Peajes pasarían al municipio de Lima recién en 6 meses

Se viene un proceso largo que los vecinos deben conocer. Si bien el último jueves el Concejo Metropolitano aprobó, por unanimidad, resolver el contrato con Rutas de Lima, esto no significa que sus peajes –ubicados en la Panamericana Norte (de Chillón) y Sur (de Villa)– pasarán inmediatamente a ser administrados por la municipalidad.

Tanto la empresa Rutas de Lima como el alcalde Rafael López Aliaga acaban de reconocer que, conforme al contrato de concesión firmado en el 2013, los efectos de esta decisión unilateral (de terminarlo anticipadamente) entrarían en vigor luego de transcurridos 180 días calendario desde la notificación de la decisión; es decir, los peajes recién volverían a la Municipalidad de Lima en seis meses.

Eso es en el mejor de los casos. Y es que La República ha podido comprobar que en ese tiempo se deberán fijar las inversiones realizadas por Rutas de Lima, las compensaciones económicas y finalmente se tendrá que asumir y desembolsar un millonario endeudamiento.

Así, en los primeros 30 días, tras ser notificada por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) del municipio, la concesionaria deberá acreditar el monto desagregado del dinero invertido para el proyecto Vías Nuevas de Lima, que incluía la construcción de diversos intercambios viales en las Panamericanas Norte y Sur, así como en la autopista Ramiro Prialé, cuyas obras están paralizadas.

A la par, según la adenda del contrato de concesión, un banco de prestigio internacional deberá determinar las compensaciones en un plazo de 60 días desde la notificación del término del acuerdo. Esta entidad bancaria será elegida por Rutas de Lima dentro de una terna presentada por el municipio.

“El monto reconocido (por el banco elegido) deberá ser pagado dentro de los 30 días calendario por la Municipalidad de Lima. Y si no tiene fondos, lo tendrá que incluir dentro del presupuesto del año siguiente”, precisó una fuente del equipo legal de Rutas de Lima.

Pero eso no sería todo. Adicionalmente a las compensaciones, si es que el municipio pretende administrar y reducir la tarifa de los peajes de Rutas de Lima se encuentra obligado a pagar también el endeudamiento garantizado permitido, el cual asciende a 1.459 millones de soles, como advirtió la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN) tras rechazar la decisión del concejo y de López Aliaga.

“Caducar el contrato implica que la Municipalidad de Lima asuma el pago del financiamiento recibido por los acreedores, lo cual lo terminarían asumiendo todos los peruanos porque la comuna no tiene recursos suficientes”, dice.

AFIN también advierte que esta medida unilateral ahuyenta las inversiones privadas no solo en el municipio de Lima sino también en diferentes niveles de gobierno.

Responde el alcalde

Al respecto, López Aliaga –quien se acordó de su promesa electoral tras las diversas protestas de vecinos de Puente Piedra– respondió que “no se está infringiendo ninguna norma legal ni ninguna inversión privada”, porque se está cumpliendo lo que dice el contrato. “No hay problema de expropiación o anulación”, dijo tras mencionar que ha recibido el asesoramiento de tres estudios de abogados.

El líder de Renovación Popular reiteró que se ha decidido resolver el contrato por la “afectación del interés público”, figura establecida en la concesión.

Agregó que la GPIP de la comuna de Lima ha determinado siete causales del perjuicio a la población limeña, entre ellas las altas tarifas (S/6.50), el servicio deficiente y los cambios lesivos del contrato sin opinión del MEF y la Contraloría. “Se le va a pagar lo invertido, pero la empresa debe demostrar lo gastado porque hay montos de obras que no se han hecho”, dijo a su estilo, en un medio televisivo.

Esta caducidad del contrato con Rutas de Lima contó con la opinión de la Comisión de Asuntos Legales del Concejo.

Su presidente, el regidor Guillermo Valdivieso, explicó que el “contrato es ilegal, entreguista, inescrupuloso y leonino, con aumentos tarifarios arbitrarios”. “Se ha roto la cadena vergonzosa que ha vinculado a esta municipalidad con la corrupción”, dijo.

Por su parte, su colega Roxana Rocha criticó que “no podían construir vías complementarias a los peajes porque se tenían que pagar indemnizaciones”.

De esta forma, este es otro problema para que Lima se convierta en “potencia mundial”.

“El alcalde no aceptó reunirse con nosotros”

La empresa Rutas de Lima lamentó la decisión del concejo metropolitano “al carecer de absolutamente de base legal”. “Cada uno de los asuntos alegados por la Municipalidad de Lima, como base de la supuesta afectación al interés público, han sido sometidos a decisión de Tribunales Arbitrales Internacionales, los cuales han desestimado completamente”.

Señalaron también que solicitaron una reunión con el alcalde López Aliaga, pero no obtuvieron respuesta. “Ante esta situación abiertamente arbitraria e ilegal, Rutas de Lima adoptará las acciones legales que correspondan ante las instancias nacionales y supranacionales competentes”, aseveraron.

Contrato de concesión

En la cláusula 17.7 del contrato de concesión se especifica que los efectos de la anulación de la misma se aplicarán recién después de 180 días.

La clave

La bancada de regidores de Podemos Perú, tras ausentarse en la votación, lamentó que no se eviten millonarias indemnizaciones”. También criticó que no hagan lo mismo con la concesionaria Lima Expresa (ex Línea Amarilla).