Sociedad

Ocho millones de peruanos no acabaron el colegio: abandono estatal y brechas de género agravan la crisis educativa

El 60% de estudiantes en Perú no comprende lo que lee, según el CEPLAN. Exministros plantean invertir en infraestructura, docentes y políticas de género para evitar que más niñas abandonen la escuela.

El sistema educativo peruano enfrenta desafíos críticos: persistentes brechas de género, rezagos de aprendizaje tras la pandemia y desigualdades territoriales que afectan la educación de niñas y adolescentes.
El sistema educativo peruano enfrenta desafíos críticos: persistentes brechas de género, rezagos de aprendizaje tras la pandemia y desigualdades territoriales que afectan la educación de niñas y adolescentes. | CARE Perú.

El sistema educativo peruano enfrenta un escenario complejo: brechas de género persistentes, rezagos de aprendizaje que no se recuperan desde la pandemia y profundas desigualdades territoriales que dificultan el acceso a una educación de calidad, especialmente para niñas, adolescentes y estudiantes rurales. Informes del CEPLAN y del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), además de especialistas consultados, coinciden en que el país avanza, pero a un ritmo insuficiente para responder a los desafíos acumulados durante décadas.

El rezago en aprendizajes sigue siendo uno de los problemas centrales. Según el CEPLAN, el subíndice de vulnerabilidad educativa nacional alcanzó los 30,9 puntos, influido por números críticos: 60,4 % de estudiantes no comprende lo que lee, y 85,9 % no alcanza aprendizajes adecuados en matemática. A nivel territorial, las brechas muestran un país dividido. Loreto, por ejemplo, registra un nivel de vulnerabilidad educativa de 44,2 puntos, casi el doble que regiones como Moquegua (26 puntos). Además, las desigualdades de género persisten: la vulnerabilidad femenina a nivel nacional alcanzó 38,1 puntos, con mayores afectaciones en zonas rurales.

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No se trata de una problemática visible solo a través de cifras. En las 14 comunidades nativas de Puerto Bermúdez, en Oxapampa (Pasco), las niñas y niños sobreviven en condiciones de pobreza extrema: habitan en viviendas de paja, usan fogatas como única fuente de luz y carecen de servicios básicos como salud o educación digna. En estas zonas aisladas, las escuelas han sido construidas por los propios pobladores con troncos y tablas, y los estudiantes asisten sin útiles ni apoyo institucional. Esto evidencia un abandono estatal profundo y un sistema que aún no logra garantizar condiciones mínimas para el desarrollo pleno de millones de estudiantes.

Brechas que no cierran: género, territorio y abandono temprano

Las desigualdades educativas en el Perú siguen mostrando patrones profundos y persistentes. Los datos sistematizados por GRADE revelan que la interrupción escolar continúa concentrándose en zonas indígenas y amazónicas, donde las barreras estructurales afectan de forma simultánea la permanencia y el aprendizaje. En 189 distritos, las tasas históricas de deserción superan el 5 %, y ocho de los diez más críticos se ubican en Loreto. Estos territorios comparten características comunes: una infraestructura educativa limitada o precaria, enormes distancias entre comunidades y escuelas, baja conectividad digital y dificultades para retener docentes en zonas de difícil acceso. Todo ello conforma un ecosistema que restringe el derecho a la educación incluso antes de que los estudiantes entren al aula.

Durante 2024 y 2025 se observó un leve repunte en matrícula, lo que indica un retorno parcial de estudiantes tras la pandemia. Sin embargo, la transición entre primaria y secundaria siguió siendo el punto más vulnerable. Mónika Camargo, directora de Estudios de la Facultad de Educación de la PUCP, explica que este salto marca un momento decisivo en la trayectoria escolar. “Es un momento crítico donde las desigualdades se hacen más visibles”, afirma, señalando que no solo influyen los factores económicos, sino también las limitaciones tecnológicas, pedagógicas y de apoyo familiar. En secundaria, las demandas académicas aumentan, pero muchos estudiantes llegan sin bases suficientes. “Las evaluaciones nos hacen reflexionar sobre resultados muy bajos en comprensión lectora y razonamiento matemático que todavía cuesta superar”, advierte.

