Intensifican operativos, pero sicariato y extorsión siguen y dejan en jaque la seguridad ciudadana

Dos situaciones precipitaron la decisión del gobierno de José Jerí de no demorar más e intensificar la lucha contra la oleada de crímenes que aterrorizan Lima Metropolitana y el Callao. La primera fue visible y llenó a todos de estupor: el asesinato sicario a transportistas. La segunda tiene que ver con las extorsiones que, a fuerza de crímenes y hechos de alto impacto, se ha convertido en un crimen que crece y deja en jaque la seguridad ciudadana.

Todo este cúmulo de situaciones marca un escenario complejo donde los números son elocuentes y la tendencia es creciente. Del 1 de enero al 26 de octubre se han registrado en el país 1.840 homicidios, de acuerdo al Sistema de Información Nacional de Defunciones (Sinadef).

“Esa cifra -sin embargo- sería aún mayor debido a los subregistros”, asegura el analista de datos, Juan Carbajal.

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Además, solo entre el 10 y el 24 de octubre, durante el gobierno de José Jerí, se registraron 75 víctimas en todo el país.

En el Callao, hasta el 26 de octubre, el Sinadef registró 165 homicidios, superando los 146 casos de todo el 2024 y marcando un nuevo récord histórico en la provincia constitucional.

Lo cierto es que este sábado, 1 de noviembre, el gobierno intensificó los operativos de seguridad con un despliegue de fuerzas combinadas en Ancón, Puente Piedra y Ventanilla.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército David Ojeda Parra; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; y el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, acompañaron al presidente José Jerí, y al ministro de Defensa, César Díaz.

La actividad se desarrolló en el marco del estado de emergencia que autoriza la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los serenazgos municipales en los distritos priorizados.

Durante la jornada, el mandatario supervisó el Puesto de Comando Militar establecido en el parque Chabuca Granda, en donde se coordinan las operaciones destinadas a enfrentar el crimen organizado.

En este punto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional Marítimo, realizó el despliegue del personal en los distritos de Ancón, Puente Piedra y Ventanilla.

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Jerí destacó que estas acciones buscan cambiar la forma de enfrentar la inseguridad, priorizando medidas concretas y coordinadas entre las distintas instituciones.

Esta medida de excepción ha sido criticada por distintos actores políticos. Desde un comienzo, Carlos Bruce, alcalde de Surco, ha manifestado que “el estado de emergencia para Lima y Callao deberá estar acompañado de medidas concretas para la lucha contra la criminalidad”.

En tanto, la excongresista Marisa Glave tanbién criticó esta propuesta y afirmó que “Boluarte declaró 4 veces estado de emergencia en Lima y la criminalidad siguió creciendo. Jerí aplica la misma receta, ¿espera un resultado diferente? No creo”.

A los cuestionamientos se sumó la congresista Sigrid Bazán, quien también criticó la finalidad y los resultados de los recientes estados de emergencia.

“El uso constante y sin resultados del estado de emergencia muestra que no hay estrategia, solo espectáculo: operativos para la foto y anuncios que suenan novedosos, pero que no cambian nada. El país está harto de medidas improvisadas”, mencionó.