya transferidas a los Gobiernos regionales, pues la Constitución y las leyes señalan que la descentralización es irreversible. Propone mayor presupuesto y capacitación a funcionarios regionales.
Y remarca que las partidas económicas deberían asignarse según el número de unidades mineras de cada jurisdicción. “Por el número de mineros, Arequipa sí es un caso excepcional”.
Mientras que el gerente Yakir Rozas concuerda en que se replantee el esquema de facultades según la carga. “No es equitativo que en otras regiones tengan 300 o hasta menos mineros y en Arequipa haya 17.000 personas inscritas, y esa cantidad habría que multiplicarla por grupos y asociaciones que trabajan”. Pidió al Congreso debatir el tema en lugar de pensar en reabrir el Reinfo, lo que empeoraría a la saturada GREM.
En junio del año pasado (tras la muerte de 14 mineros de Atico), la GREM fue declarada en emergencia por el Consejo Regional de Arequipa. El acuerdo regional solicitaba al GORE mayor presupuesto para la fiscalización, hasta 2 millones de soles. Pero quedó en el papel. En la última semana, el gobernador Rohel Sánchez propuso que el 1% del canon minero de los Gores se derive a fiscalizar la minería de pequeña escala.
Se quedan en Reinfo
Según información de la GREM, de los 17.000 inscritos en el Reinfo en Arequipa, solo 2.000 se formalizaron, es decir, un 11%. Leonidas Wiener sostiene que hay poco interés de los mineros en formalizarse, pues al estar en el Reinfo pueden seguir con sus actividades sin ser denunciados por ilegales por el Ministerio Público. “El Reinfo da una carta blanca para seguir extrayendo mineral y comercializarlo”.
El Reinfo fue prorrogado hasta finales del 2024 por el Congreso (vencía el 2021) y no se descarta una nueva ampliación. “Es como un círculo sin fin”, añade Wiener, quien advierte que cada vez más personas se dedican a la minería artesanal, sobre todo desde comunidades campesinas cuya agricultura ya no es rentable por los efectos del cambio climático.
Gobierno nacional debe intervenir
Enfoque. Ángel Manrique, Defensoría del Pueblo
En los últimos cinco años, hemos visto múltiples acontecimientos en Arequipa, vinculados al tema de minería, que implica que el Estado evalúe la situación sobre el proceso de descentralización en materia de energía y minas, que se transfirió en el año 2002 a los Gobiernos regionales. En los últimos 15 años, la pequeña y microminería se ha expandido y ha sobrepasado la fiscalización y regulación a cargo de la región.
Han fallecido, en los últimos tres años, más de 60 personas por desastres naturales, pugna de territorios y negligencia en las condiciones de seguridad de trabajo. Esta situación tiene que ser evaluada por el Gobierno nacional para definir la nueva estrategia en descentralización que permita hacer un trabajo articulado del Gobierno regional con el Gobierno nacional y evitar más muertes en Arequipa.
Tener una nueva estrategia intergubernamental que dote de recursos para la fiscalización y permita no solo garantizar las condiciones en servicios básicos, sino además la fiscalización ambiental. Los pasivos de esta actividad son enormes.
Aquí se mueven ingentes cantidades de dinero. Se explotan recursos no renovables que pertenecen a toda la nación y hay grupos pequeños que obtienen muchas ganancias y el Estado no fiscaliza ni recibe impuestos.
Unos 17.000 mineros tienen Reinfo (registro de formalización), pero no se formalizan
Infografía - La República
Infografía - La República