Congreso: proponen ley para que usuarios reconozcan si llamadas spam se emiten de un call center
La iniciativa responde al aumento de llamadas publicitarias y encuestas no solicitadas. Mediante un código se identificaría si es que se trata de un call center.
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La congresista Diana Carolina Gonzales Delgado presentó un proyecto de ley que busca regular las comunicaciones telefónicas masivas (conocidos como spam) realizadas por call centers, sistemas automáticos y centrales telefónicas. La iniciativa surge debido al incremento de llamadas no solicitadas que reciben los ciudadanos, muchas de ellas con fines publicitarios, de telemarketing, cobranzas o encuestas, y que suelen aparecer desde números desconocidos o enmascarados, lo que impide saber su origen real.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sería el encargado de definir la estructura del prefijo, los sectores que deben categorizarse y el mecanismo de supervisión, en coordinación con OSIPTEL, según la propuesta.
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Protección especial para adultos mayores en contratos telefónicos
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la protección a personas mayores de 70 años durante contrataciones realizadas por teléfono. La propuesta establece que cualquier contrato con este grupo etario solo será válido si se ratifica mediante firma física y entrega del documento en formato papel. Hasta que esto no ocurra, no se puede ejecutar ningún cobro, activación ni penalidad.
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El proveedor deberá enviar el contrato al domicilio del usuario o permitir que este lo firme en una oficina física. Según la exposición de motivos, esta medida busca evitar confusiones, presiones indebidas o malos entendidos, considerando que muchos adultos mayores pueden tener dificultades auditivas, visuales o tecnológicas que afectan su comprensión de las ofertas telefónicas.
Reglamentación y alcances
El proyecto no reemplaza normas existentes, sino que complementa la regulación de telecomunicaciones y protección al consumidor. Además, no implica gastos significativos para el Estado, ya que las adecuaciones recaerán en las empresas que realizan llamadas masivas. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 60 días si esta es aprobada.
Además, la exposición de motivos advierte que la falta de un marco regulatorio claro ha permitido que diversas empresas, especialmente de los sectores financiero, comercial y de servicios, utilicen números genéricos o enmascarados que dificultan la identificación del emisor. Esto no solo genera molestias constantes, sino que también ha debilitado la confianza de los usuarios, quienes muchas veces optan por no contestar ninguna llamada desconocida.
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