Detienen a 4 policías en actividad por extorsión y organización criminal
Están implicados en amenazas y atentados con arma de fuego. Entre sus víctimas se encuentran una empresaria, un abogado y una jueza, informaron fuentes oficiales del Ministerio Público.
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Cuatro efectivos de la Policía Nacional fueron detenidos tras ser imputados por los delitos de extorsión y organización criminal. Según las investigaciones del Ministerio Público, estos funcionarios estarían implicados en amenazas y atentados con armas de fuego.
Se trata de los suboficiales PNP Edwin Apaestegui, alias El Cangry; Enmanuel Santos, alias Santos; Jair Moncada, alias Moncada; y Elvis Riva, alias Colorado, quienes actuaban junto con otros investigados que se encuentran en proceso de identificación.
Las diligencias de allanamiento con fines de detención fueron ejecutadas en cuatro inmuebles de Moyobamba, distrito fiscal de San Martín, así como en la sede de la comisaría de Soritor y en oficinas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Moyobamba.
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Durante las diligencias, se incautaron equipos electrónicos, dinero en efectivo, armas de fuego, documentación y otros elementos relevantes para la investigación, informó un representante del Ministerio Público.
Según la investigación fiscal, los policías habrían ejecutado actos extorsivos mediante amenazas directas, el envío de mensajes intimidatorios y arreglos florales fúnebres, así como el uso de armas de fuego y ataques contra inmuebles, con la finalidad de que uno de los abogados agraviados no continúe con el patrocinio legal en los procesos judiciales seguidos contra sus integrantes.
Uno de los hechos documentados ocurrió en la provincia de Rioja, en agravio de la empresaria Yolanda Quispe. Otras víctimas de extorsión fueron el abogado Paulo Díaz y la jueza María del Pilar Tomanguillo, quienes recibían mensajes extorsivos vinculados a familiares, lo que incluía ataques con armas de fuego.
Los allanamientos fueron efectuados con el apoyo operativo de personal policial y bajo la conducción jurídica del fiscal provincial Félix Freyre Pinedo, quien garantizó el principio de legalidad y el respeto de los derechos fundamentales de los detenidos.
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