Consejo Nacional de Educación se suma al rechazo a la ley que debilita a la Sunedu

A la mayoría de universidades públicas, gremios estudiantiles y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, ahora se suma el Consejo Nacional de Educación (CNE) para rechazar la Ley n.° 31520, que recorta el rol de rector del Ministerio de Educación (Minedu) y debilita a la Sunedu al incorporar a su consejo directivo a representantes elegidos por los propios rectores sin concurso público.

Este cambio ha sido ratificado la semana pasada por el Tribunal Constitucional (TC) que declaró infundada la demanda presentada por 33 congresistas contra la norma que ellos mismos aprobaron y promovieron. De esta manera, se presume su constitucionalidad y, por lo tanto, puede entrar en vigencia.

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Si bien el CNE aún espera a que se haga pública la resolución del TC, subraya que la mencionada la demanda fue presentada con “intencionalidades que resultan cuestionables”.

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Asimismo, resalta que la ley en cuestión representa un retroceso en la calidad de la educación universitaria y va en contra del interés público. “La libertad de las instituciones para tomar decisiones requiere de mecanismos de supervisión conducidos por una instancia independiente de los propios supervisados, para constituirse en un contrapeso”, cita el CNE al Proyecto Educativo Nacional 2023.

En ese sentido, señala que confía en que el TC “habrá tenido en cuenta estas preocupaciones que son compartidas por los numerosos actores y sectores de la opinión pública”.

Juez y parte

El exministro de Educación y consejero del CNE, Juan Cadillo, califica de una contrarreforma y de un paso en falso la ley que debilita a la Sunedu. “Implica que se pase de una conformación técnica a una con ‘aspiraciones’ o necesidades de las propias universidades. Se retornaría a un modelo tipo la ANR”.

Cadillo también alerta de la existencia de intereses orientados a que un conjunto de universidades no licenciadas tengan nuevas oportunidades.

Hasta el cierre de edición, el TC aún no publicaba la resolución con los alcances de su decisión. Las demandas de Defensoría del Pueblo y Foro Educativo también están en marcha.