Violencia en el transporte continúa: Ministerio Público reporta 73 muertes en 2025, pese a medidas de Gobierno

El incremento de la violencia vinculada a la extorsión en el sector transporte no solo se refleja en el aumento sostenido de denuncias a nivel nacional, sino especialmente en la letalidad de los atentados registrados en Lima Metropolitana y Callao. Así lo advierte a La República el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cuya gerenta, Brenda Belleza Ancaya, detalla un panorama en el que los asesinatos a conductores y trabajadores del transporte público continúa en aumento, pese a que el gobierno de José Jerí ya ha implementado un estado de emergencia.

Según el registro administrativo que maneja el Observatorio (distinto al conteo de denuncias por extorsión, pues aquí se contabilizan víctimas directas), 31 personas fueron víctimas en atentados al transporte entre agosto y diciembre de 2024, mientras que en lo que va del 2025 la cifra aumentó a 134. Esto implica más de cuatro veces más víctimas en más de un año. Entre estos casos, la letalidad también se disparó: 73 personas murieron en el periodo de 2025, mientras que 18 en el de 2024.

En otras palabras, el 55.2% de todas las víctimas registradas en los atentados ocurridos entre agosto de 2024 y noviembre de 2025 perdió la vida, un indicador que evidencia que los ataques ya no tienen solo fines intimidatorios, sino que el asesinato se ha convertido en un mecanismo recurrente en la lógica delictiva.

Para el criminólogo y exviceministro del Interior Nicolás Zevallos, estas cifras reflejan que “este fenómeno está siendo cada vez más extenso y que hay más competencia y violencia en torno a las prácticas extorsivas”. El especialista explica que el transporte no es el único sector golpeado: también bodegueros, ambulantes y pequeños negocios se han convertido en blancos habituales. La consecuencia, subraya, es un incremento inevitable de víctimas letales.

El exministro del Interior, Ricardo Valdés, atribuye el repunte a la falta de una estrategia sostenida basada en tecnología e inteligencia. Valdés advierte que, sin sistemas que permitan relacionar denuncias y producir inteligencia, las medidas puntuales no alcanzan: “Mientras eso no exista, entonces los estados de emergencia son inútiles”, dice, y recuerda que existen “más de 70.000 de denuncias por extorsión acumuladas en el SIDPOL”, lo que, en su opinión, obliga a invertir en big data, modelaje e inteligencia estratégica para investigar y desarticular las redes.

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Extorsión en crecimiento acelerado

La experta Brenda Belleza también reporta que las denuncias por extorsión vienen aumentando de forma constante desde 2021. Ese año se registraron 4.119 denuncias a nivel nacional. A partir del análisis realizado, se identificó una tasa de crecimiento anual de 74.1%, lo que proyecta un escenario actual de:

• 2.379 denuncias de extorsión al mes
• 78 denuncias por día
• Tres cada hora
• Una denuncia cada 20 minutos

Los distritos fiscales con mayor acumulado de denuncias entre 2021 y 2025 son La Libertad, con 12.271 denuncias, de las cuales 3.033 corresponden al 2025, lo que equivale al 14.9% del total nacional. Le siguen Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro, que en conjunto representan aproximadamente la mitad de las denuncias de todo el país. A nivel de crecimiento, San Martín encabeza la lista, seguido de Lima Este, Cajamarca y Sullana.

Los picos de violencia y los distritos más afectados

El análisis del Observatorio señala que el mes más violento del periodo fue septiembre de 2025, cuando se registró el 18.8% del total de víctimas. Además, más de la mitad de los atentados ocurrió de miércoles a viernes, franjas horarias de alta circulación de unidades del transporte público.

Si bien Lima Sur concentra el mayor número de víctimas registradas, los distritos fiscales donde ocurrieron más atentados son los de Lima Norte, con 31.4% de los hechos violentos. En el desglose territorial, los distritos más golpeados en Lima Metropolitana y Callao son:

1. San Juan de Lurigancho
2. San Juan de Miraflores
3. San Martín de Porres
4. Comas
5. Los Olivos

Juntos, estos cinco distritos representan el 47% de todos los atentados contra transportistas en el periodo analizado.

Zevallos explica que esta concentración territorial responde a “la presencia de más actores criminales, menor vigilancia y control y zonas con transporte informal altamente victimizable”. También advierte que en estos distritos la capacidad operativa de la Policía y la Fiscalía es limitada, lo que permite que las bandas consoliden control territorial.

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Víctimas con el mismo perfil: hombres en edad productiva

Según el Observatorio, nueve de cada diez víctimas eran hombres, y ocho de cada diez, peruanos. En cuanto a la edad, el 21.2% tenía entre 30 y 39 años, mientras que el 28.5% tenía entre 40 y 49 años. Es decir, la mitad de las víctimas eran conductores o trabajadores adultos en plena etapa laboral, muchos de ellos sostén económico de sus familias.

Aunque el Gobierno implementó estados de emergencia con la intención de frenar el avance de las bandas criminales, el registro del Observatorio muestra que, si bien el pico fue en septiembre (31 víctimas), en octubre aún hubo 16 víctimas y en noviembre, 10. Belleza Ancaya aclara a La República que esto no implica que los atentados hayan disminuido, pues sí se han registrado hechos, solo que no siempre dejan fallecidos o lesionados.

En el transporte público, donde las víctimas son inevitables, los registros exponen una verdad incómoda: los asesinatos de conductores y trabajadores del transporte se han convertido en una constante, y las cifras lo confirman.

Ciudadanos siguen vulnerables pese a medidas del Gobierno

A pesar de esta cifras en ascenso, las medidas adoptadas por el Gobierno no han logrado frenar la violencia. A lo largo del año se decretaron estados de emergencia en distintos distritos de Lima y el Callao, además de operativos destinados a desarticular bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato. Sin embargo, los resultados han sido limitados: los ataques continuaron y, en varios casos, se intensificaron en los corredores de transporte más vulnerables. Para los gremios del sector, estas acciones han sido reactivas, insuficientes y sin una estrategia integral que permita frenar la cadena de amenazas, cobros extorsivos y atentados armados contra las unidades.

Según Zevallos, parte del problema es que los estados de emergencia no funcionan sin una estrategia clara entre Policía y Fiscalía. “El binomio policía-fiscalía es central. Si ese trabajo no es sólido y con objetivos claros, ningún estado de emergencia va a servir”, afirma. Añade que la Fiscalía debería responder qué está haciendo para acompañar las operaciones policiales, pues sin ese soporte legal, las intervenciones no prosperan.

El impacto de esta ineficacia se reflejó también en el creciente malestar del gremio transportista. En los últimos meses se organizaron marchas y paralizaciones en distintos puntos de la capital, motivadas por la falta de medidas de protección y el incremento sostenido de asesinatos de conductores. Las empresas y sindicatos denunciaron que operan bajo un clima de miedo permanente, en el que los ataques no solo ponen en riesgo la vida de los choferes, sino también la continuidad del servicio para cientos de miles de usuarios. Para ellos, la violencia ya no es un problema aislado, sino una crisis estructural que el Estado no ha logrado contener.

En lo que va del año, en comparación al 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%, tenemos registrado 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18% a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao.

Para Zevallos, la solución pasa por concentrar esfuerzos en los territorios críticos con equipos conjuntos: “Si son cuatro o cinco distritos los más afectados, deberíamos tener cuatro o cinco equipos policía–fiscalía trabajando ahí con apoyo de los municipios”. Esto permitiría recuperar zonas clave hoy bajo la presión de bandas criminales.

Más allá de medidas reactivas, varios analistas y representantes del sector advierten que lo que se necesita es una estrategia integral: fortalecer la persecución penal, mejorar la capacidad investigativa, asegurar condenas efectivas, reformar el sistema penitenciario para evitar que jefes mafiosos sigan operando desde dentro de las cárceles, y diseñar políticas de protección para transportistas.

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