La historia de una contrarreforma que se cocinó en menos de 4 meses
Golpe a la Sunedu. Desde agosto, asesorados por tres exmagistrados del TC, 33 congresistas prepararon una acción de inconstitucionalidad contra la ley que ellos mismos impulsaron. La jugada era perder para que su norma suspendida por el PJ entrara en vigencia. Lo lograron.
El año iba a culminar con la denominada contrarreforma universitaria congelada por una sentencia del Poder Judicial; sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC), en menos de cuatro meses, logró revivirla y dar, el último martes, luz verde a una demanda que cocinaron 33 congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú, quienes estuvieron asesorados nada menos que por exmagistrados del TC.
A continuación, los entretelones de una maniobra que está por distorsionar el funcionamiento de la Sunedu al incorporar a su consejo directivo a representantes de los rectores.
El 21 de julio, el Poder Judicial suspendió la aplicación de la Ley n.° 31520 que “restablece la autonomía universitaria”, la misma que un día antes había promulgado por insistencia la mayoría del Congreso. Esta era una dura derrota para los promotores de la contrarreforma, liderados por el legislador Esdras Medina y la rectora de San Marcos, Jeri Ramón. No obstante, no se dieron por vencidos. Fue el inicio de una jugada bien calculada.
Exprés. El TC admitió la demanda y resolvió en pocos días. Foto: Difusión
Dos semanas después, el 5 de agosto, ya contaban con una demanda de inconstitucionalidad redactada. Faltaban reunir 33 firmas de congresistas (la cuarta parte) para presentarla ante el Tribunal Constitucional. Se tardaron un mes para lograrlo.
El 7 de setiembre, los 33 parlamentarios presentaron el recurso ante el TC. Lo que llamó la atención es que los demandantes pedían evaluar la inconstitucionalidad de la misma norma que ellos habían impulsado y aprobado. Es decir, presentaron un ataque contra su propio ‘hijo’.
Para eso se basaron en la sentencia judicial que los legisladores cuestionaban y que señalaba que su ley viola la cosa juzgada constitucional y desconoce sentencias del TC.
El objetivo era claro: perder para ganar. Y es que, si cinco de los seis magistrados del TC no votaban a favor de la inconstitucionalidad de la ley, esta era constitucional, dejaba de estar suspendida, y entraba en vigencia. “Esa jugada lo hicieron en silencio, ni nos enteramos porque estábamos enfocados en la crisis política”, comentó un congresista de la Comisión de Educación.
Así, lo que vino después siguió llamando la atención. El TC, en solo una semana, el 15 de setiembre, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y fijó la audiencia para el 16 de diciembre. “Se pretende instrumentalizar al TC para sacarle la vuelta a una resolución del PJ”, alertaba en La República el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra.
Desde ese momento, empezaron a salir en escena tres exmagistrados del TC, Ernesto Blume, Carlos Mesía y Gerardo Eto, como integrantes del “frente jurídico” de la Ley n.° 31520, en palabras del segundo citado.
El 13 de octubre, con el fin de analizar la sentencia judicial que suspendía la contrarreforma, Blume y Mesía (en ese entonces asesor del parlamentario Jorge Montoya) se reunieron con las autoridades de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), organización que tras el cese de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) se ha mostrado en contra de la Ley Universitaria.
Foto: Fabrizio Oviedo
El 20 de octubre, también invitados por la ASUP y un grupo reducido de rectores de universidades públicas a favor de la contrarreforma universitaria, los dos participaron en el “Foro Nacional: Balance de la Educación Universitaria en el Perú”. Allí, Blume indicó que el mandato judicial que ordenaba la suspensión de la norma era “inconstitucional, ilegal, prevaricador e inejecutable”. “No nos pueden derrotar con esta manipulación. Hago una invocación para no dejarnos avasallar, salgamos al frente, con argumentos, convencidos de nuestra posición”.
Mesía, por su parte, ya adelantaba que “las autoridades universitarias habían visto necesario imponer una acción de inconstitucionalidad para que se zanje el caso. “Estamos seguros de que el TC va a señalar que la norma es constitucional y va a declarar nula la sentencia del juez suplente, elegido a dedo”. Lo dijo delante de las rectoras de San Marcos, La Cantuta, Villarreal, del Callao, y los rectores de las universidades de Huánuco, Ucayali y Puno; quienes aplaudían.
Aquella vez no participó el extribuno Gerardo Eto, aunque él fue abogado de San Marcos durante la audiencia judicial en la que ganó la Sunedu.
Visita y audiencia
A inicios de octubre, el exmagistrado Ernesto Blume visitó al entonces ministro de Educación, Rosendo Serna, acompañado del congresista Esdras Medina, la rectora Jeri Ramón y la directora de ASUP, Ada Gallegos. Esa vez, le insistieron en que la ley sobre la “autonomía universitaria” estaba vigente y le exhortaron a que esta sea cumplida pese al PJ.
“Blume me dijo que si yo tuviese problemas (por aplicar la ley), me iba a defender gratis. El tema no es que me defienda, sino que mis pasos tienen que ser correctos”, confesó Serna durante una sesión del Parlamento.
Blume ha venido manifestando que la Sunedu “pretende desacatar una ley” y que esta no puede ser suspendida por un juez. Eso mismo reiteró durante la audiencia en la que el TC vio la demanda de inconstitucionalidad de la contrarreforma universitaria. Se presentó como defensor del Congreso ad honorem. Allí también estuvo Carlos Mesía, pero no intervino.
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Cuatro días después, el TC —conformado por Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa— declaró la constitucionalidad de la polémica ley. Para el legislador Eduardo Salhuana, esto es bastante grave porque, para esas triquiñuelas, se ha instrumentalizado al TC, que fue recientemente elegido por el actual Parlamento. En tanto, el jefe de Sunedu, Oswaldo Zegarra, respondió que el proceso fue inusual y se resolvió muy rápido, casi exprés; además, dijo que le llamó la atención que los magistrados hayan declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad a través de una nota de prensa. “Aún no publican los detalles de su fallo, esperamos que esté bien fundamentado porque de por medio está el futuro de los estudiantes”. La Defensoría del Pueblo y Foro Educativo esperan lo mismo para continuar con nuevas demandas ante el Tribunal Constitucional.
“El nuevo Congreso debe derogar esta ley”
El último viernes, ante el pedido que le hicieran a través de La República, la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola se reunieron con el grupo mayoritario de rectores de universidades públicas agrupados en la Aunap. En esta cita, en la que participaron los congresistas Jorge Marticorena, Flor Pablo y Karol Paredes, del Bloque Pro Reforma Universitaria, la mandataria señaló que se trabajará en el reglamento de la nueva ley respaldada por el TC, con el fin de evitar irregularidades y lograr consensos.
Los rectores han pedido que no se reconozcan las elecciones pasadas de representantes de universidades para la Sunedu, tal como lo hizo el grupo de Jeri Ramón, de UNMSM.
“Ahora depende del nuevo Congreso que derogue esta ley de contrarreforma universitaria porque es un retroceso. No pueden primar intereses privados”, dijo el parlamentario Jorge Marticorena.
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