Colegio Túpac Amaru II de Chorrillos: bullying, extorsión y un funcionario con doble contrato
La realidad de la I.E. Túpac Amaru II de Chorrillos se desnudó tras la denuncia de una alumna de 13 años que venía siendo víctima de bullying. A su caso, ahora se suman denuncias de otros padres, que advierten incluso prácticas de extorsión y amenazas.
La República en GoogleEl 23 de setiembre, La República reveló la historia de una alumna de 13 años de la I.E. Túpac Amaru II de Chorrillos. Desde hace semanas soporta acoso escolar: cuadernos rotos, insultos en su carpeta y agresiones físicas de dos compañeras. Su madre denunció que las autoridades minimizaron el bullying, negándole incluso el Libro de Reclamaciones.
“Son cosas de la edad”, fue la respuesta que recibió al pedir apoyo al tutor, a la psicóloga y a la dirección. En un episodio reciente, a la estudiante le rompieron su cuaderno de matemáticas y un examen. Consternada, llamó a su madre desde el teléfono de la psicóloga. La señora llegó al colegio y encontró a su hija llorando. Aun así, la dirección interina volvió a restarle importancia.
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Más denuncias de padres
La República visitó la institución y otros padres se animaron a hablar. Relatan un hecho escalofriante: se estarían cobrando “cupos” de ocho soles a alumnos y alumnas, con amenazas que incluyen imágenes de armas de fuego enviadas por WhatsApp. Por temor a represalias, pidieron reserva de identidad y evitaron mencionar salones específicos.
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Un reporte interno del colegio, al que accedió este medio, da cuenta del hallazgo de un cuchillo rojo que pasó por varias manos entre estudiantes de primero y segundo de secundaria. La auxiliar Rosa Ortiz Flores reportó el hecho a la Policía. La sanción al menor implicado fue apenas de 15 días de suspensión “a modo de reflexión”.
Padres también mostraron actas de robos dentro de las aulas. En medio de la precariedad, algunos alumnos denuncian que el auxiliar David Bustamante Espinoza acude a almorzar en salones donde hay niños que no tienen qué comer. Otro reporte interno señala que incluso se toma fotografías sin autorización con alumnos.
Los testimonios coinciden en un patrón: cuando se intenta denunciar, la respuesta de algunos directivos es “manejar la situación con reserva”. Se niegan a recibir formalmente las quejas, dejando toda la carga en auxiliares como Ortiz, la única funcionaria que documenta los hechos.
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Autoridades ausentes y psicólogos revictimizantes
El director titular, Alipio Luis Mallqui Carhuallanqui, lleva semanas de vacaciones. En su lugar, la profesora de matemáticas Catalina Portocarrero asumió interinamente la dirección, pero ella misma admitió a madres de familia que “no podía tomar decisiones”. En la práctica, se niega a recibir denuncias.
¿Y los psicólogos? La madre de la adolescente denunció que una psicóloga del colegio sacó a su hija del aula sin autorización para interrogarla. En esa sesión, la menor fue presionada e incluso culpabilizada por el hostigamiento. Otras familias aseguran que la mayoría de psicólogos en el colegio son practicantes que “en vez de apoyarlos, los acusan y los hacen sentir culpables”.
El 24 de setiembre, funcionarios de la UGEL llegaron al colegio para inspeccionar. Ese día, los alumnos fueron divididos: un solo grado en olimpiadas visibles en el patio, mientras otros permanecieron encerrados en la loza deportiva o en aulas. Padres denuncian que sus hijos fueron retenidos sin actividad alguna. Algunos enviaron mensajes por teléfono pidiendo ser recogidos. La excusa fue un resfriado repentino, que se repitió a modo de virus. Fueron tantos que, de un momento a otro, las salidas fueron impedidas. Entonces, los padres se acumularon en la puerta.
A la hora de salida, recibieron un mensaje inesperado: “Sus hijos ya están saliendo por la puerta auxiliar”. Un hecho inusual, pues normalmente la salida es por la puerta principal. La maniobra buscaba evitar el contacto con la prensa.
La República intentó ingresar en más de dos oportunidades, pero el acceso fue bloqueado con el argumento de que “estaban en olimpiadas”.
El rol de David Bustamante
En casi todos los testimonios aparece un mismo nombre: David Javier Bustamante Espinoza, auxiliar de educación. Padres lo señalan como “el que realmente manda” en la institución, por encima de la dirección interina e incluso del director titular.
Según denuncias, Bustamante intimida a quienes levantan quejas y vigila a los padres que se reúnen con la prensa. Durante la visita de La República, varios progenitores advirtieron que desde dentro del colegio —a través de las rendijas de la puerta— practicantes de psicología y el propio Bustamante observaban y tomaban nota de quienes hablaban con este medio.
La República comprobó que Bustamante mantiene un doble contrato con el Estado: además de su puesto en el colegio, figura en planillas del Instituto Peruano del Deporte (IPD), donde cuenta con licencias sindicales con goce de haber. Documentos oficiales confirman que es dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del IPD.
Ese fuero sindical le ha permitido moverse en altas esferas. Registros de visitas al Congreso muestran que es un visitante habitual, con ingresos a despachos de parlamentarios como Kelly Portalatino o el ahora presidente José Jerí, así como reuniones con asesores de Guido Bellido o Américo Gonza. En 2024 participó incluso en reuniones con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.
En videos revisados por este medio, Bustamante reconoce trabajar también en el IPD y pide explícitamente que “las cosas se manejen en reserva”. Su influencia es tal que, dentro del colegio, padres lo describen como un “mandamás”, mientras en su sindicato se mueve en pasillos ministeriales y del Congreso.
Falta de respuesta oficial
La República consultó al Ministerio de Educación sobre el avance de su “equipo especial” en el colegio. Hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta.
Mientras tanto, madres y padres insisten en que la situación se agrava: entre bullying, extorsiones, armas en los salones y directivos ausentes, el colegio Túpac Amaru II se ha convertido en un espacio donde las denuncias se silencian y la seguridad de los estudiantes queda en segundo plano.
Ante la gravedad de las denuncias, urge intervención inmediata de las autoridades competentes. Así, lo ruegan los preocupados padres de familia.