La pandemia no hizo más que profundizar estas desigualdades. La falta de conectividad en zonas rurales afectó no solo el acceso a clases remotas, sino también la continuidad pedagógica, la retroalimentación docente y, en muchos casos, la motivación para seguir estudiando. Aunque las brechas urbano-rurales generales muestran alguna reducción, la desagregación por niveles de ruralidad evidencia que las zonas más dispersas siguen registrando los índices más altos de abandono interanual. Esta realidad se refleja en una cifra contundente: la llamada “deserción escolar”, según la ENAHO, afecta a 8 millones de personas mayores de 15 años, lo que significa que uno de cada tres peruanos no concluyó la educación básica.

Para la exministra Diana Miloslavich, esto no responde a decisiones individuales, sino a problemas estructurales que muchas veces afectan más a las mujeres. “Las niñas y adolescentes terminan haciendo el trabajo no remunerado de cuidado. A sus abuelos, a sus hermanos menores o alguna persona con discapacidad en la familia”.

Las niñas continúan en mayor desventaja

El CEPLAN identifica a las niñas y adolescentes como uno de los grupos más expuestos a vulneraciones educativas. La situación es especialmente crítica en regiones de la sierra sur y la Amazonía, donde Puno (46 puntos), Loreto (44), Amazonas (42,3) y Huancavelica (42,2) encabezan los niveles de riesgo. Factores como la pobreza, la falta de servicios, el embarazo adolescente y el trabajo doméstico no remunerado, que recae mayoritariamente en las niñas, funcionan como obstáculos constantes.

El estudio de GRADE Interrupción escolar y vulnerabilidad educativa confirma que las normas de género siguen pesando sobre las decisiones familiares. En muchas comunidades rurales, algunos padres retiran a sus hijas de la escuela para evitar riesgos percibidos o porque consideran que su educación no es prioritaria. A ello se suma que muchas adolescentes abandonan para asumir tareas de cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad o hermanos menores, o tras quedar embarazadas sin recibir apoyo institucional adecuado. Para Camargo, estas prácticas “pueden agudizar diferencias o inequidades que existen en las aulas”, generando trayectorias educativas frágiles desde etapas muy tempranas.

Miloslavich introduce otro nivel de vulneración: la violencia. “Una de cada cinco niñas ha sufrido violencia sexual antes de los 15 años”, señala, citando cifras de la Defensoría del Pueblo. Este contexto no solo afecta su bienestar físico y emocional, sino que además interrumpe o destruye directamente sus posibilidades educativas. La exministra también advierte un retroceso en políticas públicas impulsado por sectores conservadores, que han debilitado la implementación del enfoque de género en la escuela y en las políticas de protección. Para ella, este escenario representa “un punto de inflexión”, especialmente para niñas rurales, indígenas y afroperuanas.

El sistema educativo no llega a todos

En el plano académico, los aprendizajes muestran señales de estancamiento. Los avances logrados en primaria antes de la pandemia se frenaron entre 2020 y 2023, mientras que en secundaria el panorama es aún más complejo. En 2024, por falta de condiciones técnicas y presupuestales, no se logró aplicar una evaluación censal completa, lo que dificulta medir con precisión el nivel real de retroceso.

Según Camargo, las debilidades detectadas en primaria tienen efectos acumulativos: “Si el estudiante no comprende lo que lee, tampoco va a poder interpretar un problema matemático o avanzar en ciencias”. Además, menciona la importancia del soporte socioemocional. Cuando los estudiantes se sienten desmotivados o perciben que no pueden aprender, aumenta el riesgo de abandono, especialmente en entornos donde la escuela compite con presiones económicas y familiares.

Infraestructura deficiente y falta de servicios

Otro obstáculo estructural es la precariedad de los servicios básicos. El CEPLAN señala que más del 70 % de colegios públicos no cuenta simultáneamente con agua, luz y saneamiento, condiciones mínimas para un entorno educativo adecuado. Esto limita actividades pedagógicas básicas, afecta la salud y reduce la asistencia regular. El impacto es mayor en los Andes rurales y en la Amazonía, donde la dispersión geográfica hace más compleja la provisión de servicios.

