Cinco años después, por Francisco Sagasti

El próximo 28 de julio se cumplen cinco años desde que concluyó el Gobierno de Transición y Emergencia con una accidentada transmisión de mando y sin entrega protocolar de la banda presidencial. El desplante de la Presidenta del Congreso al Presidente de la República, quien, de acuerdo con la Constitución “es el Jefe de Estado y personifica a la Nación” (art. 110), fue un presagio del deterioro de los poderes Ejecutivo y Legislativo durante los cinco años siguientes. El exabrupto del actual Presidente del Congreso al intentar reproducir ese desplante, así como su rápida y dudosa rectificación, son una demostración del refrán “lo que mal empieza, mal acaba.”

​Antes de esbozar algunos desafíos que enfrenta el nuevo gobierno que inicia su gestión el 28 de julio de 2026, quizás sea pertinente recapitular algunos resultados de la gestión gubernamental que me tocó encabezar.

​El Gobierno de Transición y Emergencia inició su laborel 17 de noviembre de 2020 sin contratos firmes para comprar vacunas, con una aguda escasez de oxígeno medicinal y de unidades de cuidades intensivos, la peor caída económica en decenios, y con protestas sociales. El elevado número de víctimas de la pandemia, las restricciones de movilidad y la pérdida de ingresos habían creado incertidumbre, desazón y angustia en la población, y las elecciones generales estaban programadas cinco meses más tarde en un ambiente político polarizado y tóxico.

Al terminar nuestra gestión el 28 de julio de 2021habíamos asegurado dosis para vacunar tres veces a la población objetivo, aumentado siete veces el suministro de oxígeno, triplicado las unidades de cuidados intensivos y recuperado el crecimiento económico. Enfrentamos las protestas sociales respetando los derechos humanos;denunciamos a los dos efectivos policiales que incumplieron órdenes expresas de no usar armas de fuego y causaron tres fatalidades. Ninguno de los ministros del Gobierno de Transición y Emergencia ha sido acusado o investigado por corrupción.

Estos logros fueron posibles gracias a la colaboración entre las entidades públicas, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y las iglesias que, superando los antagonismosexhibidos durante los gobiernos precedentes, unieron esfuerzos y trabajaron coordinadamente para superar los desafíos de la pandemia. El apoyo de la ciudadanía en todo el país fue fundamental para sostener las iniciativas conjuntas y enfrentar razonablemente los desafíos que enfrentó el Gobierno de Transición y Emergencia.

Los siguientes cinco años han sido una oportunidad perdida. Los cuatro presidentes entre 2021 y 2026 no aprovecharon lo que dejó el Gobierno de Transición y Emergencia, incluyendo el informe final de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial y las Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú. Un absurdo intento de golpe de Estado, una matanza de ciudadanos en el Sur del Perú, unidas a exhibiciones de corrupción, frivolidad e incompetencia, caracterizaron a quienes ejercieron el cargo más alto en el Poder Ejecutivodurante ese período.

Salvo honrosas excepciones, los miembros del Congreso con mayor rechazo en la historia reciente demostraron su desprecio a la ciudadanía, aprobaron leyes que favorecen la impunidad de los delincuentes, aumentaron el gasto público sin pudor, duplicaron su propio presupuesto, y legislaronfavoreciendo a grupos de interés afines a ellos. Interfirierongroseramente en la administración de justicia, rompieron el equilibrio entre los poderes del Estado, y se autoerigieron en una Asamblea Constituyente clandestina, modificando más de cincuenta artículos de la Constitución sin consultar a la ciudadanía.

El gobierno entrante enfrenta una situación complicada. A los problemas urgentes de la inseguridad ciudadana con extorsiones, traficantes y sicarios por doquier, el impacto del fenómeno de El Niño que se anticipa el más severo de los últimos decenios, y el colapso de los sistemas de salud y educación pública, se une el descalabro de las instituciones gubernamentales en todos los ámbitos. La corrupción en el gobierno central, los gobiernos regionales, provinciales y los distritales ha llegado a niveles sin precedente, al mismo tiempo que se han paralizado miles de obras públicas por la incompetencia de sus autoridades y funcionarios.

La precaria estabilidad económica de que hemos gozado durante un largo tiempo se basa en los extraordinariamente altos precios de nuestros productos de exportación, y especialmente los minerales, que podría durar algunos años más. De revertirse esta situación excepcional por una crisis económica o financiera internacional, quedaremos expuestos a sufrir una recesión que ni el último bastión meritocrático de la administración pública: el Banco Central de Reserva, podría evitar. De suceder esto, al tener una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y el Caribe, una reducción de nuestras exportaciones generaría una severa disminución en la recaudación de impuestos que, unida a la farra fiscal aprobada por el Congreso, nos llevaría a una recesión, aumento de la pobreza y a protestas ciudadanas generalizadas.

Por otra parte, es posible utilizar el momento excepcional que favorece nuestras exportaciones para reordenar la estructura tributaria, racionalizar el gasto público, promover la inversión privada y el crecimiento económico inclusivo, y utilizar sustentablemente el rico acervo de recursos naturales con que hemos sido privilegiados. Sin embargo, no existe la posibilidad de aprovechar oportunidades, neutralizar amenazas y responder a los desafíos sin reformas institucionales. Entre otras cosas, esto implica recomponer el aparato estatal, reestablecer el equilibrio de poderes, evitar el copamiento del Sistema Judicial y de otras entidades del Estado por funcionarios y políticos inescrupulosos. Requiere también atender los justos y urgentes reclamos de las regiones postergadas, especialmente en el Sur y en el Oriente de nuestro país, además de promover y destrabar la inversiónprivada ahora atrapada en una maraña de regulaciones sin sentido.

Una visión de futuro realista, una imaginación práctica y una concertación de esfuerzos ayudarían al nuevo gobierno en el diseño e implementación de estrategias y políticas sensatas que nos acerquen progresivamente a lo que podemos y debemos ser como país. Esta es la tarea para el gobierno que se inaugura este 28 de julio; como diría el maestro Jorge Basadre, es a la vez un problema y una posibilidad.

¿Estará la Presidenta de la República limitada por compromisos adquiridos a lo largo de los años con quienes la han apoyado? Aún más importante, ¿podrá hacerlo considerando la manera en que se ha comportado su partido, Fuerza Popular, durante los últimos años en el Congreso?

Para definir el desafío de la Presidenta Keiko Fujimori, quizás sería útil recurrir a Miguel de Cervantes y su caballero andante, Don Quijote, quien sostenía que “es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios.” Sólo que los tuertos y agravios los ha perpetrado, apoyado y tolerado durante un decenio su propio partido, Fuerza Popular, en colusión con congreistas protervos.