Activista asháninka habría sido secuestrada tras denunciar la minería ilegal en su comunidad: ''Quiero justicia antes de que me maten''

En 2022, la defensora ambiental Jessica Gladys Díaz Borges, integrante del pueblo asháninka, denunció la contaminación de los ríos de la comunidad nativa Paucarsito, en el distrito y provincia de Puerto Inca (Huánuco), presuntamente causada por la minería ilegal. Según su testimonio, las aguas utilizadas para el consumo, la pesca y la agricultura se volvieron turbias y con residuos extraños, lo que afectó gravemente la salud y el sustento de las familias asháninkas.

Jessica señaló que mineros informales y empresas operaban sin control, vertiendo metales pesados y desechos tóxicos en los ríos del territorio ancestral. Tras hacer públicas estas denuncias, la activista habría sido secuestrada y torturada dentro de su propia comunidad por personas vinculadas a dichas actividades y bajo órdenes del exdirigente Josué Víctor Jumanga Ruiz.

“Casi me matan”, recuerda la mujer. “Me arrastraron, me golpearon, me dejaron tirada mientras yo pedía agua con mi bebé de dos meses en brazos”. Ella relata que luego de la agresión estuvo una semana en el hospital, sin poder ni caminar. Ella hace un llamado con urgencia: “Quiero justicia antes de que me maten”.

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Denuncian que Fiscalía intentó archivar el caso

Cuatro años después del ataque, en 2025, la investigación enfrenta serios obstáculos. Medios locales informaron que la Fiscalía habría intentado archivar el caso. Lo cierto es que sí se solicitó el sobreseimiento (archivo temporal) de siete de los ocho investigados. Asimismo, según la defensa, el fiscal a cargo habría sido asesor de uno de los investigados, lo que implicaría un conflicto de intereses.

La abogada de Jessica, Iraya Quevedo, detalla: “El fiscal pidió el sobreseimiento alegando que los agresores eran nativos y 'no sabían lo que hacían'. Además, él fue asesor de uno de los acusados”. Según ella, el anterior abogado de la mujer también conocía de supuesto vínculo del fiscal con un investigado, y, pese a ello, no habría pedido la inhibición. Frente a ello, Jessica presentó una queja formal ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que se aparte al fiscal y se declare la nulidad del proceso.

Consultado por este medio, el fiscal encargado del caso, Alexander Fasanando Riveiro, negó rotundamente que haya intentado archivarlo. “Yo he pedido un requerimiento mixto, está en curso”. No obstante, el letrado no conocía el estado actual de la defensa de la señora Jessica. Además, indicó que él no ha sido abogado de ningún acusado. “Pueden averiguar, todo es falso”, aseguró.

Iraya Quevedo añade que el anterior jurista de la denunciante habría actuado en complicidad con los mineros, al punto de desinformar a la mujer sobre el estado del proceso y no solicitar las medidas de protección adecuadas. “Las únicas medidas que tenía Jessica eran por violencia familiar, como si el agresor fuera su pareja”, señala la abogada.

Por su parte, el fiscal Fasanando fue enfático al decir que él mantiene la transparencia en el caso, y que no deberían “prestarse a los medios de comunicación para mal informar”. “Si no están de acuerdo, conformes con mi investigación, que me pida el apartamiento y listo. Yo no me hago problema”, afirmó, lo que también evidenciaría que no se encontraba informado del pedido formal de la abogada Quevedo.

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Minería ilegal en Puerto Inca

En agosto de este año, la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali destruyó una excavadora y tres motores chinos empleados en la minería ilegal en la comunidad nativa Paucarcito, distrito y provincia de Puerto Inca. En 2022, las autoridades regionales de Huánuco registraron 253 mineras asentadas en Puerto Inca, pero ninguna formalizada, y que operaban impunemente en la selva amazónica durante al menos cuatro años.

En este contexto, la abogada advierte que el caso de Jessica no es aislado en su comunidad. “Hay al menos doce denuncias similares en la zona de Samirí y Paucarsito”, comenta. “Los mineros compran fiscales, compran policías, todo está coludido. A mí misma me ofrecieron S/ 80.000 para dejar el caso”. Ella asegura que la impunidad ha permitido que los mineros ilegales avancen sobre tierras comunales. “Van lote por lote. Cuando sacan a una familia, toman el siguiente terreno”, explica. “El de Jessica es el único predio que queda libre en todo el sector. Estamos hablando de bastantes hectáreas juntas”.

Jessica dice que, dentro de su comunidad, no ha recibido el apoyo esperado. “Solo tenemos respaldo de la jefa de Samirí, que es nuestra delegada. Hasta a ella ya la han amenazado”, lamenta. Mientras busca justicia, ella ahora enfrenta acusaciones falsas de, irónicamente, minería ilegal, intentos de desalojo y expulsiones municipales. Denuncia que comuneros y autoridades locales están presionando para que abandone su chacra de 50 hectáreas donde cultiva plátano, yuca, cacao y arroz.

“Yo no vivo de la minería, vivo de mis plantas y mis animales. Cuando vinieron a desalojarme, vieron que en mi chacra hay cacao, hay árboles frutales, no hay minería. Aun así me quieren sacar”, manifestó. Además, las amenazas siguen presentes para la mujer: entradas nocturnas a su terreno, vigilancia cercana, y el temor constante de que puedan atentar contra su vida. “Duermo escondida, tengo miedo. Los que me secuestraron siguen viviendo cerca de mi casa”, narra.

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Reunión con el Ministerio de Justicia

Actualmente, Jessica se encuentra en Lima para presentar su queja ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público y reunirse con el Ministerio de Justicia (Minjus). En su pedido, enfatiza que necesita seguridad y acompañamiento por parte del Estado, y busca que casos similares tampoco queden impunes. “Los mineros estaban acostumbrados a violar, a matar, a secuestrar. Como hay personas en mi comunidad que no tienen plata, no hay justicia”, cuenta ella con indignación.

Jessica y su abogada trazan los paralelos con el caso Saweto, en el cual cuatro líderes indígenas asháninkas fueron asesinados por defender su territorio y luchar contra la tala ilegal. “Los defensores ya están muertos. Ellos no han visto justicia. Yo quiero ver ahora mientras que estoy viva. Yo tengo mis hijos, seis hijos, y yo vivo luchando por ellos”, menciona la mujer asháninka.

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