Gobierno promulga ley contra extorsión en medio de tensiones por paro de transportistas
El Gobierno aprobó una norma que busca frenar la extorsión y el sicariato en el sector transporte. La medida llega en un contexto de alta conflictividad social, con gremios que exigen mayor seguridad y anuncian un paro de transportes a nivel nacional.
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- Promulgación de ley contra la extorsión en el transporte público y de carga.
- Creación de un registro nacional de empresas vulnerables y mejora en la colaboración interinstitucional.
- La efectividad de la ley depende de la asignación de recursos y la acción firme del Gobierno.
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El Gobierno promulgó la ley que establece medidas extraordinarias para combatir la extorsión en empresas de transporte público y de carga. La norma fue presentada como una respuesta urgente a la creciente ola de violencia que afecta a conductores, cobradores y empresarios del rubro. Su aprobación se produce justo cuando los principales gremios del sector preparan un paro de transportes por la falta de acciones efectivas contra el crimen organizado.
La ley busca reforzar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Superintendencia de Banca y Seguros. Se creará un registro nacional de empresas vulnerables y se impulsará el intercambio de información entre entidades para detectar posibles redes de lavado de activos vinculadas a la extorsión. El Congreso aprobó el dictamen con amplia mayoría, reflejando consenso político frente al problema.
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El presidente José Jerí sostuvo que la norma representa un punto de quiebre en la lucha contra la criminalidad, aunque los resultados dependerán de su aplicación en las regiones más afectadas. En el norte y el sur del país, donde operan bandas dedicadas a la extorsión de transportistas, la población exige resultados inmediatos. El Ejecutivo anunció también la creación de una división especializada de la Policía Nacional para investigar casos de cobro de cupos y sicariato.
Sin embargo, especialistas advierten que la efectividad de la ley dependerá de la asignación de recursos, la coordinación entre los ministerios y la supervisión ciudadana. En zonas como Trujillo, Chiclayo y Lima, la violencia contra los transportistas ha generado pérdidas económicas y parálisis de rutas. Los gremios insisten en que el Gobierno debe actuar con firmeza, no solo aprobar normas.
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