Secocha: donde la muerte aún huele y se ve
Desde adentro. La República llegó a este campamento de minería artesanal que alberga a más de 15.000 habitantes. Hace tres semanas, el pueblo fue barrido por un huaico que destruyó decenas de viviendas y herramientas de trabajo. Recuperaron 18 cadáveres, pero las víctimas siguen apareciendo de a pocos en medio del fango. El martes 21 se entregó 25 toneladas de ayuda humanitaria.
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La tragedia ocurrió hace tres semanas, pero la muerte se ve y respira aún en Secocha. El viaje a este pueblo minero artesanal, uno de los campamentos más grandes del país, dura cinco horas en un vehículo particular desde la ciudad de Arequipa.
Antes de que el sol despunte en las colinas, recorremos sus calles sin asfalto. Una nube de moscas se posa sobre un pedazo de hueso sanguinolento. “Es de vaca verdad”, comento con ingenuidad fingida a uno de mis acompañantes. Horas después, un policía aclara la duda: es un vestigio humano que la maquinaria encontró entre los escombros. Más allá se aprecian restos óseos que se asemejan a una columna vertebral.
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Al día siguiente, se halla un pedazo de pierna cerca a una labor minera. Días antes, un hígado. Así la tierra va devolviendo en pedazos lo que extinguió. Recuperaron 18 cuerpos. Empero, se presume, que hay más cuerpos bajo el fango.
Olor a tierra y muerte
Esa tarde de domingo 5 de febrero, los pobladores de Secocha fueron alertados de la llegada del huaico. Escalaron los cerros y otros se pusieron a buen recaudo en los techos de sus viviendas.
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Los asentamientos pequeños de Pampaylima, Infiernillo, Miski y San Martín, localizados en la parte superior de la quebrada, no tuvieron el mismo aviso ni la misma fortuna. Sin darles chance, el amasijo de lodo y piedras los enterró.
Cuando trepamos por el empinado sendero que recorrió el huaico, la muerte hiede. El aire está cargado a descomposición humana.
Desborde. El cerro que provee oro está urbanizado. Foto: La República.
José Antonio Chávez es arqueólogo y recorrió estos territorios. Recomienda fumigar el área afectada para evitar la propagación de virus y bacterias que provoca la descomposición de los cuerpos. Paradójicamente, recuerda, ahí también moran los restos de los waris e incas. Es una zona arqueológica que jamás debió ser ocupada por su riqueza histórica, explica.
Escenario de guerra
Esta mañana, martes 21 de febrero, la búsqueda pasa a segundo plano. Algunos mineros artesanales disimulan su dolor y continúan en sus faenas. Las mujeres pallaqueras buscan residuos de oro entre las rocas semitrituradas para molerlo y recuperar el metal.
En sus miradas ariscas de estas mujeres y hombres se percibe desconfianza. Cuando tomamos fotos, algunos sacan sus teléfonos inteligentes y proceden de la misma manera. Nos registran. Minutos antes, en el pueblo, un vecino que retiraba los escombros del colegio grita: ¡fuera, prensa basura!
Juan Manuel Arribas es director de Hombro a Hombro, la asociación civil que trajo 25 toneladas de ayuda humanitaria. “Todo sigue igual, como hace una semana”, dice mientras echa un vistazo al paisaje de guerra que tiene el campamento minero. Parece que una bomba atómica hubiese explotado.
Ayuda. El martes pasado llegaron 25 toneladas con ayuda. Foto: La República.
Las calles están llenas de desmonte. No solo es tierra, también hay pedazos de televisores, refrigeradores, colchones, botellas de cerveza, etc.
La maquinaria ya retiró los escombros de la vía pública, pero los pobladores sacan el lodo seco de sus casas y lo depositan nuevamente en la calle con los artefactos que no le sirven.
La calle principal de Secocha se llama Los Ángeles. Era el cauce natural de la quebrada. Los pobladores construyeron sus casas ahí, la mayoría montó negocios pequeños: tiendas de ropa, electrodomésticos, centros de belleza, boticas, etc.
Desafío. Las casas se construyeron dentro de un cauce seco que se activó el domingo 5. Foto: La República.
