Pacientes con cáncer esperan un año para acceder a tratamiento, pese a norma del Minsa que establece plazo de 72 horas
En regiones, el panorama es crítico. Pacientes deben viajar a la capital para acceder a tratamientos oncológicos, enfrentando largas esperas, interrupciones en su atención y altos costos que afectan su salud y economía familiar.
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En el Perú, más del 40% de la población considera que el principal problema del sistema de salud es la dificultad para acceder a los tratamientos y los largos tiempos de espera para recibir atención médica. Así lo revela una reciente encuesta realizada por Ipsos, que refleja la percepción de los peruanos sobre las deficiencias del sistema sanitario. Esta realidad responde a un sistema que enfrenta constantes problemas de infraestructura, falta de medicamentos y equipos médicos dañados o insuficientes, lo que genera retrasos significativos en la atención.
Este panorama se vuelve especialmente crítico si hablamos de una de las enfermedades que más afecta a los peruanos: el cáncer. Los pacientes que padecen este mal requieren un acceso rápido y continuo a tratamientos especializados para mejorar sus posibilidades de recuperación y supervivencia. Sin embargo, más de la mitad de ellos reportan haber retrasado o suspendido su tratamiento debido a las deficiencias en el sistema, lo que impacta negativamente en su calidad de vida y en los resultados clínicos.
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Según el Informe de Servicios de Salud de Ipsos 2025, casi el 50% de peruanos considera que el "acceso a tratamiento y largos tiempos de espera" son los principales problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario en nuestro país.
La norma técnica para atención oncológica: ¿una promesa incumplida?
En conversación con La República, Indira Oropeza, presidenta de Semáforo Oncológico, un colectivo que monitorea la situación del cáncer en el país, indica que más del 50% de pacientes oncológicos han retrasado o suspendido su tratamiento debido a demoras en la atención, falta de acceso a medicamentos y problemas con equipos médicos dañados. Estas cifras se basan en la encuesta nacional El Cáncer no Espera, elaborada por el colectivo en 2024. "Este año (2025), el panorama no ha variado", reafirma la representante. “Cuando uno es diagnosticado con cáncer, cada día cuenta. Retrasar el tratamiento puede permitir que la enfermedad avance y se vuelva más difícil de tratar”, explica Oropeza.
De acuerdo a Oropeza, en 2024, el Ministerio de Salud aprobó la Norma Técnica de Salud sobre acceso a la cobertura oncológica, que establece plazos claros para la atención. Según esta norma, una persona con diagnóstico o sospecha de cáncer debería ser referida a un centro especializado en máximo 72 horas, la primera consulta oncológica debe realizarse en no más de 35 días y el inicio del tratamiento no debería exceder los 65 días.
Sin embargo, en la práctica estos plazos no se cumplen. “Aunque está en papel, los pacientes no sienten un impacto real en los tiempos de atención”, indica Oropeza. Parte del problema radica en la insuficiencia y mal estado de equipos médicos. Por ejemplo, "en el Perú existen 126 mamógrafos: 62 del MINSA y 64 de EsSalud. Es decir, hay 126 mamógrafos para atender a 4.7 millones de mujeres entre 40 y 69 años, población objetivo para realizarse mamografías. No solo esto: varios de estos equipos no están operativos, lo que agrava las demoras y genera largas listas de espera para acceder a un diagnóstico por imágenes.
Además, afirma que, aunque hay una partida presupuestal destinada al mantenimiento de equipos (PPR 0024 / Programa Presupuestal 0024), la ejecución del presupuesto es extremadamente baja: “Al revisar el portal amigable del Ministerio de Economía y Finanza, encontramos que el Estado está en un debe con el mantenimiento, y esto afecta directamente el diagnóstico temprano, que es clave para salvar vidas”.
Estancamiento en la implementación de la Ley Nacional de Cáncer y la necesidad de descentralización
La Ley Nacional de Cáncer, vigente desde 2022, contempla 16 disposiciones complementarias para su implementación. Aunque se ha avanzado en aspectos como la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas y varones, otras áreas cruciales, como la creación de una red oncológica nacional (que busca descentralizar la atención de cáncer en Lima para una atención efectiva en regiones) y Mecanismos Diferenciados de Adquisición (MDA) de medicamentos, permanecen pendientes, alerta Oropeza.
