Gobierno promulga ley contra extorsión en medio de tensiones por paro de transportistas
El Gobierno aprobó una norma que busca frenar la extorsión y el sicariato en el sector transporte. La medida llega en un contexto de alta conflictividad social, con gremios que exigen mayor seguridad y anuncian un paro de transportes a nivel nacional.
- Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata por el Congreso tras asilo de México a Betssy Chávez
- Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”
El Gobierno promulgó la ley que establece medidas extraordinarias para combatir la extorsión en empresas de transporte público y de carga. La norma fue presentada como una respuesta urgente a la creciente ola de violencia que afecta a conductores, cobradores y empresarios del rubro. Su aprobación se produce justo cuando los principales gremios del sector preparan un paro de transportes por la falta de acciones efectivas contra el crimen organizado.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La ley busca reforzar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Superintendencia de Banca y Seguros. Se creará un registro nacional de empresas vulnerables y se impulsará el intercambio de información entre entidades para detectar posibles redes de lavado de activos vinculadas a la extorsión. El Congreso aprobó el dictamen con amplia mayoría, reflejando consenso político frente al problema.
TE RECOMENDAMOS
CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El presidente José Jerí sostuvo que la norma representa un punto de quiebre en la lucha contra la criminalidad, aunque los resultados dependerán de su aplicación en las regiones más afectadas. En el norte y el sur del país, donde operan bandas dedicadas a la extorsión de transportistas, la población exige resultados inmediatos. El Ejecutivo anunció también la creación de una división especializada de la Policía Nacional para investigar casos de cobro de cupos y sicariato.
Sin embargo, especialistas advierten que la efectividad de la ley dependerá de la asignación de recursos, la coordinación entre los ministerios y la supervisión ciudadana. En zonas como Trujillo, Chiclayo y Lima, la violencia contra los transportistas ha generado pérdidas económicas y parálisis de rutas. Los gremios insisten en que el Gobierno debe actuar con firmeza, no solo aprobar normas.
