— Es inevitable no preguntarle sobre la crisis social que se está viviendo. ¿Qué opina?
— Bueno, como todo peruano que está atento al país, veo con profunda preocupación la realidad que vive el país. Veo que la política del país no produce tranquilidad ni seguridad, y esto da una cierta inestabilidad en las acciones que las instituciones deben desempeñar; aunque son criterios políticos, en los cuales la Sunedu anda muy al margen, puesto que somos un organismo básicamente técnico.
— ¿Cómo tomó la Sunedu la intervención policial en la Universidad de San Marcos? No hemos visto un pronunciamiento, como en otras instituciones.
— Lo que pasa es que actuamos de oficio y no nos pronunciamos de inmediato. Tenemos un procedimiento que comienza cuando se dirige una comunicación a la universidad y a la rectora (Jeri Ramón) para que nos entreguen información. Y ese plazo es de diez días. Entonces, estamos esperando que nos brinden la información correcta para empezar la investigación y tener un pronunciamiento específicamente apolítico y netamente técnico, respetando la autonomía universitaria que para nosotros es muy importante.
— ¿Tiene algún comentario sobre la intervención policial?
— Está bien claro que las universidades deben usarse exclusivamente para aspectos de los fines que tiene, básicamente académico y de investigación, pero el rector y el consejo universitario tiene potestad, ante cualquier situación de riesgo o peligro, de poder hacer la invitación de las fuerzas policiales o armadas para que puedan actuar.
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— ¿Para actuar de esta forma que ha sido tan cuestionada?
— Eso debe dar cuenta el Ministerio del Interior, del porqué actuaron de una u otra forma.
— ¿También están investigando la decisión del rector de la UNI, Alfonso López, que albergó a estudiantes de provincias?
— Nosotros tenemos el mismo procedimiento, así tengan diferentes formas.
— Cambiando de tema, el extribuno Ernesto Blume, quien asesora a los promotores de la Ley n.° 31520, validada hoy por el Tribunal Constitucional (TC), señala que no la cumplen y que no quieren dejar sus cargos.
— El doctor Blume, a quien no conozco, creo que está mal informado. En primer lugar, la Sunedu actúa en el marco del Estado de derecho y en cumplimiento de la Constitución. El artículo 20 de la Ley Universitaria nos menciona, claramente, que vamos a terminar nuestras funciones cuando las nuevas autoridades sean elegidas; en este caso, los representantes de las universidades públicas y privadas, del Sineace, de los colegios profesionales, del Concytec y del Minedu. Y, bueno, la Sunedu no elige, así que estamos esperando.
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Y ahí está uno de los grandes vacíos en esta resolución que ha dado el TC. Los magistrados mencionan que los nuevos miembros de la Sunedu pueden ser designados por las mismas universidades, pero también abre la posibilidad de que sea por concurso público. Ahí está el punto muerto. ¿Cómo los deben elegir? Sin embargo, ese no es nuestro problema, eso lo debe ver en estos momentos el Ejecutivo con una reglamentación al respecto. Será la presidenta (Dina Boluarte) la que decida cuál es la metodología.
— La rectora de San Marcos dice que ya eligieron a los dos miembros de las universidades públicas, lo mismo dicen los colegios profesionales con el suyo.
— Es complicado darle una opinión, pero lo fundamental es que la ley la ha visto el TC en enero, y recién a partir de su fallo tiene que ocurrir el proceso de elección. Además, hay otro grupo de 40 universidades que le están pidiendo a la presidenta que apruebe una reglamentación.
— ¿Se ha reunido con la presidenta por este tema?
— Sí, para expresarle nuestra preocupación, no solo por la elección del consejo directivo, sino por otras cosas, por ejemplo, que la Sunedu como organismo público, técnico, especializado ya no está adscrito a una entidad como un ministerio. Estamos en el limbo, no sabemos con quién vamos a ver los aspectos administrativos, de presupuesto y de normatividad.
— ¿Eso les preocupa más?
— Lo que ha hecho la sentencia del TC es que nos han quitado las competencias para licenciar carreras priorizadas, como medicina. Por eso hemos cancelado su proceso de licenciamiento, lo que considero que es un grave perjuicio para la educación médica en el país.
Lamentablemente, teníamos todo listo para licenciar las carreras de educación, fundamentales para el progreso del país y el ingreso a la OCDE. Teníamos en cartera el licenciamiento de derecho e ingeniería, eso se cortó. Esa es responsabilidad exclusiva de quienes han dado esta ley y lo cual provocará que las universidades tengan facultades al libre albedrío. Como dije, la medicina sin presión está a disposición del libre mercado.
— ¿Se ha reunido con el ministro de Educación, Óscar Becerra?
— Al asumir el cargo, nos citó a una reunión preocupado por lo que pasaba en una universidad del sur, pero no hemos podido conversar aspectos netamente técnicos. El gran problema es que ya no estamos adscritos al Minedu. Somos un organismo fantasma por la nueva ley. Antes, la coordinación se hacía por esta adscripción. El Minedu no tiene las funciones de la Sunedu. No hace licenciamiento, la Sunedu sí; no hace supervisión, la Sunedu sí; no hace fiscalización, la Sunedu sí. Son vínculos estrechos que tienen que ver con la educación, pero lamentablemente se han roto, por ahora.
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— Los promotores de la contrarreforma universitaria dicen que la Sunedu es manejada por un grupo político. ¿Lo ha oído?
— Yo ya me he cansado de decirles que yo no soy caviar ni morado ni azul ni rojo. Soy una persona que toda su trayectoria ha sido exclusivamente académica y universitaria. No he tenido ninguna participación política. Lo mismo pasa con el Consejo Directivo, son técnicos. Nunca nadie se ha acercado a pedirme un favor en pro o en contra de cualquier decisión en la Sunedu, ni individual ni colectivamente.
— ¿Cree que el nuevo Congreso pueda tumbarse la contrarreforma?
— Tengo la impresión de que el nuevo Congreso va a comenzar el año 2026. Mientras tanto, no vamos a tener ningún cambio.