Informe de la CIDH denuncia violaciones de derechos humanos en misiones médicas de Cuba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este martes sobre presuntas vulneraciones sistemáticas en las misiones médicas internacionales impulsadas por Cuba. El informe, difundido desde Miami, documenta prácticas como retención de ingresos, confiscación de documentos y amenazas de sanciones penales contra quienes abandonan estos programas.

Según el reporte, estas brigadas —creadas en la década de 1960 bajo el gobierno de Fidel Castro con fines de cooperación— evolucionaron con el tiempo hacia un modelo altamente rentable. En la actualidad, constituyen la principal fuente de divisas del país caribeño, con ingresos que alcanzaron los US$4.882 millones en 2022, equivalentes al 69% de los servicios exportados.

Pese a estos montos, el documento señala que los profesionales sanitarios reciben apenas entre el 2,5% y el 25% de lo que los países receptores pagan por sus servicios, mientras el Estado concentra la mayor parte. En ese contexto, la CIDH concluye que el personal implicado "no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente" ni "cubrir los costos básicos de vida".

Los testimonios recogidos refuerzan esta evaluación. "Me daban un pequeño estipendio (cuatro dólares) y con eso no podía comprar nada. No me alcanzaba para azúcar y café (…) Solo hacía una comida al día", relató uno de los 71 entrevistados, cuya identidad fue reservada por temor a represalias.

PUEDES VER: Donald Trump lanza advertencia extrema: “Toda la civilización morirá esta noche” si Irán no cede antes del ultimátum por el Estrecho de Ormuz

Presión estatal y sanciones

El informe describe un sistema de control que, según el organismo, obliga al personal a completar su permanencia en el extranjero bajo amenaza de castigos. Quienes interrumpen su participación pueden ser catalogados como desertores, lo que implica la pérdida de derechos civiles en la isla, incluidos bienes patrimoniales, además de eventuales represalias contra sus familiares.

El marco legal vigente contempla penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes abandonen estas labores en el exterior, así como la prohibición de regresar al país durante ocho años. A ello se suma la retención de pasaportes al llegar al destino y el congelamiento de cuentas bancarias en territorio cubano, fondos a los que solo pueden acceder si retornan.

Asimismo, la organización recoge denuncias sobre jornadas laborales extensas, guardias obligatorias sin compensación y la imposición de tareas adicionales de carácter político o docente. El documento también advierte restricciones en la vida personal de los trabajadores, quienes no pueden relacionarse libremente con ciudadanos locales ni con compatriotas residentes fuera de la isla.

PUEDES VER: Este es el multimillonario más rico de América Latina y el único de la región presente dentro del top 20 mundial, según Forbes 2026

Indicios de trabajo forzoso

A partir de los elementos analizados, el organismo considera que existen indicios compatibles con situaciones de trabajo forzoso e incluso, en algunos casos, de trata de personas. El estudio incluyó entrevistas a participantes desplegados en al menos diez países de América —entre ellos Venezuela, México y Brasil— así como en regiones de África, Oriente Medio y Asia.

Del total de testimonios recabados en América Latina, el 83% corresponde a misiones en Venezuela, uno de los principales destinos de estas brigadas desde 2003. Este alcance geográfico, sumado a la magnitud de los ingresos que generan, refuerza la relevancia del programa y la preocupación internacional sobre las condiciones en las que se desarrolla.