La ocupación se efectuó con la venia del municipio de Nicolás Valcárcel. Uno de los afectados confiesa que la comuna les entregó certificados de posesión, documento previo al título de propiedad y les cobraban autovaluó. “Si el sitio era de riesgo porqué nos dieron permiso”, reclama este minero artesanal, migrante de Cusco, quien con sus pocas ganancias instaló una pollería al paso. Al igual que 41 familias duerme en módulos instalados por Defensa Civil en la zona llamada Miski II.
Otro mundo
La carretera Panamericana sur, en el kilómetro 700, discurre al ras del Océano Pacífico. Tomamos un atajo, una pista moderna, cuyo trazo recorre los cerros que encauzan el río Ocoña.
En sentido contrario y a gran velocidad, viajan camionetas 4x4 con el mineral bruto en costales. Lo llevan a las plantas procesadoras de Chala- Caravelí.
Una soga cruzada en la vía impide continuar. Aparece una mujer, con boletos de rifa, para cobrar peaje. “La pista la hicieron los mineros, ellos cobran el peaje para el mantenimiento", revela nuestro chofer. Efectivamente, hay obreros a lo largo de la vía, recogen las rocas que se deslizan de los cerros.
El personaje que va al timón nos ha contado la historia de un amigo que invirtió S/ 70.000 en un prostíbulo de Secocha. Con el huaico, lo perdió todo, señala.
Como ocurre en los centros mineros informales, la prostitución es inevitable. Un oficial de la Policía confirma que el negocio funciona de manera clandestina. Los promotores usan fachadas: juegos de billar donde venden cerveza y ahí están las chicas. O las mujeres esperan a sus clientes en la calle Uno. El oficial plantea la creación de una "zona rosa", con control sanitario, para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Esa medida remediaría la delincuencia y trata de personas, menores de edad forzadas a prostituirse. Es una necesidad, advierte sin rubor el efectivo. “Los días que se fueron a protestar contra el gobierno de Dina Boluarte (incluidas las mujeres) la Policía registró seis casos de violación sexual en el pueblo”, revela . Los mineros de Secocha fueron activos en las protestas recientes, bloquearon el puente Ocoña y se les sindica de atacar varias instituciones públicas en Camaná.
Un hombre encaramado sobre una vivienda ruinosa de tres pisos revela que su inquilino perdió S/500.000 en equipos de telefonía. La flota de camionetas estacionadas en las calles, las antenas de direcTV y algunos jóvenes con camisetas del Paris Saint Germain inducen a pensar en modernidad. Sin embargo, los más de 15.000 habitantes carecen de agua potable y desague. Los aguateros proveen del recurso crudo en tancadas que cuestan S/ 25. La provisión sirve para las necesidades básicas y alimentar a los quimbaletes donde muelen el oro. Los molinos están dentro de las casas ¿No temen por la contaminación? El alcalde de Nicolás Valcárcel, William Alvarado, señala que los mineros son muy cuidadosos con el manejo del mercurio. Este metal pesado y tóxico sirve para procesar oro. “Lo depositan en las pozas, como es caro lo reusan, no va al medio ambiente”, asegura. Los agricultores que están en la zona baja no piensan lo mismo. Cuando vino al huaico los relaves fueron directamente al río Ocoña. El burgomaestre no se opone a que se haga un estudio y determine el nivel de contaminación.
Serafina pide maquinaria para recuperar sus cositas. Un grupo de mineros con un cargador frontal desentierra las pozas llenas de mineral, los encostala y los lleva a Chala. Secocha intenta ponerse de pie para seguir sobreviviendo.
Encauzamiento y obras de saneamiento
El alcalde de Nicolás Valcárcel sostiene que dará prioridad al encauzamiento de la quebrada seca que provocó el desastre. Eso obliga a reubicar a las familias localizadas en la zona de peligro.
La autoridad edil también promete agilizar el expediente técnico para instalar agua potable. Provisionalmente, está pendiente la promesa del gobernador Rohel Sánchez de dar un cisterna, el municipio compraría dos más y se garantizaría una cobertura del 70%.
Datos
Formalización. Secocha pertenece a Mariano Nicolás Valcárcel (Camaná). Hay 3.115 mineros del mencionado distrito que están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Pero aún no están formalizados.
Impedimento. Según el alcalde la formalización está entrampada. Quienes ocupan el denuncio no son los dueños sino los mineros informales. Minera Caravelí tiene la concesión y no hay acuerdo con los posesionarios actuales.
