Condorcanqui: 47 nuevas denuncias de abuso sexual a menores, mientras el gobierno de Dina Boluarte incumple sus promesas

En Condorcanqui, Amazonas, la violencia sexual contra menores no solo persiste, sino que se agrava. Hasta septiembre último se han registrado 47 nuevas denuncias por abuso sexual contra escolares, perpetrados por docentes y auxiliares, según la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia. Esta situación no es nueva debido a que desde el 2010 se han acumulado más de 550 casos de agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo local.

La cifra mensual muestra una tendencia que preocupa, ya que en enero se reportaron 3 denuncias, en febrero 1, en marzo 6, en abril no se registraron casos, en mayo se presentaron 7, en junio 1, en julio 4, en agosto 11 y en septiembre 14.

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Cuando se hicieron públicos los múltiples casos en 2024, el Gobierno de Dina Boluarte anunció una serie de medidas para enfrentar esta grave situación, como sancionar a los responsables, proteger a las víctimas y garantizar justicia. Sin embargo, la mayoría de estas promesas no se han cumplido o presentan avances mínimos.

Pues bien, es tiempo de hacer una revisión de lo prometido y lo cumplido.

Ante la presión mediática, se creó la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, así como la instalación de la primera Cámara Gesell en el distrito de Nieva, y se reforzó el equipo del Centro de Emergencia Mujer (CEM) en esta misma zona. No obstante, estos esfuerzos resultan mínimos frente a la magnitud de los casos y el número creciente de denuncias.

Por su parte, el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (Comuawuy) advierte que la Cámara Gesell aún no cuenta con el personal necesario ni con un médico legista permanente. Además, señala que la falta de coordinación entre fiscales y jueces de familia genera demoras en las diligencias.

Explicó que estas se reprograman constantemente, lo que obliga a las víctimas a regresar una y otra vez por lo que incrementa su desgaste emocional y sus gastos económicos. "Esta situación no solo retrasa el acceso a la justicia, sino que contribuye a la revictimización y al debilitamiento de la confianza en las instituciones", dijo Rosmery Pioc, presidenta de Comuawuy.

También, en mayo se destinaron más de 20 millones de soles para garantizar la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia, orientado a la protección y sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la provincia de Condorcanqui. Sin embargo, han pasado más de cuatro meses desde la aprobación de estos fondos y no hay avances, por lo que la Defensoría del Pueblo ha solicitado información detallada sobre el nivel de ejecución de este presupuesto.

También se instalaron algunas aulas modulares y se mejoraron residencias escolares.

Promesas incumplidas

No obstante, hay varias promesas que no se han cumplido o que presentan avances mínimos. Por ejemplo, hasta el momento no se ha construido un refugio o casa de acogida para las víctimas de violencia sexual, a pesar de que esta necesidad ha sido reiterada por el Consejo de Mujeres Awajún y otras organizaciones sociales locales.

Actualmente, el único albergue disponible está en la ciudad de Bagua, a más de seis horas de viaje desde Nieva, por una combinación de carretera asfaltada y trocha. "No hay ningún espacio seguro en Nieva ni dentro de las comunidades, lo que obliga a las víctimas a alejarse de su entorno familiar y cultural, generando desarraigo, aislamiento y revictimización", señaló Rosemary Pioc, presidenta de Comuawuy.

Además, tampoco se ha garantizado la atención especializada en salud mental, contención emocional, ni asistencia legal adecuada para las víctimas en comunidades remotas. Las barreras geográficas, lingüísticas y culturales siguen siendo enormes, y no se cuenta con suficientes intérpretes ni personal con enfoque intercultural.

Según Rosemary Pioc, presidenta de Comuawuy, la mayoría de profesionales del sistema de justicia y salud no habla awajún, lo cual impide una comunicación efectiva con las víctimas, genera desconfianza y aleja aún más a las niñas y adolescentes del acceso a la justicia.

A esto se suma la falta de recursos económicos para que las víctimas puedan desplazarse a Nieva o a otras localidades donde deben acudir para realizar diligencias.

Pioc mencionó que la mayoría de ellas proviene de familias de muy bajos ingresos, por lo que trasladarse implica no solo el costo de pasajes, sino también gastos de alimentación, hospedaje y otros rubros que el Estado no cubre.

No es todo, también denunció que los procesos fiscales y judiciales son lentos y burocráticos. Explicó que los procesos suelen exceder los plazos legales, lo que refuerza la desconfianza de la población en un sistema de justicia que tarda meses en programar diligencias básicas, y aún más en emitir una sentencia.

"La sensación de abandono institucional y la impunidad siguen siendo una constante para muchas de las familias afectadas".

Una de las principales deudas del Estado es la falta de justicia. La mayoría de los casos denunciados siguen sin resolución judicial, y muchas familias han denunciado impunidad, corrupción o indiferencia por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial.