Consejo de Mujeres Awajún exige justicia y protección ante aumento de violencia sexual en Condorcanqui
La UGEL de Condorcanqui registró, entre 2010 y 2025, más de 520 denuncias de abuso sexual contra escolares. Lamentablemente, la presidenta del consejo, Rosemary Pioc, advirtió que estos casos continúan en aumento, al igual que el número de contagios de VIH en niñas y adolescentes de Amazonas
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La impunidad persiste en Condorcanqui. El Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) solicita justicia y protección inmediata frente a los más de 525 casos de violencia sexual contra menores registrados en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui.
Lamentablemente, la presidenta del consejo, Rosemary Pioc, advirtió que los casos siguen en aumento y que varios docentes denunciados continúan enseñando en los colegios.
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A través de un pronunciamiento, señalaron que las mujeres enfrentan diversos obstáculos para acceder a la justicia, como el desconocimiento de las normas y de los procedimientos judiciales, fiscales y administrativos, así como la barrera del idioma.
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Asimismo, mencionaron que esto evidencia la falta de un enfoque intercultural bilingüe y provoca desconfianza en la población, tanto por la excesiva demora de los procesos legales como por la percepción de ausencia del Estado.
No es todo, de acuerdo al comunicado, hay un incremento del VIH en niñas y adolescentes de Amazonas, producto de la violencia sexual y de la falta de educación sexual integral en comunidades y escuelas.
A esto se suman los estigmas de la población, la desconfianza hacia el sistema de salud oficial, la ausencia de servicios con pertinencia cultural y lingüística, "así como el menosprecio de la cultura ancestral por parte del personal médico".
“Conocemos de cerca a familias que han fallecido por esta enfermedad. Esto es muy grave, y no se está tomando en cuenta. El Gobierno lo ignora. Estamos preocupadas, nosotras seguimos viajando para investigar estos casos”, dijo Pioc a La República.
Otro de los graves problemas que enfrentan es la minería ilegal, ya que el derrame de petróleo afecta los territorios indígenas, contaminan ríos, quebradas y pozos, y perjudican a las comunidades.
Ante esta situación, solicitan al gobierno nacional, regional y provincial la construcción e implementación de un albergue o casa de acogida para las víctimas de violencia en Condorcanqui, con pertinencia cultural y lingüística.
Asimismo, demandan una respuesta inmediata e integrada de los operadores de justicia como el CEM, Ministerio Público, Juzgados Especializados y Policía Nacional del Perú frente a los casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
"Exigimos al Gobierno Regional y a la UGEL la evaluación individualizada de los casos de violencia cometidos por docentes y personal administrativo, quienes no deben continuar laborando en instituciones educativas por el peligro que representan para otros niños y niñas", se lee en el comunicado.
