Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"
Samuel Aguilar criticó también la nueva ley contra la criminalidad, considerando que no fortalecerá la seguridad de transportistas en el corto plazo.
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Samuel Aguilar, gerente de la empresa de transporte Nueva América, denunció que un total de 36 unidades fueron detenidas sin justificación en plena vía pública durante el reciente paro de transportistas. El representante legal responsabilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por el incumplimiento de los acuerdos previamente pactados.
Los vehículos tenían previsto concentrarse en Acho junto a otras empresas del sector, como parte de una protesta organizada por gremios de transporte ante el incremento de la criminalidad en el país. “Cualquier problema será causa de la Policía”, advirtió.
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Buses detenidos pese a acuerdos previos con el gobierno
La caravana, conformada por buses de Nueva América y de la empresa Virgen de la Puerta, fue interceptada por agentes de la PNP y personal de la ATU en la avenida Túpac Amaru, en los distritos de Carabayllo y Comas, así como en otras vías principales de Lima. Solo un número reducido de unidades logró continuar su recorrido hacia el punto de encuentro.
El gerente aseguró a La República que tanto su empresa como otras del mismo rubro participaron en una reunión el lunes 3 de noviembre con el presidente José Jerí, y varios ministros, en la que se garantizó que la movilización sería pacífica.
La respuesta de Jerí, según Aguilar, fue que no habría intervención de las fuerzas del orden. No obstante, el empresario se mostró indignado por lo que consideró una falta de cumplimiento del acuerdo.
“Una descoordinación de la Policía. Ellos son los que generaron el caos y el desorden, no nosotros”, manifestó.
Críticas al gobierno y a nueva ley contra la criminalidad
Además de cuestionar al Ejecutivo por no respetar el compromiso asumido, Samuel Aguilar criticó la reciente medida legislativa (Ley N° 32490) impulsada por el Gobierno para combatir las extorsiones. Afirmó que dicha normativa no tendrá un impacto inmediato en la protección de los transportistas ni de la ciudadanía en general.
“Ante la palabrería, decidimos hacer la marcha”, señaló, refiriéndose a la frustración que siente el gremio ante la falta de acciones concretas frente a la creciente ola de extorsiones que afecta a conductores y choferes en diversas regiones del país.
