Rafael López Aliaga dice que renegociará los peajes cuando antes prometió anularlos

A pesar de que en varias ocasiones durante la campaña electoral prometió anular los “peajes de la corrupción”, ayer el flamante alcalde Rafael López Aliaga manifestó que no se optará por eso sino que se renegociarán los contratos de concesión con Rutas de Lima y Lima Expresa (antes Línea Amarilla).

“Lamentablemente, los concesionarios han ganado laudos arbitrales a nivel internacional en contra de la población, más aún sabiendo que están manchados de corrupción”, afirmó en el segundo día de su mandato.

Acompañado de su teniente alcalde Renzo Reggiardo y otros funcionarios que le ayudarán a convertir a Lima en “potencia mundial”, el burgomaestre precisó que ya ha recibido opiniones legales para iniciar este proceso, aunque dijo que se cuenta con diversas rutas alternas que se trabajarán en estos años.

También dijo que pedirá que se restablezcan las competencias necesarias de los peajes a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). “Me parece absurdo que una persona que vive en Puente Piedra, por salir de su casa, esté pagando un peaje ridículo. Creo que es un tema muy sensible, pero sí hay alternativas de solución, son muchas”, señaló.

Asimismo, refirió que otra acción es acudir al fuero penal donde está avanzando el tema de la corrupción de los peajes.

Se debe indicar que en el 2009, durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, se firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Luego, bajo el mandato de Villarán fue suscrita una adenda que amplió el plazo a 40 años. En el caso de Rutas de Lima, Odebrecht ganó la concesión para administrar 115 km de autopistas. El proceso se gestó en el 2010 en la era Castañeda y se concesionó en el 2012, en la era de Villarán. Pues bien, años después, los directivos de ambas empresas brasileñas confesaron haber pagado sobornos para ganar las concesiones respectivas.

“La corrupción de la señora Susana Villarán elevó el precio base de S/3 a S/6 sin ningún sustento técnico y sigue aumentando, es una fiesta. Siguen aumentando los montos por inflación, eso ya perdió todo equilibrio económico financiero. Vamos a sentarnos primero porque en este periodo han logrado laudos internacionales a su favor. No queremos meter la pata”, dijo.

Sobre este tema, los salientes regidores de Lima Víctor Aguilar y Carlos Mariátegui lamentaron que se haya jugado con las expectativas de los limeños al prometer una medida que implica millonarias penalidades.

“En la campaña habló de anular los peajes y ahora dice que no va a poder. Esa propuesta populista se ha derribado”, dijo Aguilar tras recordar que López Aliaga, cuando era regidor de Castañeda, promovió la iniciativa privada hablando maravillas de la empresa OAS. Agregó que acá la culpa no solo es de Villarán sino también de Castañeda.

Mariátegui, por su parte, señaló que acciones unilaterales, como la nulidad de un contrato, pueden dar una sensación rápida en la población, pero a la larga trae largas pérdidas. “El retiro de la caseta del peaje de Puente Piedra, en la gestión Castañeda, nos ha costado 230 millones de soles, tras un laudo con Rutas de Lima”, señaló el exregidor. Por eso, recordó, el exalcalde Jorge Muñoz optó por llevar el caso de Línea Amarilla a un arbitraje.

Obras recicladas

En otro momento de la presentación de su plan de los primeros 120 días de gestión, López Aliaga reiteró que el alquiler de 10.000 motocicletas para reforzar el patrullaje integrado entre la policía y el serenazgo y señaló que intervendrán los mercados negros donde se venden celulares robados, así como recuperarán los espacios públicos tomados por las mafias de explotación sexual.

Sobre las obras de infraestructura, dijo que se impulsarán dos obras emblemáticas, como el teleférico, que por los cerros unirá SJL e Independencia, y la nueva Vía Expresa Grau, las mismas que conectarán el Metropolitano con la Línea 1 del Metro. Para eso se está coordinando con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao.

Al respecto, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, sostuvo que estos dos proyectos ya están encaminados desde la gestión anterior.

Con respecto a la Vía Expresa Grau, dijo que se debe determinar cuál de las cuatro operadores del Metropolitano se va a hacer cargo de este tramo de interconexión con el Metro, para lo cual se debe coordinar con la ATU.

Por otro lado, señaló que se debe implementar un servicio alimentador entre el aeropuerto y la estación Tomás Valle. “Los estudios del teleférico ya están listos”. López Aliaga respondió que se convocará a licitaciones.

“Trabajadores fantasmas”

Finalmente, el nuevo alcalde informó que ha solicitado a la Contraloría intervenir “de inmediato” ante un presunto caso de “trabajadores fantasmas”, a fin de que se encargue de todo lo que es revisión de contratos para saber la magnitud del daño.

Alertó además que la gestión del saliente alcalde Miguel Romero estaba firmando contratos indeterminados con más de 4.000 personas en pleno proceso de transferencia. Dijo que, en un inicio, el aludido señaló que no sabía del tema. Luego le respondió que se paralizó todo y que se despidió a una gerenta relacionada al área laboral. “Si tenemos una fiesta de gente que es contratada y no va a trabajar durante cuatro años, entonces el daño es mayor. Estamos hablando de S/400 millones”, puntualizó.

Niegan que haya “empleados fantasmas” y denuncian despidos de personal CAS

“Debió esperar las investigaciones, antes de acusar”. Así respondió el saliente regidor de Acción Popular, Carlos Mariátegui, tras calificar de precipitadas y desafortunadas las declaraciones de Rafael López Aliaga acerca de la existencia de “trabajadores fantasmas”.

“Lo único que refleja es el desconocimiento a las leyes vigentes. No se puede llamar trabajadores fantasmas a servidores que por ser personas con comorbilidades han tenido que realizar trabajo remoto. Saludamos que la Contraloría investigue si estos empleados han cumplido su rol”, dijo.

Mariátegui señaló que si bien hubo un aumento de personal desde el 2018 (durante la gestión de Jorge Muñoz), en los últimos ocho meses, en la etapa del alcalde Miguel Romero se aplicó un recorte presupuestal de trabajadores.

También negó que se haya contratado a plazo indeterminado a 4 mil trabajadores faltando pocos días para terminar la gestión. Según la nueva Ley CAS 31131, del 10 de marzo de 2021, alrededor de 3 mil se habían ganado ese derecho.

Explicó que si bien se inició la formalización de la firma de adendas a plazo indeterminado, como lo pidió Servir, solo lo hicieron 157 servidores. “Se sacó a la funcionaria porque hizo mal este proceso y se suspendió todo para que la nueva gestión lo vea”, agregó.

Primeros despedidos

Ayer, cientos de trabajadores de la Municipalidad de Lima denunciaron haber sido despedidos arbitrariamente por la gestión de Rafael López Aliaga. La mayoría son personas que iniciaron sus laborares a partir del 2019 y que tenían un contrato CAS indeterminado. “Los únicos que mantuvieron sus empleos intactos fueron, en gran parte, personas que trabajaban desde la gestión de Luis Castañeda Lossio”, dijeron.

Reacciones

Víctor Aguilar, exregidor de Lima

“El actual alcalde de Lima siempre supo que no podría anular los peajes y eligió mentirles a los limeños. Y Susana Villarán no es la única culpable de los peajes de la corrupción, también lo fue Luis Castañeda”.

Luis Quispe Candia, director de Luz Ámbar

“Está recibiendo proyectos encaminados por la anterior gestión, como el caso de los teleféricos. Y sobre los peajes, hay que buscar precios razonables, desde siempre se dijo que no podía anularlos”.

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