El exministro de Educación Idel Vexler vincula esta situación con fallas de gestión y la ausencia de una inversión sostenida. Destaca que, aunque hubo avances en cobertura en inicial y primaria, “el mayor déficit está en secundaria”. Señala además la necesidad de incrementar horas efectivas de clase, contratar más psicólogos escolares y fortalecer la formación continua docente, que considera actualmente “débil”.

Respecto a infraestructura, Vexler recuerda que programas emblemáticos como Escuelas Bicentenario alcanzan a menos del 1 % de los colegios del país. La mayoría depende de un mantenimiento preventivo anual que “llega muy tarde y es insuficiente”, lo que perpetúa la precariedad en la que funcionan miles de instituciones educativas.

Desigualdades lingüísticas y culturales

Finalmente, los especialistas coinciden en que la falta de una adecuada educación intercultural bilingüe (EIB) profundiza las brechas. Camargo advierte que muchos estudiantes quechuahablantes o hablantes de lenguas amazónicas ingresan a primaria sin estrategias para fortalecer su lengua materna. Esto impacta directamente en la comprensión lectora en castellano y, por extensión, en su desempeño en otras áreas.

Miloslavich subraya que las niñas indígenas enfrentan barreras superpuestas: género, etnicidad y pobreza. Esta combinación las coloca entre los grupos con mayor riesgo de exclusión escolar y exige políticas educativas que reconozcan y respondan a esa complejidad.

¿Qué debería cambiar en 2026?

Los especialistas coinciden en que se requiere una intervención estatal integral y sostenida. Según el informe de GRADE, el país necesita reforzar y reorganizar los sistemas de información, mejorar los sistemas de alerta temprana, retomar evaluaciones censales continuas en secundaria, fortalecer la formación docente y proveer infraestructura básica adecuada. También plantea articular programas sociales como Wasi Mikuna, JUNTOS y Educación Básica Alternativa (EBA) para evitar que estudiantes en riesgo abandonen definitivamente el sistema.

Camargo insiste en que la solución pasa también por la formación inicial docente: incorporar enfoques de género, interculturalidad, inclusión y competencias socioemocionales de manera efectiva. Asimismo, resalta la necesidad de acompañamiento a los docentes en servicio para asegurar prácticas pedagógicas coherentes con el currículo.

Vexler sostiene que el Perú debe plantearse metas más ambiciosas, como ingresar al tercio superior de evaluaciones regionales e internacionales, pero advierte que eso solo será posible con escuelas equipadas, mayor autonomía institucional y una reorganización del Ministerio de Educación para evitar la burocracia que frena decisiones pedagógicas clave.

Miloslavich, por su parte, rechaza la idea de priorizar un solo aspecto porque, según advierte, eso implica dejar de lado necesidades urgentes. Plantea un enfoque integral que abarque educación sexual integral, salud, conectividad, servicios de cuidado, prevención de violencia y fortalecimiento comunitario. Para ella, el primer paso es reconocer a las niñas como sujetas de derechos: “Tenemos que acompañarlas y garantizar todos sus derechos… porque esta etapa será clave para su vida futura”.

La realidad deja al descubierto que el sistema educativo peruano funciona sobre bases desiguales que afectan especialmente a las niñas y adolescentes rurales. Los datos de años previos muestran rezagos importantes en aprendizajes, brechas territoriales pronunciadas y un alto nivel de vulnerabilidad estructural para la población femenina. A esto se suma una ausencia de políticas integradas y la falta de inversión sostenida en infraestructura y soporte pedagógico.

Superar este escenario requiere más que esfuerzos sectoriales aislados. Implica una apuesta política multisectorial, una visión educativa que reconozca la diversidad del país y un compromiso real con la niñez. Mientras las niñas, adolescentes y estudiantes rurales sigan creciendo con barreras estructurales que limitan su derecho a aprender, el Perú continuará reproduciendo desigualdades que frenan su desarrollo.

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