Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza
Los tres integrantes del comité de selección recibieron una condena de cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por direccionar una licitación en favor de una empresa privada, hecho que ocasionó un perjuicio de S/120.000 al Estado.
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La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro obtuvo una sentencia condenatoria contra tres exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de San Borja por favorecer indebidamente a una empresa privada durante un proceso de contratación pública para el servicio de recolección de maleza.
El Poder Judicial impuso cuatro años y ocho meses de prisión suspendida a Angélica Lino, Emilio Luzquiños y Carlos Mourao, quienes integraban el comité de selección de la comuna. La Fiscalía los responsabilizó por el delito de negociación incompatible.
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De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios alteraron los criterios de calificación establecidos en las bases de una adjudicación simplificada con el propósito de beneficiar a la empresa Patresol S. A. y adjudicarle el contrato.
Modificaron bases de la licitación
Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Jimena del Rosario Pizarro Martínez acreditó que los acusados cambiaron los criterios de evaluación contemplados en el proceso de selección para favorecer a la empresa privada.
La contratación estaba destinada al servicio de recolección de maleza en el distrito de San Borja. Como resultado de estas acciones, el Estado sufrió un perjuicio económico de S/120.000.
Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentó abundante documentación y contó con la participación de cinco peritos especializados, cuyas conclusiones respaldaron la responsabilidad de los procesados.
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Inhabilitados y obligados a reparar el daño
Además de la pena suspendida, la sentencia establece la inhabilitación de los tres exfuncionarios por tres años y ocho meses para ejercer cargos públicos.
El juzgado también ordenó el pago de S/120.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.
Con este fallo, la Fiscalía destacó la importancia de sancionar las irregularidades en los procesos de contratación pública y reafirmó su labor en la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos estatales.
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