Seguridad ciudadana en crisis: extorsión y sicariato, los delitos que José Jerí deberá enfrentar en su gestión

Tras la vacancia de Dina Boluarte, se cumplen cinco días desde que José Jerí Oré, del partido Somos Perú, asumió la Presidencia de la República. Con un nuevo gabinete, el Poder Ejecutivo tiene la tarea de implementar planes y soluciones para estos diez meses de gobierno de transición. En ese contexto, las principales demandas ciudadanas siguen enfocándose en la necesidad de medidas efectivas para frenar la inseguridad y enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato.

Al respecto, La República conversó con Nicolás Zevallos Trigoso, exviceministro del Interior y Director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, y con Jose Manuel Saavedra, experto en comunicación política, gubernamental y presidente de Misión de Ciudades Seguras, para analizar qué acciones tendrá que tomar el gobierno central, en estos diez meses de gestión, para reducir la criminalidad que azota las calles del país.

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Cifras de extorsión y el sicariato al alza

Con la foto de una granada enviada a su número de celular, un joven emprendedor de 28 años, a quien llamaremos Adrián para proteger su identidad, se convirtió en una nueva víctima de la extorsión que incrementa cada día en nuestro país. Según datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP), entre enero y septiembre del 2025, se reportaron 20.705 casos de este delito, lo que representa un aumento del 28,8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 16.075 denuncias.

Desde comerciantes, bodegueros, colegios privados y transportistas, cada una de las personas integrantes de estos gremios ha sido víctima de una llamada telefónica o un mensaje de texto solicitando un monto de dinero a cambio de "protección". "La extorsión opera de forma cíclica. En marzo y abril, las víctimas son los colegios. En esa temporada, los transportistas. En noviembre y diciembre, van a hacer los comerciales. Esto es un negocio. El extorsionador es un emprendedor criminal. Están buscando oportunidades, no de forma positiva, y la encuentran en la informalidad. Ellos son los más afectados", expresa Zevallos Trigoso.

En los últimos meses, el sector transporte ha sido la principal víctima del cobro de cupos, quienes, por negarse a pagar los montos solicitados, son asesinatos o heridos a bordo de sus vehículos. Un informe del Observatorio del crimen y la violencia, una iniciativa del Banco de Crédito y la consultora Capital Humano y Social, calculó que, solo este año, alrededor de 180 conductores del transporte urbano a nivel nacional han sido asesinados por negarse a pagar cupos. 101 mototaxistas y taxistas y 79 colectiveros, choferes de micros y buses. Sin contar con los jaladores de pasajeros, que han sido 14 los registrados.

"El presidente tiene que demostrar en estos meses solamente un resultado: la disminución de la extorsión y por ende del sicariato, porque está asociado. Es importante que se centre en fortalecer los equipos de inteligencia para poder desarticular a las organizaciones que están operando. No solo se trata de las víctimas, sino de la relación que tienen con el poder y la Policía. La población en general quiere resultados en el corto plazo", precisó por su parte José Manuel Saavedra.

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Centros penitenciarios: ¿El Salvador como ejemplo a seguir?

Este sábado 11 de octubre, como primera acción presidencial, José Jerí, junto con el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, acudió al centro penitenciario Ancón I para participar en los operativos contra el ingreso de aparatos electrónicos y drogas a los penales. Al respecto, analistas señalan que esta iniciativa buscaría replicar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, una propuesta que diversos políticos a nivel nacional han exigido implementar en el país.

"Yo creo que no hay que 'buquelizar' la política peruana. Hay que entender que cada país tiene que optar por su propio plan y estrategia de seguridad ciudadana. No es lo mismo El Salvador que el Perú. El Perú tiene una geografía muy complicada. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Ahí es un tema de pandilleros, de comercialización de droga y de trata de personas. Acá estamos hablando de narcotráfico y organizaciones criminales. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen propuestas que busquen llevarnos a los extremos", precisa Saveedra.

"Lo principal es realizar un trabajo de inteligencia. En este momento, es fundamental identificar con precisión qué organizaciones criminales están operando y en qué zonas ejercen su control. Toda la evidencia demuestra que el crimen no ocurre de manera uniforme, sino que se concentra en lugares específicos con determinada intensidad. Esa información debe generarse a través de inteligencia y, luego, trasladarse de manera rápida y eficiente a los equipos de investigación criminal y a las unidades operativas. Solo así se pueden planificar intervenciones efectivas", señala Zevallos.

Otra problemática es el hacinamiento carcelario. El Megapenal de Ica, que inició su construcción en el año 2018 con el fin de combatir la sobrepoblación de las prisiones nacionales, debía ser inaugurado en el 2020, hasta el momento, continúa en abandono y sin planes de abrir sus puertas en los próximos meses. Antes de ser removida del cargo, Dina Boluarte propuso la construcción de cinco nuevos penales, dos de ellos con capacidad para albergar a más de 10 mil internos. Al término de su mandato, ninguno de ellos fue inaugurado.

"Lamentablemente, en el periodo de la presidenta Boluarte, ella dijo que iba a terminar cinco penales, los cuales no se avanzó casi en nada. Se supone que iban a poner en marcha el de Ica, que está paralizado, pero se pasaron todo el gobierno pensando si lo iban a reactivar", acota el presidente de la Misión de Ciudades Seguras.

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¿Una posible reforma policial?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el segundo trimestre del 2025, el 64% de los peruanos indicaron que el principal problema del país era la delincuencia. Señalando como uno de los principales responsables a la Policía Nacional (Ipsos, 2025). Lo que se traduce en una desconfianza generalizada hacia las fuerzas del orden.

“La contrainteligencia de la policía debe comenzar, sobre todo, detectando a los policías corruptos que operan en diversas comisarías del país y que, de una u otra forma, han sido o son parte de organizaciones criminales. Ya se ha demostrado que se han capturado a algunos de estos agentes; ese trabajo debe continuar para sostener una lucha frontal contra la extorsión", reflexiona Jose Manuel Saavedra.

No obstante, de acuerdo con los expertos, esa baja aprobación de la ciudadanía hacia la PNP también se relaciona con la deficiencia en los equipos y tecnologías que poseen los efectivos al momento de atender emergencias. Por tanto, pese a que la ciudadanía solicita cambios sustanciales, el corto periodo de gobierno deberá enfocarse en mejorar las condiciones operativas del cuerpo policial.

“Hoy, nueve de cada diez policías patrullan sin radio. El año pasado, el Ministerio del Interior del Perú devolvió la mitad del presupuesto destinado a la compra de radios por diversos motivos, y la brecha actual es enorme: se necesitan cerca de 80 000 equipos para cubrir las necesidades operativas de la policía. Son precisamente este tipo de carencias las que debemos atender si queremos responder con eficacia a las emergencias que enfrentamos", finaliza Nicolás Zevallos Trigoso.

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