El TC se excusa y dice que su fallo “modula” la ley que debilita a la Sunedu
Contrarreforma. Según magistrado César Ochoa, los nuevos miembros del consejo directivo “ya no podrán representar ningún interés” una vez que juren al cargo. Para Sunedu, eso no garantiza autonomía. Experto advierte complicidad entre Congreso y el TC.
Cinco de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) estuvieron de acuerdo con declarar infundada la demanda presentada por 33 congresistas contra la ley que debilita a la Sunedu e incorpora en su consejo directivo a miembros elegidos por los mismos rectores. Con esta decisión, los tribunos respaldaron su constitucionalidad y habilitaron su aplicación.
Entre ellos figura César Ochoa, quien argumentó que han elaborado una sentencia interpretativa, en la cual han “modulado” los efectos de la ley. ¿Qué plantean? “Los representantes (de universidades), una vez que juramenten su cargo, ya no son representantes de ningún interés particular y tienen que actuar de manera independiente e imparcial, de acuerdo a la Constitución. Si se evidenciara (lo contrario), incurrirían en responsabilidad y conflicto de interés. No podemos ir más allá o prejuzgar que una persona porque es elegida por una universidad va a actuar de manera contraria a la ley”, dijo en RPP.
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En la línea del TC, entonces, lo establecido en el artículo 39 de la Constitución y el Código de Ética de la Función Pública bastará para que los elegidos por rectores no sean juez y parte ni respalden sus intereses en decisiones como el licenciamiento. “No podemos presumir que alguien va a actuar de mala fe, no podemos presumir que quien ha sido nominado por universidades públicas o privadas va a actuar bajo la mesa”, agregó Ochoa, sin precisar qué entidad sería la encargada de fiscalizar y aplicar los supuestos límites que fija el TC.
Gestores. Exmiembros del TC asesoraron a congresistas. Foto: difusión.
En cuanto al accionar de los 33 parlamentarios que presentaron la demanda contra una ley que ellos mismos aprobaron a fin de “perder” para así validar su constitucionalidad, el magistrado tampoco reconoció la existencia de fraude procesal, ardid o engaño. “Se han dado situaciones un tanto novedosas. La ley permite a los congresistas interponer una demanda de inconstitucionalidad. Ese es un problema no de fraude procesal, sino de legitimidad”.
Añadió que se han pronunciado en este caso, “más allá de la intención que hayan podido tener los congresistas”, porque hay un proceso de amparo en el Poder Judicial y por su “función pacificadora” ante conflictos.
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Cuestionamientos al TC
Sobre la medida para “modular” la ley por parte del TC, el titular de Sunedu, Oswaldo Zegarra, dejó entrever que eso no garantizará la independencia y que todo requisito debe establecerse antes de la designación del consejo directivo, no después. “Es bastante cuestionable que después de que te eligen te digan: ‘A partir de ahora eres autónomo’. Eso no es correcto”.
Recordó que hay instituciones que empezarán a formar parte de esta entidad como los representantes de los decanos de colegios profesionales y del Sineace —que está en permanente reorganización—, así como del Concytec. “El riesgo es que el consejo directivo comience a conversar y ponerse de acuerdo para elegir al superintendente, con lo cual este último se convierte en una persona dependiente a ellos para hacer cumplir lo que está establecido”.
El nuevo consejo directivo, dijo Zegarra, puede bajar la valla en evaluaciones como el licenciamientos y así permitir la reincorporación de universidades sin condiciones mínimas.
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Para el abogado Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), se ha confirmado la complicidad entre los magistrados del TC y los congresistas por atacar la reforma y a la Sunedu. “No han dado un solo argumento que justifique el atropello. Validan la acción fraudulenta de los legisladores. Han señalado el Código de Ética de Función Pública como si eso fuera algo que vayan a respetar las mafias universitarias”, detalló.
Tanto él como exmagistrados del TC coinciden en que la pretensión de “modular” los efectos de la ley no será suficiente para evitar los conflictos de interés. “Los representantes siempre van a deber su elección a quienes los elijan. No es un concurso público. Lo que quiere hacer el TC es lavarse la cara”.
Asimismo, consideró tres acciones urgentes: la reglamentación de la ley por parte del Ejecutivo; que se avance en la acción de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo y se presente un proyecto de ley para corregir la contrarreforma.
Solo un tribuno rechazó la contrarreforma
Se prevé que la sentencia se publique entre fines de este año e inicios del 2023. Hay el voto singular de un solo magistrado que estuvo a favor de que se declare inconstitucional dicha ley. Se trataría de Manuel Monteagudo, según fuentes cercanas al TC.
Ochoa señaló que ya se ha “zanjado” lo referido al consejo directivo. Tras ello analizarán la demanda de la Defensoría y verán si la admiten. “El TC menciona al Código de Ética de la Función Pública como si eso fuera algo que vayan a respetar las mafias universitarias”, dice el abogado Jorge Mori.
“El TC menciona al Código de Ética de la Función Pública como si eso fuera algo que vayan a respetar las mafias universitarias”, dice el abogado Jorge Mori.