Este estancamiento afecta especialmente a pacientes de regiones fuera de Lima, quienes aún deben desplazarse a la capital para recibir atención especializada. Muchos se ven obligados a dejar sus hogares para acceder a cirugías o tratamientos de alta complejidad, "a ello se suma el alto costo que deben asumir: pagar pasajes de ida y vuelta, buscar alojamiento en la capital y cubrir medicamentos que muchas veces no hay en los hospitales". Al respecto, Oropeza advierte: "Si ya es difícil conseguir un donante de sangre en tu propia ciudad, imagina lo que significa hacerlo lejos de casa, donde nadie te conoce”.
Entre sesión y sesión, pasan semanas sin poder continuar por falta de recursos o cupos, lo que agrava su pronóstico. “El tratamiento se interrumpe y algunos ya no vuelven. Esta situación no solo vulnera el derecho a la salud, sino que genera un grave impacto económico y emocional en las familias", afirman desde Semáforo Oncológico.
Oropeza señala que, aunque existen institutos oncológicos en Arequipa (IREN), Huancayo (IREN Centro) y La Libertad (IREN Norte), aún falta potenciar las redes regionales y ampliar la atención oncológica en hospitales del MINSA fuera de Lima para evitar la migración forzada de pacientes.
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Impacto en la calidad de vida y la supervivencia
El retraso en el diagnóstico y tratamiento tiene consecuencias directas en la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Oropeza destaca que “el 70% de los cánceres en Perú se diagnostican en estadios avanzados”, y sumado a las demoras, el pronóstico empeora considerablemente. "De por sí es difícil un diagnóstico temprano. Sin embargo, así te diagnostiquen en primeras etapas, debido a la burocracia que existe en el país, el paciente no puede acceder a tiempo a sus tratamientos. Creo que es una deuda ética que tiene el Estado con los pacientes oncológicos", señala.
En este sentido, ¿por qué se diagnostican tarde las enfermedades neoplásicas en el país? Oropeza lo atribuye a la falta de equipos médicos: "A veces el paciente va y el equipo está malogrado, entonces, se tiene que ir a otro lado, pero la cola es bastante larga. Esto ocasiona que los tiempos de espera y las listas para poder acceder a un diagnóstico sean grandes, ya sea por imágenes o sea una biopsia".
Recientemente, familiares de Graciela Mestanza Julón, una madre de familia de tres hijos, denunciaron se encuentra en riesgo de muerte por falta de un catéter en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud, donde desde su ingreso el 6 de octubre no se le ha podido realizar el drenaje biliar necesario para tratar su colangitis y el aumento crítico de bilirrubina, situación que su familia denuncia como negligencia médica.
"Toxicidad financiera" a la que se enfrentan pacientes con cáncer
Otro ejemplo emblemático que comenta es el caso de Marthalili, una madre con melanoma que tuvo que esperar un año para acceder a un tratamiento aprobado en varios países, pero no en Perú. Durante ese tiempo, tuvo que financiar parte de su tratamiento con donaciones y su propio dinero, una situación que refleja la “toxicidad financiera” que enfrentan muchas familias. Además, la interrupción de tratamientos por dificultades logísticas, como la imposibilidad de hospedarse cerca del centro oncológico o la falta de donantes de sangre en otras regiones, afecta negativamente la continuidad y efectividad del cuidado.
Oropeza hace un llamado al nuevo ministro de Salud a abrir puertas a la sociedad civil para trabajar en conjunto en la implementación de soluciones efectivas que destraben la crisis oncológica. “No se puede permitir que el Estado falle a las personas cuando existen opciones y herramientas para mejorar la atención. En nuestro país, las personas no mueren de cáncer, sino por la falta de una cama o un medicamento, por la precariedad en la infraestructura o porque en su región no existe un centro de salud que pueda atenderlas. Esa es su responsabilidad”, concluye.
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